Es incesante la danza de nombres que se barajan como potenciales integrantes del gabinete de Raúl Jalil, pero conforme transcurren los días y se acerca la hora de la verdad, las especulaciones se reducen y en algunos casos hasta se acercan a la certeza. Esto es porque las fuentes más confiables -aquellas que son cercanas a las autoridades pero no tienen una aspiración o interés directo- comienzan a mostrar coincidencias que inyectan al rumor más sustento. Falta poco y nada para que todo se defina, porque al momento de asumir la Gobernación Jalil tendrá todo resuelto, y ya es cuestión de días. Originalmente la fecha de traspaso de mando es el 10 de diciembre, pero por cuestiones organizativas puede adelantarse la ceremonia, para permitir que el gobernador pueda a su vez asistir al histórico acto en que Albero Fernández recibirá los atributos presidenciales de Mauricio Macri. Por caso, en 2011, Lucía Corpacci tenía que asumir el 10 de diciembre, pero el día 9 recibió la banda y el bastón de Eduardo Brizuela del Moral, para poder estar la jornada siguiente en la reasunción de Cristina Fernández de Kirchner, y recién el 12, de regreso en la Provincia, tomó juramento a la mayoría de sus funcionarios. Son plazos razonablemente flexibles, pero en cualquier caso hablamos de menos de cuatro semanas: nada.

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Así planteado el escenario, un espacio clave que parece casi resuelto es el Ministerio de Gobierno y Justicia, nada menos que la cartera política del Gobierno, que requiere de alguien con experiencia, cintura política y plena confianza del jefe de Estado. Lucía tuvo tres ministros de Gobierno en ocho años: primero Francisco Gordillo, luego Gustavo Saadi -el que más tiempo permaneció- y finalmente Marcelo Rivera. Todo indica que Raúl Jalil ya habría elegido a su ministro político, y la función se delegaría en Jorge Moreno, un dirigente del peronismo con décadas de protagonismo en Catamarca, que tuvo sólidos pasos como legislador en distintos períodos, es hombre de Derecho y conoce a cada referente de la provincia. Sería el mayor desafío para el “Cabezón” Moreno, como lo llaman afectuosamente sus amigos, por todo lo que significa el cargo para cualquier gestión.

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Otros nombres que se perfilan con insistencia son los de Francisco Gordillo, quien en la pausa que hizo en sus mandatos como intendente de Pomán (donde volvió a triunfar en agosto y octubre), ya supo ocupar dos ministerios bajo el mando corpacista: la mencionada experiencia en Gobierno, y Desarrollo Social. Ahora podría quedar al frente de Educación, un área siempre compleja por su magnitud, pero que por su condición de docente y su amplia experiencia en la función pública, podría asumir sin temores. Del actual presidente de la Cámara de Diputados, Fernando Jalil, se asegura que es muy probable que desembarque en el área de Minería, no necesariamente como secretario, pero sí en ese sector. Renato Morandini sería tentado con un importante cargo en Salud, que bien podría ser el ministerio o la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), en tanto que en Cultura soplan vientos de cambio, pero hay más de un candidato.

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La elección del pasado domingo en la provincia de Salta, donde se consagró gobernador electo Gustavo Sáenz, terminó con 12 años de mandato de Juan Manuel Urtubey Mera, el vástago más representativo del Clan Mera, que tuvo en el extrinto Julio Mera Figueroa a su figura más representativa. Haciendo aclaración expresa que el tres veces gobernador estaba impedido de ir por un nuevo mandato, conviene afirmar que sus acciones venían en baja desde hace rato. En los comicios de medio término de 2017, los candidatos del gobierno salteño perdieron feo. No solamente ganaron los enemigos kirchneristas, sino que el segundo puesto fue para el Partido Obrero, quedando el tercer puesto para el oficialismo. Este año las cosas no mejoraron para Urtubey. Su candidato a la gobernación era su propio vicegobernador, Miguel Isa, quien perdió dicha candidatura en las PASO, donde lo venció Sergio “El Oso” Leavy, con reconocido ADN kirchnerista. En la general, éste último cayó sin atenuantes ante Sáenz. El resultado, sin embargo, no mejoró las posiciones de Urtubey, quien acompañó a Roberto Lavagna en las presidenciales. Tampoco le fue bien. Un pálido 6% lo dejó, casi definitivamente, fuera de la consideración pública.

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La salida de la gobernación salteña y de los escenarios del poder de Urtubey, de alguna forma, se prolonga en Catamarca. Una de las figuras notorias de la política local, el senador nacional Dalmacio Mera, dependía en gran medida de la influencia que ejerció estos años su primo hermano, ahora caído en desgracia. Ocurre esta situación en momentos que tienen que ver con el futuro de Mera. Recordemos que el 10 de diciembre de 2021 completará su mandato en el Congreso y su reelección, vista a la distancia, se torna más que problemática. Habría varios interesados en reemplazarlo en una banca de suma importancia y poder que supo ocupar don Vicente Leónides Saadi, posiblemente el representante más proficuo que tuvo Catamarca en el Congreso de la Nación. Aparte del futuro, en menor medida, a Mera le preocuparía mantener el actual cargo de presidente de la estratégica comisión de Asuntos Constitucionales. En este sentido, hay que considerar que desde el mes venidero el Senado tendrá una nueva composición y ya no estará más Miguel Pichetto, su gran sostén en la cruzada antikirchnerista que llevó adelante y que, en algún momento, lo llevó a aclarar, cuando nadie le había pedido aclaraciones, que Lucía Corpacci “no era su jefa”.

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Cuando todavía el radicalismo de Catamarca lame las heridas de la derrota, algunas de sus mentes iluminadas han salido a pedir las expulsiones de algunos dirigentes que pudieron jugar en las elecciones por fuera de las estructuras de “Juntos por el Cambio”. Los principales apuntados serían Alfredo Hoffman, intendente de Capayán, y el concejal mercedino Dante Noriega que, según Orlando Savio, fue el responsable directo de entregar la intendencia de Paclín. Y la cuarta elección en fila de Savio como intendente, agregamos nosotros. En relación a estas cuestiones, el presidente de derecho del comité provincial, Alejandro Páez, ha comunicado que se enviarán las actuaciones al tribunal de disciplina que, con mayor intensidad, cobra fama por desmembrar a la UCR. Hubo tantas expulsiones, como pedidos que no se concretaron, que hasta se podría hacer una poderosa línea interna con los acusados de diferentes deslealtades. De esta manera, equívocamente, se mantiene una política de expulsiones que se inició en 1988 (reforma de la Constitución), la que en realidad fue exitosa. Pero fue la única. Las que siguieron no tuvieron impacto y sus efectos, invariablemente, fueron negativos. Como para decir “nunca segundas partes fueron buenas”.

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La semana anterior, a raíz de la detención indefinida que, sin que exista condena firme, sufre Milagro Sala desde 2016, el catedrático y miembro de la comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Eugenio Zaffaroni, pidió que el Congreso de la Nación analizara la posibilidad de intervenir el Poder Judicial de la provincia de Jujuy. Para ello, los diferentes medios de comunicación metropolitanos asociaron la petición con los procesos de intervención que, años atrás, se dieron en Santiago del Estero y Corrientes. Fueron, ambos, intervenciones a los tres poderes del Estado. El único ejemplo para la propuesta de Zaffaroni que se dio en tiempos democráticos ocurrió en Catamarca, donde en 1991 hubo dos decretos de intervención, más tarde avalados por el Congreso. La primera intervención, en los primeros días de abril, fue parcial y afectó únicamente al Poder Judicial. Dos semanas más tarde llegó el sablazo menemista contra Ramón Saadi.

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Para la próxima gestión en la Secretaría de Cultura, se mantenga o no la actual conducción, posiblemente haya que agregar al presupuesto el pago de una acción judicial que, podemos confirmarlo, inició un proveedor de servicios de apellido Forner. Al parecer, conforme lo comentan empleados del organismo, el hombre no solo trabajó, sino que sus labores son públicamente reconocidas por propios y ajenos. Cuando fue a cobrar, las autoridades se negaron a pagarle desconociendo cualquier tipo de relación laboral, por lo que el supuesto damnificado no tuvo más remedio que recurrir a la Justicia. Si ésta le falla a favor, una vez más, se llegaría a la conclusión que el “Estado tonto” existe en orden a la ineptitud e irresponsabilidad de algunos funcionarios de perfiles mesiánicos que creen que todo es posible. El tema de fondo es que a estas cuentas la terminan pagando todos los ciudadanos. 

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RECUERDOS. Como cada martes, jueves y domingo, rescatamos acontecimientos del pasado en este último bloque. Mucho se habló en el presente año electoral de los fondos de coparticipación federal. La oposición local, con una buena dosis de picardía, señaló con insistencia que el presidente Mauricio Macri había tenido una mirada federal al aumentar los envíos a las provincias. Lo dijimos siempre que eso no se ajustaba a la verdad y que, en realidad, se correspondía con una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dispuso que la Nación devolviera un 15% que, por más de 20 años, se retenía a los Estados provinciales. Pero, en materia de recuerdos, conviene recordar de donde surgió aquella retención. Fue por la entrega de la exCaja de Jubilaciones y porque el exministro menemista, Domingo Felipe Cavallo, dispuso que las provincias ayudarán a la AFIP, algo totalmente inédito en la historia argentina.