En la semana que pasó, en el municipio de Valle Viejo, se produjo la primera reunión formal entre la intendenta electa, Susana Zenteno, y el intendente en funciones hasta el 10 de diciembre, Gustavo Jalile. Más allá de la trasmisión oral, resulta probable que ya en funciones, la futura jefa comunal ofrezca un panorama del estado de las cuentas (como tienen que hacerlo todos los electos encargados de administrar dineros públicos) y ojalá se confirmen los balances superavitarios de los que habló Jalile. En la reunión, cabe destacarlo, estuvo presente el abogado Rolando “Roly” Contreras, el titular del Registro Civil que asumirá como Secretario de Gobierno en territorio viejovallense.

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A propósito de Valle Viejo. Con el cambio de gobierno se reactualizará en algún momento la obra de cloacas que el gobierno provincial consiguió del kirchnerismo durante el mandato de Natalia Soria (2011-2015), inmediatamente anterior al último de Jalile. Esa obra, que también se prolonga en el departamento Fray Mamerto Esquiú, fue un logro extraordinario. No solo por tratarse de una deuda histórica con los vecinos chacareros, sino porque su valor monetario –unos 50 millones de pesos de la actualidad- la torna de imposible realización por parte de la provincia. Ni hablar de las posibilidades nulas del municipio. Más allá de valoraciones políticas, si la obra tiene problemas hay que subsanarlos rápidamente y ponerle el moñito de realización emblemática. Jalile renegó bastante con ella, pero el propio gobierno de Macri la terminó avalando.

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Desde Andalgalá, convertido en centro neurálgico de la minería, nos llegan quejas reiteradas por la desinformación que proponen algunos medios de prensa, empeñados en colocar vallas contra las empresas, una en especial. No vamos a volver sobre el tema, pero todos y cada uno de los puntos en discusión serán explicados con pruebas y documentación por este diario y este Secretario. Como se hizo público, la Universidad Nacional de Tucumán tiene intereses legítimos en lo que se llama la “Concesión Peirano”, territorio donde están Bajo la Alumbrera, Cerro Atajo, Farallón Negro y otros Bajos. Por lo tanto, su pretensión de pretender réditos, como los millonarios que obtuvo en los 20 años de Alumbrera, nadie la puede discutir. Pero ir más allá es codicia desmedida. Agua Rica no pertenece a la “Concesión Peirano” (su nombre recuerda al ciudadano tucumano que descubrió los reservorios mineros). Es una mina que tiene dueños privados y puede negociar con YMAD o con la provincia. Por supuesto, mejor que lo haga con la provincia, como lo hizo y enervó los ánimos universitarios que salieron a cuestionar el acuerdo por mayoría que se logró en el organismo interestadual. Ya explicamos que observaron esta conducta porque quedaron afuera del alcance de las utilidades futuras de Agua Rica, aunque percibirán muy buen dinero por el alquiler de las instalaciones de Alumbrera, en la cual forman parte de la UTE. De no haberse arreglado el alquiler, nada es que no ganarían nada, sino que tendrían que poner dinero para el mantenimiento de un complejo ocioso.

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Para que el lector tenga una idea más concreta de los intereses tucumanos sobre los recursos de nuestra provincia, vamos a clarificar algunas cuestiones que nunca fueron bien explicadas. YMAD (asociación de Nación, provincia y UNT) existe porque existe Farallón Negro, la mina de oro que se levanta sobre la tierra belenista y que, independiente del Estado provincial, es la que proporciona la mayor cantidad de puestos de trabajo de Catamarca. Allí revistan nada menos que 500 personas, con un sueldo mínimo de $40.000, confortables viviendas y condiciones absolutas de salubridad. Todo eso lo paga y lo mantiene YMAD. La Universidad no pone nada. Cual si fuera un zángano del desarrollo, toma ganancias y, por si fuera poco, se niega a que se le paguen a Catamarca las regalías que corresponden a todo emprendimiento. Esto fue posible por la negativa de los directores universitarios que, junto al expresidente Manuel Benítez, formaron mayoría y pisaron la iniciativa catamarqueña. Resulta que ahora se quejan porque otra mayoría resolvió acuerdos con Agua Rica. Otra más: durante las dos décadas de explotación del Bajo la Alumbrera, los principales proveedores fueron tucumanos, no catamarqueños. Es algo que, por suerte, está cambiando. Y, por ahora, una última aclaración para corregir informaciones mal dadas o mal intencionadas. YMAD no tiene nada que ver con las cuestiones ambientales. Esa es tarea excluyente de la Secretaría de Minería de la provincia.

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Recientemente, el intendente de Andalgalá y diputado provincial electo, Alejandro Páez, se refirió a la cuestión minera y, más precisamente, al mega proyecto Agua Rica. A contramano de las cientos de familias del Oeste que buscan trabajo de calidad –en blanco y con sueldos por encima de la línea de pobreza-, indicó que “no están dadas las condiciones para avanzar con el proyecto”, agregando con el latiguillo antiminero “así será mientras no estén dadas las condiciones ambientales”. Obvio Páez: no puede haber minería contaminante.  Y dada su condición de presidente del comité provincial de la UCR hasta 2020, debería aclarar desde qué lugar habla. En ese sentido, desconocemos que la UCR se haya declarado antiminera, a no ser que rectifique la posición de su máximo caudillo, don Arnoldo Castillo, que al poner en marcha el proyecto Alumbrera, a mediados de los 90, proclamó que en Catamarca la minería sería política de Estado.

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En la última sesión de la Cámara de Senadores, se dio acuerdo al proyecto de resolución que propone instituir el “Premio Anual Teniente General Felipe Varela”, otorgado por ese cuerpo para la persona o entidad que se destaque en actividades científicas, sociales, políticas o institucionales en beneficio de la comunidad. Según el articulado de dicho proyecto, el Premio Anual será para distinguir a la persona física y/o jurídica que por su desempeño se hayan destacado en actividades científicas, sociales, políticas e institucionales en beneficio de la Comunidad o hayan realizado contribuciones notables a la misma. Asimismo, indica que además de recibir el Diploma acreditando la premiación, el Premio Provincial constituye una Estatuilla del General Felipe Varela en bronce, sobre base circular de madera de algarrobo. Para ello, la autoridad administrativa del Senado celebrará convenio con las de la Escuela de Orfebres para que el diseño con las medidas determinadas de cada estatuilla y materiales utilizados para cada caso, sean de uso exclusivo de la Cámara de Senadores. Una buena iniciativa de Jorge Solá Jais, como todo gesto que tienda a reconocer a quienes con su esfuerzo, dedicación o conocimiento, realizan una contribución a la sociedad catamarqueña. Catamarca supo tener varios premios de este tipo, pero casi siempre implementados por el sectorprivado, y no desde una institución pública. Uno de los que más perduró en el tiempo fue el ya desaparecido reconocimiento de “Los personajes del Año”, que promovía la agencia Sagitario Producciones, y marcó una época. La costumbre perdura en varios municipios, y siempre son oportunidades de gratificar a quienes hacen algún mérito. El detalle a cuidar es que la elección sea ecuánime y no se incline por algún interés político o sectorial, falla recurrente que malogró varias de estas distinciones en otras épocas.

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RECUERDOS. Como cada martes, jueves y domingo, rescatamos acontecimientos del pasado en este último bloque. El 28 de octubre de 1994, hace 25 años, se tributaba homenaje a un reconocido periodista del medio, Leopoldo Nicolás Romero. El acto se cumplía en la subsecretaria de Información Pública donde “Leo”, como mejor se lo identifica, se acogía a los beneficios de la jubilación como empleado del Estado. Le tocó destacar la trayectoria del periodista a Alberto Bamonte, un colega desaparecido que estaba a cargo de la SIP. Finalmente habló Romero, quien reseñó su paso por la administración pública diciendo que fueron “20 años de fraternidad”. Más allá de este merecido homenaje, es bueno destacar que Leo Romero cumplió una brillante tarea en el diario La Unión, cuando éste pertenecía al Obispado de Catamarca. Allí se desempeñó como corrector de pruebas en sus inicios y como jefe de la sección Deportes hasta el momento de su desvinculación.

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El 1 de noviembre del mismo año, en dependencias de la Municipalidad de la Capital, asumía como titular de Obras y Servicios Públicos el arquitecto Raúl Paroli. Le tomaba juramento el entonces intendente capitalino, ingeniero Eduardo Brizuela del Moral, quien años más tarde, siendo ya gobernador, iba a convertir a Paroli en diputado nacional de la Unión Cívica Radical. Ocupó una banca en el Congreso desde 2007 a 2011.