Unos días antes de la asunción de Gustavo Saadi como intendente de la Capital, con un dejo de sorpresa, este Secretario anunciaba que se estaba preparando un acontecimiento de perfiles históricos. El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) lo iba a recibir con un paro por tiempo indeterminado por reclamos diferentes, varios de los cuales se entrelazaban con el pasado municipal reciente. Honestamente, sospechamos que se trataba de una avanzada para hablar, discutir y perfilar el futuro, a partir de lo cual podía surgir la posibilidad de una medida de fuerza. Nos equivocamos de punta a punta. El paro, dispuesto por la conducción gremial, comenzó el martes 10 de diciembre, o sea al momento mismo de la partida como intendente de Gustavo Saadi. Nunca antes, desde 1983 a la actualidad, había ocurrido que un funcionario elegido por el pueblo –en este caso por cifras tan abrumadoras que le otorgaban legitimidad total- tuviera un verdadero “bautismo de fuego” en el propio arranque. Ya está y queda grabado para la memoria activa. Walter Arévalo, el titular de la organización gremial, se convirtió en la persona que lanzó un paro de actividades el primer día de gestión de una nueva administración, en este caso la de Gustavo Saadi.

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La cuestión no termina con el paro. Sigue con las formas que, claramente, están señalando una intransigencia casi enfermiza del representante gremial. Frente al rechazo de vetar la ordenanza que, declarando “servicio esencial” a la recolección de la basura, sancionaron los concejales, Walter Arévalo ha salido a atacar a los funcionarios de una manera improcedente, haciendo blanco en el secretario de Gobierno, Gustavo Aguirre, del que refirió cuestiones que nada tienen que ver con su función específica. Aparte, utilizó las redes sociales para tildar de “cagones” a los acompañantes de la gestión Saadi y hasta desafió para que declaren “ilegal” a la medida de fuerza. Sin dudas, el elegido por Arévalo no es el mejor camino para conseguir sus objetivos que, por otro lado, resultan bastante poco claros. Pero si lo que persigue es el veto, nos parece que, a esta altura del tiempo, se trata de una “batalla perdida”, mucho más porque la ordenanza de la discordia significa una defensa de los derechos de los vecinos a que, sin distinción de clases sociales o diferencias políticas, les mantengan limpia la ciudad. Con o sin paro. Por lo tanto, en definitiva, mantener la tirantez puede convertirse en un boomerang para el sindicato. 
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Las arremetidas nada elegantes del gremio, por otra parte, han llevado a que algunas organizaciones mediáticas emparentadas con el SOEM salgan a defenderlas y, paralelamente, aludan a intereses concomitantes con el gobierno. En lo que atañe a El Esquiú.com decimos que está bien lo que nos parece que está bien y mal lo que analizamos que no corresponde. Cuando Arévalo inició su cruzada contra el cobro del plus médico y centró sus ataques contra miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo, a diferencia de otros, este medio salió a valorar los nobles objetivos que se perseguían, postura que mantenemos inalterable por considerar delictiva la maniobra de los profesionales médicos. En el conflicto de estos días, por las formas y el fondo, no compartimos para nada el reclamo por mantener que el servicio de la basura sea decisión excluyente de los empleados. Es más. Quien esto escribe, como el periodismo en general, fue crítico acérrimo de esta situación en tiempos que el señor Arévalo ni figuraba en los planes de convertirse en el secretario general.

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La situación de inestabilidad económica que se vive en el país, por la deuda contraída que no se podrá pagar en los términos acordados (Macri fue el primero en “tirar la toalla” respecto a este tema) impide calcular el futuro o hacer planes de gobierno. Así las cosas, el gobierno nacional se ha dado plazo hasta marzo aproximadamente para completar una negociación integral con los acreedores externos y, recién entonces, confeccionará un presupuesto para el año 2020. Por lógica, el gobernador Jalil adoptará la misma posición. Habrá de esperar los planes nacionales para actuar en consecuencia, situación que se trasladará a los distintos municipios de la provincia. Independientemente de estos problemas, que nacen de problemas previos, habrá que ver cómo impactan las medidas económicas que, esta misma semana, analizarán los legisladores nacionales y seguramente aprobarán. Estamos hablando de distintos tipos de emergencia (económica, social, sanitaria), el pago de incentivos de fin de año y meses subsiguientes o las ayudas que puedan recibir los jubilados. Se cumple así lo que el gobierno prometió en campaña, en el sentido que no iban a surgir soluciones mágicas a partir del 10 de diciembre. Ergo: ¡el 2020 será durísimo!

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El licenciado Edgardo Macedo, durante la gestión de Lucía Corpacci, se desempeñó como secretario general y fue figura excluyente por largos ocho años. Prácticamente todas las cuestiones espinosas pasaron por su oficina y, a fuer de sinceros, se resolvieron de acuerdo a su reconocida capacidad y experiencia. Hoy, con Raúl Jalil en la Gobernación, se mantiene en el estratégico cargo, pero no estaría del todo cómodo por la influencia que ejerce el ministro Aldo Sarquís, un hombre de extrema confianza del flamante mandatario. Existiría una especie de superposición en las funciones específicas, las que tienen que ver especialmente con el funcionamiento del Estado. Más allá de algunos chispazos que pudieron haber existido y se comentaron en cercanías de la Casa de Gobierno, ambos son funcionarios de experiencia. Macedo fue diputado, presidente de la cámara baja, y conoce el plexo legal como la palma de su mano. Sarquís, exministro de Economía en tiempos de Arnoldo Castillo, no lo es menos en cuestiones de Estado.

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Consciente del escaso margen de maniobras que le dejó su antecesor en el cargo, el intendente Córdoba ya tiene en claro que su plan de obras, en Andalgalá, se reducirá a completar emprendimientos inconclusos, como el techado de las boleterías de la terminal o el matadero municipal. El resto, por lo que se aprecia, será administrar pobreza. En cuanto a los nombramientos, aparte de haber hecho asumir a siete secretarios y 16 directores, en los próximos días podría definir el cargo de fiscal municipal, responsabilidad que caería en la abogada Soledad Cecenarro, quien viene desempeñándose como asesora legal del Concejo Deliberante. La acompañaría en la gestión el abogado Luis Garzuzi, personal de planta de la Municipalidad y Ester Garzuzi, otra empleada de plata, terminaría como juez de Faltas. Como puede apreciarse, en orden a las carencias económicas, cargos de importancia serán cubiertos por empleados, lo que en realidad no deja de ser un lindo premio para quienes serían designados. En el área económica ocurriría otro tanto. Allí, Rosa Galián deberá hacer maravillas para conformar a los proveedores, a los cuales se les debe dinero por montos significativos.

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Como se sabe, el presidente Fernández tendrá que nombrar en los próximos tiempos al presidente de YMAD o confirmar al actual, el contador Luis de Miguel, quien fue puesto en el cargo por Macri. Aunque parezca mentira, existe algún lobby para que vuelva al cargo un expresidente que, por casi dos décadas, cometió los mayores desatinos en la faz administrativa, a punto tal de haber terminado imputado por la Justicia por irregularidades en la comercialización del oro, de la que finalmente pudo zafar. Nos referimos al doctor Manuel Benítez que, como buen aliado del castillismo, fue nombrado como asesor en la oficina que el senador Oscar Castillo tiene en el Congreso de la Nación. En relación con este tema, vale la pena aclarar que la presidencia del contador De Miguel, en términos legales, recién vence en marzo de 2020 por lo que, seguramente, hasta esa fecha no habría novedades. Otro de los candidatos a ese cargo es el catamarqueño Fernando Jalil. En su entorno afirman que si no se consigue el objetivo, el expresidente de la cámara de Diputados sería el senador nacional puesto en 2021. ¿Podrá ser?

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el cierre de los “Apuntes” incluimos los acontecimientos del pasado.
A fines de 1994 -14 de noviembre más precisamente- asumían las nuevas autoridades de la Junta de Clasificación y el Tribunal de Disciplina de la Enseñanza Media, Técnica y Artística. El acto se llevaba a cabo en la escuela provincial de Educación Técnica N° 1 “Ingeniero José A. Alcobert” y en la oportunidad tomaban sus cargos Teresita del Valle Herrera, Mirta Murer y Braulio Corzo como autoridades titulares de la Junta de Clasificación. Alicia Asunción Castro y Blanca del Valle Ferreyra en el Tribunal de Disciplina. Como suplentes eran designados Carlos Robledo, María Luz Casas, Luisa del Valle Ávalos, Cristina Mayor y Julio Seco en el primer organismo y Albertina Santillán y Raúl Guzmán para el Tribunal. En la ocasión, el presidente de la Junta Electoral, Víctor Soria, destacaba que la Junta tuvo una ardua tarea, pero con el objetivo sano de buscar, dentro de las reglamentaciones vigentes, a los representantes auténticos de la voluntad de los docentes. Teresita Herrera hablaba por las flamantes autoridades y destacaba “quienes asumimos somos representantes de nuestros colegas, lo que nos obliga a seguir luchando por los derechos de todos los docentes”. El cierre estaba a cargo del exministro Luis Varela Dalla Lasta. “Me alegra que esta etapa haya terminado felizmente porque demuestra que estamos aplicando las normas del Estatuto del Docente”, decía el extinto funcionario.

El Esquiú.com