Tal como lo adelantó El Esquiú.com, la cámara de Diputados de la provincia tendrá conducción femenina en los próximos dos años. Los legisladores peronistas, prácticamente por decisión unánime, coincidieron en valorar los méritos de la doctora Cecilia Guerrero para que sea la reemplazante de Fernando Jalil, el actual presidente. Si bien es cierto que la designación quedará materializada el 6 de diciembre, ya no habría más discusiones en relación a este tema. Mucho más después de que lo confirmara el gobernador electo, Raúl Jalil. Sin alternativas a Cecilia, quedaría por discutir la vicepresidencia, sobre la cual sí existen diferentes posturas. Descartada la chance de que el lugar sea ocupado por un opositor, la puja parece ser entre peronistas y, por lo menos hasta anoche, no había ningún acuerdo. Más de tres legisladores, sin que importen sus méritos o deméritos, pretenden el cargo y parecen dispuestos a confrontar posiciones hasta el final, incluso a costo de la unidad del bloque. ¿A tanto llegará la lucha por un cargo que parece más decorativo que otra cosa?

El tribunal electoral provincial resolvió los últimos pormenores de la elección del 27 de octubre. Algunos de ellos tenían capital importancia, en orden a que definían las candidaturas a concejal de seis jurisdicciones. En este sentido, se confirmaron los electos de Santa María, Tinogasta, Pomán, Londres, Aconquija y la villa de El Alto. Para todos se aplicó la letra fría de la Constitución Provincial que, como en el caso de diputados nacionales o provinciales, indica que las definiciones se producen por el sistema D’Hondt, que discrimina los cargos en juego de acuerdo a las proporciones. Si un partido aventaja por el doble o el triple al adversario cuando, por ejemplo, se ponen en juego dos cargos, la Constitución no tolera un reparto de uno y uno. Sin embargo, en el año 2015, en Londres, Aconquija, Pomán y El Alto, el tribunal electoral de aquel momento resolvió de manera diferente, haciendo lugar a un artículo de la ley electoral que habla de la representación de minorías. Por cierto, se trata de un criterio forzado que, vía Legislatura, se debería corregir a los efectos de respaldar la jerarquía constitucional. De esta forma, aunque haya margen para apelaciones, el tribunal electoral consagró a los peronistas Gabriel Severo Márquez y María del Valle Ávila en El Alto; Claudio Moreno y Daniela Flores en Aconquija; Alba Morales y Ezequiel Fuembuena en la villa de Pomán; Laura Sánchez y Pablo Romero en Londres y Florencia Casimiro y Ricardo Tello en Tinogasta. En estas cinco jurisdicciones, por la magra producción, “Juntos por el Cambio” se quedó con las manos vacías.

El caso de Santa María es diferente. Allí colisionaban la carta orgánica, que refiere un reparto equitativo de bancas y, la Constitución con el sistema D’Hondt que, por jerarquía, está por encima y tiene vigencia en toda la provincia. Así lo dictaminó el tribunal y de las cuatro bancas en juego, tres fueron para los peronistas Luis Cuello, Elizabeth Monroy y y Roberto Cáceres, quedando para los radicales la banca que ocupará en el Concejo Deliberante Ivana González. Más allá de los nombres, esta disputa en las distintas instancias electorales termina otorgando razones a las sólidas fundamentaciones que, oportunamente, presentara el apoderado del Frente de Todos, el diputado Augusto Barros. Ya en 2015, por el mismo tema, éste último había sostenido un duelo legal con José “Pepe” Cáceres” que integraba el tribunal electoral.

La información brindada por este medio, con motivo de la aprobación del acuerdo entre YMAD y Alumbrera para el arrendamiento de las instalaciones que se utilizaron durante más de 20 años para explotar Bajo la Alumbrera, quedó total y absolutamente confirmada, echando por tierra las predicciones apocalípticas que habían lanzado algunos medios de prensa. Como lo dimos a conocer ayer, en forma exclusiva, el gobierno nacional –a través del ministro de Economía, Hernán Lacunza- refrendó el entendimiento de octubre pasado y aprobó el plan de gastos de 2019 del organismo tripartito que integran la Universidad de Tucumán y los gobierno de la Nación y de Catamarca. A esto hay que agregar que, en una semana más, se aprobará el presupuesto 2020, el que incluirá el flujo de dinero adelantado por el alquiler de las instalaciones. A contramano de su expresión inicial, también será refrendado por los directores de la Universidad de Tucumán. Sus autoridades han comprendido las ventajas obtenidas y aceptan que sobre el emprendimiento de Agua Rica, por tratarse de algo privado, no pueden pretender utilidades como lo hacían con Bajo la Alumbrera, que era propiedad de YMAD.

A días de dejar su segundo mandato como gobernadora, Lucía Corpacci sigue dando que hablar y desarrolla una despedida a toda orquesta. Dinámica como siempre, el martes estuvo en Antofagasta de la Sierra inaugurando varias obras, entre ellas el Parque Solar Fotovoltaico –emprendimiento millonario que se hizo con los dineros de la minería que provienen de la explotación del litio, por parte de la empresa Livent Corporation- en el Salar del Hombre Muerto-, y por la noche participó del encuentro nacional “del oro y plata” que organizó la revista Panorama Minero y la distinguió como una de las artífices de promover la actividad con nuevas reglas de juego. Eso mismo expresó la mandataria cuando le tocó agradecer la entrega del premio. “Nosotros cambiamos las reglas del juego de la minería”, expresó. Y ciertamente que, en ocho años pudo hacerlo. Aparte de colocar a Catamarca en los principales foros del mundo, ordenó el uso de las regalías y las utilidades que deja la minería. Por empezar, el gobierno y las intendencias deben presentar proyectos y, una vez que resultan aprobados, recién se les traslada el dinero, el que permanece depositado en fideicomisos como el establecido en Antofagasta. Más claro. Las ganancias de la minería no serán recursos de libre disponibilidad como ocurrió durante gran parte de la explotación de Bajo la Alumbrera. El periplo de Corpacci, por último, se completó con una charla con el presidente electo, al que invitó a la inauguración de la plaza “Raúl Alfonsín” (se trabaja a toda máquina en el predio del viejo Servicio Penitenciario), el que sería su acto de despedida como gobernadora.

El triunfo de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner, como lo dijimos en su momento, fue la peor noticia para el senador Dalmacio Mera. En plena campaña electoral se cruzó, vía twitter, con el presidente electo y lo criticó en respaldo del Grupo Clarín, el defensor acérrimo de las políticas macristas en los últimos cuatro años. Meses antes, cabe destacarlo, fue uno de los pocos senadores peronistas que, junto a la bancada de Mauricio Macri y con el aval de Miguel Pichetto, votó para que se allanaran las propiedades de la expresidente. Ambas situaciones motivarían que el legislador catamarqueño se convierta en un paria del Senado o, llegado el caso, se integre a la alianza PRO-UCR-Coalición Cívica. Por lo pronto, en pocos días más, dejará de ser presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, para la cual Cristina Kirchner piensa en la santafesina María de los Ángeles Sacnun. Claramente, son las vueltas de la política. No puede ser gratis que Mera haya llegado, en 2015, a una banca de senador nacional por mandato del kirchnerismo y haya terminado siendo funcional a quienes pretendían encarcelar a la jefa de ese movimiento.

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, cerramos los “Apuntes del Secretario” con el repaso de acontecimientos ocurridos hace 25 años.
Días pasados, en este mismo espacio, recordábamos la tragedia del 23 de noviembre de 1993 en el antiguo Servicio Penitenciario. Como lo dijimos, el motín de aquella mañana dejó nada menos que un saldo de 13 muertos, la gran mayoría de ellos detenidos que no tenían condena. Fue un escándalo político y el ministro de Gobierno de la época, Guillermo Herrera, “bailó sobre la cuerda floja”. Exactamente un año más tarde, el Poder Ejecutivo enviaba a la Legislatura un proyecto de Ley por el que se otorgaba una indemnización a las familias de las víctimas de la tragedia de la Alcaidía. De acuerdo con las precisiones que brindaba el exministro, Guillermo Herrera, el monto máximo estipulado era de 33.000 pesos. Sin embargo, para acceder al mismo se debía sortear una serie de “factores de ponderación” previstos por la ley. A un año de la tragedia, sin que la investigación hubiera concluido, ni que la Justicia diera resultados, la decisión del exgobernador de la provincia preveía, en caso de aceptación, la renuncia a las acciones judiciales. El tema no cayó bien porque, en definitiva, se cambiaba vidas humanas por plata.

Por las elecciones de 1991, como hecho histórico de resonancia pública, se recuerda que siete senadores peronistas no pudieron asumir sus bancas. Las triquiñuelas del castillismo, para tener mayoría en la cámara alta, determinaron que juraran seis candidatos suplentes, todos los cuales jugaron para el Frente Cívico. El único que no juró fue el senador de Belén y, por años, la banca quedó vacante. Recién el 10 de noviembre de 1994, a casi tres años de la elección, por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudo jurar el representante belicho, el extinto Marcos Saadi. Éste cobró todo el mandato, pero la maniobra política ya había sido consumada.