Ayer, el Gobierno nacional presentó el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, el cual espera que sea sancionado por la cámara de Diputados el próximo jueves, previo análisis de las comisiones de Presupuesto y Legislación.

Este proyecto de ley elaborado por el gobierno de Alberto Fernández fue presentado por el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán (foto) y prevé declarar la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020. Además, presentará una batería de cambios sobre las cuales el Poder Ejecutivo podrá administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

El proyecto presentado tendrá algunos puntos que abarcará, por ejemplo, tarifas, Pymes, jubilaciones, etc.
A continuación destacamos algunos de los puntos que tendrá el mencionado proyecto. 

En tema de tarifas, la Nación quedará facultada para iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente por el plazo de meses y podrá intervenir por un año los entes reguladores de electricidad y gas. Mientras que para las Pequeñas y Medianas Empresas Pymes se pondrá una moratoria para el pago de deuda con excepción de aquellas deudas vinculadas a las ART, impuestos de combustibles y sobre juegos de azar.

Sobre las jubilaciones, el proyecto contempla que se suspende por plazos por 180 días la aplicación de la movilidad jubilatoria y autoriza al gobierno a poder fijar trimestralmente los incrementos que otorgará a la clase pasiva. En cuanto a los salarios se autorizan a disponer aumentos por decreto.

En lo que respecta a reservas se prevé autorizar a que el Tesoro emita letras en dólares y usar reservas para pagar vencimientos de deuda y sobre las divisas se crea un impuesto a la compra de dólares del 30 por ciento que se aplicará tanto para la adquisición para atesoramiento como para aquellas realizadas con tarjeta de crédito. Este impuesto regirá por cinco años, destacando que este tributo no se aplicará para los gastos referidos a prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato y utilización de plataformas educativas. Ni para proyectos de investigación.
Dentro de este punto, se pone especial énfasis que de lo recaudado en el cobro de impuesto, el mismo tendrá la siguiente distribución. Se utilizará en un 70 por ciento para financiar los programas de la Anses y 30 por ciento para solventar obras de infraestructura económica y vivienda social, financiar el fideicomiso.

Siguiendo con el tema impositivo, se modifica el mecanismo para calcular el ajuste por inflación en los balances de las empresas, además suben la alícuota de bienes personales para los activos en el exterior y montos mínimos para el pago de impuestos internos a la importación de vehículos, motos y embarcaciones deportivas; y en lo que refiere a bonos, cajas de ahorro y plazos fijos en pesos no pagarán renta financiera.

En cuanto al sector del agro, el proyecto enviado por el Gobierno Nacional estipula que el gobierno estará facultado a imponer derechos de exportaciones en un valor que no podrá superar el 33 por ciento de alícuota y en el caso de la soja se eleva el tope del 30 a 33% y para el maíz y el trigo de 12 a 15%.

Finalmente, sobre la deuda pública, se faculta al gobierno a realizar las gestiones y los actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública.