El flamante ministro de Gobierno, Jorge Moreno, ratificó que la reforma de la Constitución provincial será uno de los objetivos a cumplir por parte de la administración que encabeza Raúl Jalil y que, desde hace varios años, viene siendo postergado por la oposición radical. Lejos de hablar de los votos para alcanzar los dos tercios que se requieren para aprobar el proyecto reformista, Moreno proclamó que la decisión tiene que, sin forzar los números, salir por consenso. Por cierto, se trata de un criterio de mínima lógica que, por las voces que surgieron desde los territorios opositores, esta vez puede ser posible. Siempre dijimos que, sobre un hecho trascendental como la reforma de la Constitución, se necesitaban amplios consensos y destacamos que el pulso ciudadano marcaba un ritmo favorable, por lo que solo hacía falta el acuerdo entre los políticos. Hacia allí va Moreno y su postura es compatible con legisladores como Marita Colombo que, hace 15 días, se declaró “reformista” –ya lo era antes, pero con exigencias nunca bien explicadas- y aseguró que al abrirse el período ordinario 2020, el 1 de mayo, la UCR presentará un proyecto propio para avanzar en las negociaciones.

Aparte de quitar los privilegios que contiene la Constitución sancionada en 1988 –reelección de gobernador y vice indefinida, legisladores que toman cinco meses de vacaciones, falta de certeza electoral que permite a los gobernantes manejar el calendario a su antojo, etc.-, Raúl Jalil pretende con la reforma ir hacia una prometida y nunca cumplida reforma del Estado. La exigencia de los tiempos ha convertido a esta cuestión en algo vital para la subsistencia del aparato administrativo. Nadie, en sano juicio, puede aceptar que el Estado sea el único proveedor de trabajo y encima no exija contraprestaciones de sus agentes. En este sentido, sería adecuado la revisión de la carrera administrativa, algo que servirá de acicate para las capacitaciones que imponen los extraordinarios cambios tecnológicos que se han producido y siguen produciéndose. También para reglamentar, en forma clara, la preservación ambiental, un fenómeno que ya provoca honda preocupación entre los líderes mundiales. Por cierto que, más allá de medidas generales, el estudio de los constituyentes llegará a una conclusión inequívoca que tiene que ver con la actualización de un texto que ha quedado desfasado en el tiempo.

En la entrega del pasado martes de este secretario, planteamos el hecho histórico que estaba a punto de concretarse. Esto es, que un representante elegido por el pueblo –en este caso, Gustavo Saadi- iniciara su mandato con una huelga dispuesta por una institución gremial. Y así nomás fue. El SOEM, que conversó con Saadi durante el fin de semana, no entiende de plazos de tolerancia ni posiciones contrarias a su postura. Ratificó la medida cuando el nuevo intendente no se había terminado de acomodar en su nuevo sillón. Por suerte, las posiciones belicosas del sindicato no fueron acatadas por el conjunto de los trabajadores y el paro prácticamente no se sintió. Con un agravante: para quienes hayan adherido a la medida, según Saadi, habrá descuentos de sueldos en base al aserto “día no trabajado, día no pagado”. Independiente de los reclamos puntuales, es un secreto a voces que el conductor gremial, Walter Arévalo, lo que en realidad quiere es la derogación de la Ordenanza que estableció la recolección de residuos como “servicio esencial”. Para él y sus predecesores, desde los tiempos de “Alo” Barros, el parate de Higiene Urbana es un arma poderosa para imponer posiciones y, por supuesto, no la quiere perder. Sin embargo, la ciudadanía y no pocos empleados municipales entienden que no es justo extorsionar con convertir a la ciudad en un basural, lo que atenta contra la tranquilidad pública y la salud. Por allí habría que buscar los motivos para que el paro de estos días no haya tenido otros efectos. Y Arévalo, tarde o temprano, deberá aceptar la realidad y buscar otros mecanismos de protesta, que seguramente los hay. Entonces la gente lo valorará, como lo ha valorado en su lucha por desterrar el cobro del plus médico en clínicas y consultorios de la Capital.

Eduardo Córdoba asumió como intendente de Andalgalá y la verdad que, en el mismo arranque, tuvo una flagrante contradicción. En referencia a la minería mantuvo su postura de escuchar “la voz del pueblo”, pero al mismo tiempo proclamó la independencia que le otorga el mandato popular y en base a ella destacó “aquella gesta que fue la ordenanza 029/16 y su sanción”. Alude al instrumento legal que, por decisión unánime -8 votos a 0- prohíbe la explotación de la minería en la cuenta del Río Andalgalá. En cuanto a “la voz del pueblo” descreemos totalmente que los ciudadanos de “la Perla” estén en contra de la explotación, pero si Córdoba pretende lograr credibilidad debería convocar a un plebiscito y dejar que se expresen los ciudadanos, no él en nombre de los ciudadanos. En una de esas, vaya a saber, recibe una sorpresa que no se compadece con sus convicciones, si es que verdaderamente las tiene. A propósito de la expresión del pueblo, hace varios años la diputada andalgalense Alcira Moreno (muy cercana a Brizuela del Moral) propuso en la Legislatura un plebiscito para la minería y nadie se animó a apoyarla. ¿Por qué habrá sido? ¿No será que la mayoría de la gente piensa de manera distinta a Córdoba y a Páez en estos temas? Otra cosa que debería revisar Córdoba es la desastrosa situación que el hoy diputado Páez dejó la Municipalidad, de cuya administración formaba parte.

En cuanto a la Ordenanza, el flamante jefe comunal opina sin fundamentos y conocimientos jurídicos básicos. No corresponde a los concejos deliberantes legislar sobre la prohibición o habilitación de la actividad minera y hablar de “gesta” nos parece demasiado exagerado. ¿Cómo gesta si nadie en Andalgalá conocía el propósito de la Ordenanza y su aprobación fue dispuesta entre gallos y medianoche sin el más mínimo estudio en comisión”? ¿Esto es una gesta para Córdoba? Afirmar esto ya lo convierte en cómplice de un hecho totalmente irregular por el cual se “pagó” a cada concejal, conforme a datos oficiosos, con el nombramiento de un familiar en la Municipalidad. La pregunta de la mayor contradicción: ¿cómo se compatibiliza seguir los mandatos del pueblo si el mismo pueblo no fue informado de la Ordenanza que Córdoba califica como memorable?

Días pasados, usuarios del norte de Belén reclamaron por la falta de energía en varias localidades. El problema no es nuevo. Data de largos años. La línea que lleva el fluido proviene desde Tucumán, es obsoleta y funciona con absoluta precariedad, por lo que los cortes en épocas de intenso frío o calor, como ahora, son moneda corriente. La situación ha generado promesas de la Energía Catamarca Sapem que, con aportes que provendrían de la minería, conectará en los próximos tiempos la línea propia que construyó la Alumbrera con los lugares más alejados del norte de Belén. Sin dudas, será un aporte fundamental para terminar con los dramas de no tener energía o tenerla a medias.

La representación catamarqueña que respalda en el Congreso de la Nación al presidente Alberto Fernández, claramente, forma parte del acuerdo de acciones que llevan adelante el gobernador Jalil y su antecesora en el cargo, la diputada nacional Lucía Corpacci. Esta última, en la inauguración de la plaza “Raúl Alfonsín”, le dijo públicamente al presidente que puede contar con el apoyo irrestricto de la senadora Inés Blas y los diputados Dante López Rodríguez, Silvana Ginocchio y ella misma. Nada dijo del senador Dalmacio Mera, el peronista que jugó decididamente contra de Fernández-Fernández  durante la presidencia de Mauricio Macri. El resto de los legisladores nacionales, ya se sabe, pertenecen a la oposición. Oscar Castillo en la Cámara de Senadores, más la dupla Brizuela del Moral-Manzi en Diputados.

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el cierre de los “Apuntes”, incluimos los acontecimientos del pasado.
Hacia finales de 1994 juraban dos miembros de la Justicia Provincial. Se trataba de Graciela Vega de Hansen, quien pasaba a desempeñarse como Defensora General de Primera Nominación y Vicente Roberto Olmos Morales en la Defensoría Penal de Cuarta Nominación. Los miembros del máximo tribunal de la Justicia provincial de aquel entonces, Oscar Guillermo Díaz (presidente), José Ricardo Cáceres (ministro decano) y César Ernesto Oviedo (ministro vicedecano) le tomaban juramento. El acto tuvo lugar en la sala de audiencias “Libertador San Martín” del edificio de Tribunales. Dieron marco al juramento magistrados de los distintos fueros. La doctora Vega de Hansen venía actuando en la Secretaría Penal del Juzgado de Menores. Olmos Morales, por su parte, lo hacía como Secretario de la Cámara Penal de Segunda Nominación y, posteriormente, como secretario de Informática Jurídica.

A raíz del cambio de las reglas de juego en el acuerdo provincia-empresas por la explotación del Bajo la Alumbrera, como lo supimos explicar, en el año 1994 renunció como director de YMAD por la provincia el doctor Ricardo Germán Herrera. A los meses, Arnoldo Castillo resolvió el reemplazante. Fue el ingeniero Carlos Maldonado que, al asumir, se refirió a los conflictos de intereses existentes y a la necesidad de declarar política de Estado a la minería.