“Negociaciones incompatibles con la función pública”. 
Ese delito que se le imputa al ex ministro de Energía Juan José Aranguren, denunciado por atesorar acciones por 16 millones de pesos mientras estaba en ese cargo. 

Indagado por el juez Luis Rodríguez, va camino a convertirse en un clásico de la administración macrista, donde abundan las causas contra funcionarios por estar de los dos lados del mostrador. 

En el caso de Aranguren, los aumentos en el precio del gas durante su gestión (con impacto a favor de todas las proveedoras) y la compra de gas a Chile (que a su vez le compra a Shell) a valores desfavorables para la Argentina, forman parte de la acusación. 
El punto de partida es una posible violación a la ley de Etica Pública: los denunciantes Rodolfo Tailhade y Martín Doñate creen que ni siquiera debió haber estado en el cargo. 

“En ningún momento me interesé particularmente por ningún proveedor, sino que tomé decisiones de carácter general y siempre en beneficio del interés público”, dijo el ex ministro en Comodoro Py, al terminar su declaración judicial.