Muchas virtudes habrá de tener sin duda el obispo Luis Urbanc, pero entre ellas difícilmente se pueda ubicar la de hábil declarante. Es ya frecuente la ostentación de torpeza de la máxima autoridad eclesiástica de Catamarca al hablar, característica que le genera innecesarios inconvenientes con regular periodicidad. Un día manda a “rajar de acá” a los humildes vendedores de La Gruta, otro día llama “calientasillas” a los legisladores, otro día manda “a laburar” a las mujeres que reclaman igualdad, y la colección de exabruptos y declaraciones desafortunadas -que hasta lo empujaron a tener que pedir disculpas alguna vez-, nunca parece tener fin. Ahora sorprendió a propios y extraños con insólitas opiniones públicas contra el turismo religioso, que es uno de los campos potencialmente más interesantes para desarrollar en Catamarca, y que por otra parte le compete directamente. Monseñor Urbanc se quejó de la “superficialidad” de esta variante del turismo, y atacó el interés comercial que observa como esencia del rubro, en supuesto detrimiento de la espiritualidad.

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Es tan extraño el pronunciamiento como contradictorio, si se considera que las actividades que la propia Iglesia organiza y promueve, se sirven de recursos oficiales a través de constantes aportes que incluyen operativos de seguridad y salud, atención a peregrinos, alojamiento e innumerables gastos que asume, impuestos mediante, la sociedad en su conjunto. Al mismo tiempo el Estado -en sus niveles nacional, provincial y municipal- dedica recursos públicos para la refacción de templos e instalaciones, y para fortalecer el patrimonio de la propia Iglesia con obras como el Seminario Diocesano, la proyectada Manzana Franciscana, o el Museo de la Virgen del Valle, que encuentran su razón de ser tanto en la fe como en el turismo religioso. Suenan las palabras del obispo en cierto punto ingratas, porque habiendo pasado tantos gobiernos que ayudaron a la Iglesia en forma constante, se esperaría casi como un gesto cortés que acompañe los esfuerzos de la Provincia por promover el turismo religioso, en lugar de tacharlo como una actividad esencialmente banal y vacía.

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Pero más allá de posturas personales que pueden ser atendibles, debe decirse que Urbanc se equivoca en sus apreciaciones. Porque bien sabe -porque estuvo allí- que hasta el mismísimo Estado de El Vaticano presta singular y constante atención al turismo religioso. En el corazón mismo del poder eclesiástico, allí donde reside nuestro Papa Francisco, el turismo es vital. En la histórica y gloriosa Plaza San Pedro, a la izquierda de la monumental Basílica, sobresale un cartel que dice “Ufficio Pellegrini e Turisti”, que no son otra cosa que las Oficinas de Turismo en El Vaticano, organismo que trabaja diez horas diarias recibiendo visitantes de todo el mundo, proporcionando información sobre visitas al los Museos Vaticanos, misas y celebraciones, rutas, entradas y visitas guiadas al Vaticano y sus monumentos. Y son actividades que nacen mayoritariamente de la fe, y ciertamente también generan muy buen dinero. ¿Por qué está mal si se lo hace en Catamarca? Como nunca cabe el refrán de que no se puede ser “más papista que el Papa”. Ahora que se aproxima el Congreso Mariano Nacional en Catamarca y las celebraciones por los 400 años del hallazgo de la Imagen de la Virgen del Valle, sería positivo contribuir al desarrollo turístico de Catamarca desde la fase religiosa y no “patear en contra”.

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La Santa Sede ha lanzado incluso un Mensaje oficial con motivo de la Jornada Mundial del Turismo, y el Cardenal Peter Turkson, Prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral –que firmó el Mensaje–, expresó que “la Iglesia siempre ha prestado especial atención a la pastoral del turismo, del tiempo libre y de las vacaciones, como oportunidades de recuperación, para fortalecer los lazos familiares e interpersonales, levantar el espíritu, disfrutar de las extraordinarias bellezas de la creación y crecer en la ‘humanidad integral’. El turismo es un vehículo eficaz de valores e ideales cuando ofrece oportunidades y ocasiones para hacer crecer a la persona humana, tanto en su dimensión trascendente, abierta al encuentro con Dios, como en su dimensión terrenal, en particular en el encuentro con las otras personas y en el contacto con la naturaleza”.

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Tarde pero previsiblemente, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), reaccionó contra la declaración de la recolección de residuos como “servicio esencial”, ordenanza que impedirá en futuras protestas del gremio utilizar la acumulación de basura en la ciudad como un factor fuerte de presión. El propio secretario general Walter Arévalo formalizó la presentación de una nota dirigida al Poder Ejecutivo Municipal, solicitando al intendente Raúl Jalil que vete la normativa. Los argumentos pasan por señalar que la decisión es nula y que sólo el Congreso de la Nación puede legislar sobre la cuestión, que -en la interpretación del SOEM- coarta la libertad de reclamo. Marcha atrás o como mínimo cambio de rumbo de Arévalo, que el día en que aprobaron la ordenanza en cuestión consideró públicamente que le parecía “bárbaro” que se hubiera solucionado esa problemática, y sólo objetó que no lo hayan convocado a discutirla previamente. Más allá de lo fino que se pueda hilar en leguleyas cuestiones, pretender que inundar una ciudad de basura poniendo en riesgo la salud de la población es defender un derecho, es un argumento virtualmente imposible de sostener y acompañar. Y suponer que Raúl Jalil dará curso a ese pedido, a dos semanas de cerrar su gestión, es sencillamente utópico.

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El inexplicable “Bono de Fin de Año”, una suerte de regalo a los agentes de la Administración Pública que inauguró Eduardo Brizuela del Moral hace alrededor de una década, parece definitivamente encaminado a convertirse en una especie en extinción, si no es que ya se extinguió para siempre. Lucía Corpacci dejó de otorgarlo, y Raúl Jalil anticipó que tampoco lo concederá bastante antes de calzarse la banda y el bastón. Está bien que lo haya aclarado sin formar expectativas en los empleados públicos, sobre todo porque el contexto general del país no requiere de abundantes explicaciones para justificar la medida. También en ámbitos legislativos se bajó el pulgar al “regalo”, y la suerte probablemente se repita en todos, o casi todos, los municipios catamarqueños. Nadie puede discutir la necesidad ni la ayuda que representa para las economías hogareñas un ingreso extraordinario, por pequeño que sea, pero sumar un gasto más al erario en un mes que ya impone, además del pago de sueldos, la segunda cuota del sueldo anual complementario, es demasiado. Decir que no habrá bono puede ser una medida antipática, pero es a la vez una señal de austeridad y seriedad que permite a Catamarca mantenerse ordenada y de pie en medio de un caos generalizado en las finanzas públicas nacionales. En todo caso, si alguna vez se revitaliza esa idea, bien podría seguirse el consejo de la mandataria saliente. Corpacci señalaba que en caso de disponerse de un aporte extra a los trabajadores, más utilidad tendría en un mes como marzo, con las obligaciones que surgen en la economía familiar por el inicio del calendario escolar, que en diciembre, al margen de lo significativas que puedan ser las fiestas de fin de año. Como fuere, de momento no sobra la plata para regalar, menos en Catamarca, que con su masa gigante de estatales, hasta el más pequeño gasto, al multiplicarse por todos los agentes se transforma en una fortuna.

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RECUERDOS. Como cada martes, jueves y domingo, rescatamos acontecimientos del pasado en este último bloque. El próximo sábado se cumplirán 26 años de la mayor tragedia carcelaria que registra la historia provincial. El 23 de noviembre de 1993 el viejo Instituto de Rehabilitacón “Julio Herrera”, que ocupaba una gran manzana sobre la Avenida Güemes, cumplía dos años con su nueva estructura de Servicio Penitenciario Provincial, y las autoridades habían preparado un pequeño acto. Los internos prepararon notas manuscritas con la intención de entregarlas en manos a algún jerarca político, para canalizar demandas habituales. Pero las autoridades gubernamentales y carcelarias se fueron sin escucharlos, y ese desaire generó un desastre. En el sector de la Alcaidía se inició la protesta que desencadenaría el horror. Las quejas y los gritos fueron sucedidos por una quema de colchones, que en pocos minutos daría lugar a una masacre humana. Murieron trece hombres, víctimas de la inhalación de gases letales emanados de los colchones incinerados. Se denunció después que también hubo balazos y que los encerraron. Ninguno de los muertos había sido condenado: eran procesados que esperaban que se resolviera su situación. La sociedad no reaccionó, la Justicia intervino por compromiso y de mala gana y el entonces Gobernador Arnoldo Castillo, como lo hicieron sus funcionarios, culpó a las víctimas. Todo quedó en el olvido, y el caso recién se mencionó al pasar en 2011, cuando ocurrió una tragedia similar que dejó cuatro adolescentes carbonizados en la Alcaidía de Menores, ya con Eduardo Brizuela del Moral en el Gobierno.