El juez Federal Miguel Ángel Contreras dictó el auto de procesamiento contra tres integrantes de la agrupación política “Martín Fierro” -íntimamente ligada al gobierno provincial- por el delito de “estafa a la Administración Pública en la modalidad de Administración Fraudulenta, en concurso ideal”, como consecuencia de la denuncia realizada por el Gerente de Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación, Mariano Manzi. Concretamente, el magistrado considera que existen elementos de prueba que demuestran que Ricardo Rodríguez, como presidente, junto a Dora Cecilia Guerrero y Orlando Elieser Paredes, se quedaban con parte del dinero que percibían un grupo de personas en concepto de planes de asistencia social.

La denuncia fue realizada por Manzi a fines del año 2017 luego de que el propio Rodríguez –que además de presidir la “Martín Fierro” había sido nombrado en el área de Desarrollo Social de la provincia- afirmara ante los medios de prensa que los afiliados a su agrupación realizaban un “aporte partidario voluntario”. Los “afiliados” no eran más que personas de escasos recursos que buscaban obtener beneficios de los distintos programas de asistencia de los organismos nacionales, como la Gerencia de Empleo. Al ser los responsables de la agrupación quienes llevaban los listados de posibles beneficiarios, cuando recibían el beneficio los intimaban a entregar un porcentaje de sus ingresos bajo la amenaza de que les quitarían el plan. Los aportes iban de los 100 a los 400 pesos, según el monto que percibía el beneficiario.  

Así lo determinó la investigación penal, en donde se sumaron múltiples testimonios de beneficiarios que narraron cómo era la relación con la “Martín Fierro”. Uno de los testimonios es el de un beneficiario del programa Argentina Trabaja, de apellido Contrera, quien ante la Justicia narró: “era beneficiario de un plan Argentina Trabaja, que me diera el Sr. Ricardo Rodríguez, primero cobraba $ 1500.- y después fue de $ 1800.- Algunos iban a hacer un taller para capacitarse, pero era un blef (era cartel) no se hacía nada, siempre había un soplón que avisaba quienes iban y quiénes no. Allí nos decía que debíamos ir a reuniones partidarias. Rodríguez hacía política para el Frente para la Victoria porque quería postularse para concejal. Iba mucha gente de los circuitos electorales y el que no iba lo amenazaba que le sacaría el plan. Yo cobré seis meses, lo mismo que mi mamá y mi tía. Como no iba a las reuniones, me sacó el plan. Cuando cobrábamos, teníamos que ir a su casa a pagarle lo que nos cobraba por tener el plan. Primero cuando cobrábamos $ 1500.- había que dejarle $ 100.- en su casa y cuando empezamos a cobrar $ 1800.- teníamos que dejarle $ 200.-. En el caso de mi familia (4) todos teníamos la misma obligación, dejar el dinero en su casa. El llevaba un cuaderno donde anotaba cuando le pagábamos y firmábamos la entrega. Además, tenía personas que lo secundaban, tipo esclavos”.

Así como el de Contrera, hay muchos otros testimonios en el expediente que dan cuenta de las maniobras perpetradas por Rodríguez y compañía para lucrar a través de la gestión de beneficios para los más necesitados. Los relatos son similares en cuanto al modus operandi, y en todos los casos señalan que al momento de cobrar debían llevar una parte a los domicilios de Rodríguez, Paredes o Guerrero. En tal sentido, entre los elementos de prueba que hay en la causa constan “cuadernos con anotaciones (…), las capturas de pantalla de los chats de grupos de beneficiarios con su ejecutor, de los cuales se desprende claramente la operatoria llevada adelante por las personas involucradas, al exigirles a los beneficiarios e indicarles cómo, cuándo, a quién y cuánto dinero debían dejar para el partido”, según reza el fallo.

En la denuncia, Manzi señala que, si bien las agrupaciones partidarias no estaban habilitadas para administrar beneficios, la “Martín Fierro” gestionaba los planes a través de una organización civil sin fines de lucro denominada “Abriendo Caminos de Fe y Esperanza para el Desarrollo Cultural y Social”.

“La Justicia nos da la razón”

Por su parte, Manzi se refirió al dictamen del juez y señaló que “me queda la tranquilidad de que obramos con la verdad. Advertimos una situación irregular, grave, de personas que presuntamente estaban aprovechándose de gente en situación de vulnerabilidad arrebatándoles una porción de un beneficio social, lo cual es además ruin”. “Hoy la Justicia nos da la razón, ya que se han juntado elementos de prueba y se dictó el procesamiento de estos personajes, que no deben ser llamados dirigentes políticos, sino que son simplemente rateros que le roban a los que más necesidades tienen, y lo hacen amparados por el gobierno de la provincia”, agregó.

Cabe señalar que el juez Contreras, además de procesar a los sospechosos, trabó embargos sobre sus bienes por la suma de 30.000 pesos.

El juez Federal Miguel Ángel Contreras dictó el auto de procesamiento contra tres integrantes de la agrupación política “Martín Fierro” -íntimamente ligada al gobierno provincial- por el delito de “estafa a la Administración Pública en la modalidad de Administración Fraudulenta, en concurso ideal”, como consecuencia de la denuncia realizada por el Gerente de Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación, Mariano Manzi. Concretamente, el magistrado considera que existen elementos de prueba que demuestran que Ricardo Rodríguez, como presidente, junto a Dora Cecilia Guerrero y Orlando Elieser Paredes, se quedaban con parte del dinero que percibían un grupo de personas en concepto de planes de asistencia social.

La denuncia fue realizada por Manzi a fines del año 2017 luego de que el propio Rodríguez –que además de presidir la “Martín Fierro” había sido nombrado en el área de Desarrollo Social de la provincia- afirmara ante los medios de prensa que los afiliados a su agrupación realizaban un “aporte partidario voluntario”. Los “afiliados” no eran más que personas de escasos recursos que buscaban obtener beneficios de los distintos programas de asistencia de los organismos nacionales, como la Gerencia de Empleo. Al ser los responsables de la agrupación quienes llevaban los listados de posibles beneficiarios, cuando recibían el beneficio los intimaban a entregar un porcentaje de sus ingresos bajo la amenaza de que les quitarían el plan. Los aportes iban de los 100 a los 400 pesos, según el monto que percibía el beneficiario.  

Así lo determinó la investigación penal, en donde se sumaron múltiples testimonios de beneficiarios que narraron cómo era la relación con la “Martín Fierro”. Uno de los testimonios es el de un beneficiario del programa Argentina Trabaja, de apellido Contrera, quien ante la Justicia narró: “era beneficiario de un plan Argentina Trabaja, que me diera el Sr. Ricardo Rodríguez, primero cobraba $ 1500.- y después fue de $ 1800.- Algunos iban a hacer un taller para capacitarse, pero era un blef (era cartel) no se hacía nada, siempre había un soplón que avisaba quienes iban y quiénes no. Allí nos decía que debíamos ir a reuniones partidarias. Rodríguez hacía política para el Frente para la Victoria porque quería postularse para concejal. Iba mucha gente de los circuitos electorales y el que no iba lo amenazaba que le sacaría el plan. Yo cobré seis meses, lo mismo que mi mamá y mi tía. Como no iba a las reuniones, me sacó el plan. Cuando cobrábamos, teníamos que ir a su casa a pagarle lo que nos cobraba por tener el plan. Primero cuando cobrábamos $ 1500.- había que dejarle $ 100.- en su casa y cuando empezamos a cobrar $ 1800.- teníamos que dejarle $ 200.-. En el caso de mi familia (4) todos teníamos la misma obligación, dejar el dinero en su casa. El llevaba un cuaderno donde anotaba cuando le pagábamos y firmábamos la entrega. Además, tenía personas que lo secundaban, tipo esclavos”.

Así como el de Contrera, hay muchos otros testimonios en el expediente que dan cuenta de las maniobras perpetradas por Rodríguez y compañía para lucrar a través de la gestión de beneficios para los más necesitados. Los relatos son similares en cuanto al modus operandi, y en todos los casos señalan que al momento de cobrar debían llevar una parte a los domicilios de Rodríguez, Paredes o Guerrero. En tal sentido, entre los elementos de prueba que hay en la causa constan “cuadernos con anotaciones (…), las capturas de pantalla de los chats de grupos de beneficiarios con su ejecutor, de los cuales se desprende claramente la operatoria llevada adelante por las personas involucradas, al exigirles a los beneficiarios e indicarles cómo, cuándo, a quién y cuánto dinero debían dejar para el partido”, según reza el fallo.

En la denuncia, Manzi señala que, si bien las agrupaciones partidarias no estaban habilitadas para administrar beneficios, la “Martín Fierro” gestionaba los planes a través de una organización civil sin fines de lucro denominada “Abriendo Caminos de Fe y Esperanza para el Desarrollo Cultural y Social”.

“La Justicia nos da la razón”

Por su parte, Manzi se refirió al dictamen del juez y señaló que “me queda la tranquilidad de que obramos con la verdad. Advertimos una situación irregular, grave, de personas que presuntamente estaban aprovechándose de gente en situación de vulnerabilidad arrebatándoles una porción de un beneficio social, lo cual es además ruin”. “Hoy la Justicia nos da la razón, ya que se han juntado elementos de prueba y se dictó el procesamiento de estos personajes, que no deben ser llamados dirigentes políticos, sino que son simplemente rateros que le roban a los que más necesidades tienen, y lo hacen amparados por el gobierno de la provincia”, agregó.

Cabe señalar que el juez Contreras, además de procesar a los sospechosos, trabó embargos sobre sus bienes por la suma de 30.000 pesos.