Imaginemos por un segundo alguno de los mayores motores de la economía tucumana. Puede ser, por ejemplo, la fantástica producción de limones de exportación. Para quien no lo sepa, Argentina es el primer exportador mundial de limones, y el 97 por ciento de esa clase de cítricos que se venden fuera del país, se cosechan en Tucumán. Un negocio de magnitud descomunal. Podemos pensar también en los ingenios que procesan la caña, con su interminable fila de camiones marchando por las rutas en la zafra, para alimentar la gigantesca industria azucarera, y sus derivados más modernos, como el biocombustible o el papel ecológico. Son fuentes de dinero genuino, fuentes de trabajo, recursos que contribuyeron para convertir a Tucumán en una potencia del norte argentino, con una capital que no tiene nada que envidiarle a las grandes urbes del país, en una provincia de territorio ínfimo comparada con Catamarca, pero una población que -detrás de ese movimiento productivo- ya supera el millón y medio de habitantes, el triple que aquí.

En ese marco, imaginemos ahora a una delegación de autoridades catamarqueñas en una reunión de líderes tucumanos de los sectores público y privado, discutiendo y decidiendo qué hacer con la exportación de limones o la renta azucarera, y reclamando un porcentaje de esas ganancias para los catamarqueños. 

Suena ridículo: esos catamarqueños no durarían más que algunos segundos en esa mesa, antes de que los invitaran a retirarse sin voz ni voto. Y tendrían el lógico derecho de hacerlo, ¿por qué debería Catamarca llevarse una tajada de riquezas netamente tucumanas?

Pero extrañamente, si el mismo proceso se invierte, de manera automática abandona el plano de la fantasía y se convierte en realidad. Entonces tenemos que autoridades tucumanas, delegados de una universidad, discuten y resuelven el destino de nuestras riquezas mineras, asegurándose siempre una tajada para su provincia. Es lo que indefectiblemente ocurre con YMAD, una empresa tripartita que incluye en su directorio a representantes tucumanos, en este caso con voz y voto, para decidir sobre la explotación de recursos naturales localizados íntegramente en territorio catamarqueño.

 Es una situación injusta y carente de lógica, pero legalmente respaldada por un antiquísimo acuerdo, sellado hace casi un siglo, y que una centuria después sigue autorizando a Tucumán a meter la mano en el bolsillo catamarqueño; porque nunca se revisó ni se cuestionó con suficiente fuerza y decisión aquel mandato fundacional de la singular empresa. Sin duda, es hora de hacerlo: tarea para los legisladores nacionales catamarqueños, quienes deberán contar con todo el respaldo de la Provincia en su cruzada por actualizar y redefinir una legislación que marcha a todas luces contra los intereses provinciales.

Génesis
La semilla de esta empresa singular, en la que participan la Provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Estado nacional, se sembró en la década del ‘20 del siglo pasado, y tiene como protagonista a un químico que trabajaba en la Casa de Altos Estudios tucumanos, el doctor Abel Peirano, un prestigioso profesional recibido con medalla de oro en Buenos Aires.

Peirano se radicó en Santa María, y realizó innumerables investigaciones, expediciones y estudios de campo en toda la región. 
 Fue Peirano quien descubrió Farallón Negro, en una de sus salidas a la montaña, donde analizaba el potencial minero de la zona.

Fue exactamente en 1936 cuando reveló la presencia de metales en los cerros de Hualfín, en el lugar denominado Agua de Dionisio. Cuando dio a conocer estos avances, encontró respaldo de la Universidad de Tucumán, que designó un equipo para que colaborara con Peirano, y ratificó sus hallazgos de oro y plata. A partir de allí intervino también Nación, al instalar una planta piloto con participación de organismos como la Secretaría de Minería.

La Universidad de Tucumán profundizó su conocimiento de las novedosas minas, y agradecido por semejante acompañamiento, el propio Peirano y sus colaboradores, cedieron sus derechos de descubridores a la UNT.

Era 1948, y un año más tarde Juan Domingo Perón, entonces presidente, dispuso estatizar todos los yacimientos y áreas mineras, lo cual generó un conflicto de intereses y competencias.

Hubo procesos judiciales de por medio, pero recién se resolvería el dilema una década más tarde, cuando bajo la presidencia de Arturo Frondizi se creó la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio: nacía YMAD.

Fue el 9 de enero de 1959 cuando se publicó la luego famosa Ley 14.771, con sus particulares características, ya que la constituían la Provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán, con dos representantes cada una en el directorio, y un presidente de la empresa designado por el propio Estado nacional. Tres cuerpos para una conducción, y beneficios futuros repartidos en dos beneficiados: Catamarca con el 60 por ciento y la UNT con el 40 por ciento.

Ganancias
Las ganancias no aparecerían hasta fines de los ‘70, cuando Farallón Negro comenzó a extraer minerales, porque hasta entonces casi toda la actividad era de exploración.

No se trataba de todas formas de grandes magnitudes de producción, y por muchos años la empresa no generó dividendos significativos, y se sostuvo por los aportes de Nación.

Todo cambió en 1997, cuando YMAD participó en la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que se internaría en el primer gran emprendimiento minero del país: Bajo de La Alumbrera, una fuente gigante de cobre, oro y molibdeno.
Allí sí, los números previstos en la Ley 14.771 adquirieron otro tenor, porque el reparto era por fortunas.

La universidad tucumana determinó que lo que recibiera por minería lo dedicaría a obras, y que una vez concluidas esas obras formaría una suerte de fondo común para beneficiar a todas las universidades nacionales.

Como Alumbrera generó también cierta oposición, algunas universidades rechazaron esos fondos, y otras asumieron una postura hipócrita, condenando la minería públicamente pero percibiendo el dinero al mismo tiempo.

Así transcurrieron los años, con periódicos altibajos y peleas, no exentas de algún reclamo o denuncia judicial, pero sin que nadie osara replantear los mecanismos originales de YMAD.

Ahora todo se revitaliza, porque está en vías de iniciarse otro emprendimiento, más grande incluso que Alumbrera: el proyecto Agua Rica.

Nuevamente el flujo de dinero comenzará a circular, y por ello se despierta la atención de quienes están involucrados, en particular la UNT, que quiere tomar su tajada a pesar de que en este caso es un emprendimiento netamente privado.
Esta historia sumó en las últimas semanas un nuevo e insólito capítulo, con planteos de los tucumanos referidos a una decisión adoptada por la empresa. El cuestionamiento, que pretende incluso deslegitimar lo resuelto, sugiere la invalidez de una votación del directorio porque los representantes de la UNT no asistieron a la reunión en que se aprobó el alquiler de la infraesructura de Alumbrera para Agua Rica.

Un despropósito total, imaginar que quienes cumplieron con un procedimiento -la reunión de directorio- deban dar explicaciones a quienes -con su ausencia- incumplieron.

Insostenible actitud, que bien habilita a Catamarca a poner sobre la mesa aspectos más profundos, como la continuidad de una sociedad que no tiene razón de ser.

El Esquiú.com