La semana anterior, en Fray Mamerto Esquiú, con la presencia del diputado nacional y, por dos veces, exgobernador Eduardo Brizuela del Moral, se reunieron los miembros de lo que va quedando del viejo Frente Renovador, un sector interno de la UCR que siempre tuvo gravitación y durante muchos años ejerció el poder total. Aparte de los brindis por las fiestas de fin de año y los augurios de circunstancia, se exteriorizaron convicciones para competir en una próxima interna partidaria. El exgobernador, flaqueado por Ricardo Guzmán, Flavio Fama, Remigio Medina y la diputada Marisa Nóblega (partido NEO), indicó en el discurso central que “hay que fortalecer las líneas para que haya debate y tengamos internas como corresponde”. Independiente de las buenas intenciones, al anhelo de dar batalla al castillismo le faltó tono de convicciones. Es que el grupo de opositores a la conducción orgánica -actualmente la ejerce Alejandro Páez, una especie de títere que responde como autómata a las directivas del senador Oscar Castillo- se reúne siempre y promete competir, pero a “la hora de los bifes” pareciere que solo busca negociar un par de cargos, como ha ocurrido en las últimas elecciones.

Cuando Brizuela del Moral señala su aspiración de “internas como corresponde”, no hace más que referirse o, amargamente, recordar que el 2 de junio de 2018 no pudo realizarse la interna porque el castillismo los engañó “como a niños”. Los llevó, en una negociación de lista de unidad, hasta casi el filo del cierre de candidaturas y allí cortó el diálogo. Claro, ya tenía armado un esquema electoral junto al servicial Páez, a la diputada Juana Fernández y a Chichí Sosa, con lo cual no les dio tiempo a Brizuela, Acuña, Pernasetti ni Guzmán de conformar otra cosa que no fuera con base en la improvisación. De allí a la impugnación de la Junta Electoral, castillista por supuesto, hubo un paso. A partir de ese momento se rompió el bloque de diputados y hubo una conducción orgánica que, sin ánimos de compartir nada, estructuró la oferta electoral para octubre de 2019 y perdió por cifras de catástrofe que, por otro lado, dejó a la UCR con un puñadito de intendencias, ninguna de ellas en el Valle Central. Los inorgánicos, al quedar marginados de la interna, prometieron dirimir todos los cargos en las primarias -PASO- de este año, pero llegado el momento retrocedieron hacia la nada.

Con estos antecedentes, lo repetimos, la reunión reciente de los “renovadores” significa poco. No pasó de un acontecimiento social. Para hacer realidad lo que se promete hay que actuar en consecuencia. Esto es, comenzar a armar la lista ahora mismo y hasta pedir la renuncia de “los caballeros de la derrota”, la más humillante que sufrió la UCR desde la restauración de la democracia. Si no se cumplen con estos deberes, la historia puede volver a repetirse, sazonada conforme al paladar de Oscar Castillo, para quien 2021 será fundamental. Ese año debe renovar la banca de senador nacional que detenta desde 2003 y con la cual completaría, en 2027, nada menos que 42 años prendido de las ubres del Estado. ¿Mucho, no? Esta vez, posiblemente, tenga un escollo difícil de salvar. En el 2015, logró la banca por la minoría porque, inteligentemente, permitió que Brizuela del Moral le traccionara los votos necesarios desde su cuarta candidatura consecutiva a gobernador. ¿En 2021 quién le podría juntar los votos?

Pese a la retahíla de derrotas que registra la UCR bajo su conducción, Castillo nunca para de hacer política, mientras la tarea legislativa lo tiene completamente sin cuidado. Apenas hace uso de presencia en el Congreso y siempre buscando la “rosca”. El lunes pasado, apuntalado por su amigo, Enrique “Coti” Nosiglia, consiguió imponer entre una veintena de secretarios partidarios a su hija María Lila Castillo y al dirigente Alfredo Marchioli. Eso también es una señal para 2021, mientras las huestes renovadoras, por lo pronto, se diluyen en planes de dudosa efectividad. Ninguno de ellos, por caso, participó del congreso que consagró presidente del comité nacional al mendocino Alfredo Cornejo, quien por antecedentes podría tener mejor relación con Brizuela del Moral que con Castillo.

Eterno defensor de Oscar Castillo, diario El Ancasti, exhumó una causa de hace muchos años en la que el senador involucró a Francisco Gordillo, el actual ministro de Educación e intendente de Pomán con licencia, en un caso de narcotráfico. En su análisis no lo nombra, pero carga contra Gordillo porque dos individuos, que fueron juzgados y condenados, transportaban una carga de marihuana en un vehículo de su propiedad. Añade que nunca se probó la responsabilidad del ministro, pero nada dice del denunciante, en este caso Oscar Castillo, amigo cercano de uno de los detenidos. Tampoco aclara el diario que cuando lo llamaron a declarar dijo no saber nada e indicó que su denuncia, en realidad, era para que se investigue, pero carecía de pruebas. Ocurrió lo mismo cuando relacionó al extinto presidente de River, Julián Williams Kent, con otro caso de droga o cuando, a los cuatro vientos, dijo saber de un soborno de 200.000 pesos para que Alfredo Marchioli, ahora amigo suyo, hiciera una pericia trucha sobre la Tragedia de El Rodeo. En síntesis. La carga contra Gordillo omite señalar que no hubo pruebas en su contra y quien las debía aportar era el protegido del diario desde hace 20 años.

En los municipios donde hubo cambios de conducción, como Valle Viejo, Recreo o Andalgalá, se mantienen los cuestionamientos por el comportamiento que tuvieron los antecesores al momento de dejar la función. Varios de ellos le dieron con todo a la lapicera y aumentaron las plantas de personal, con lo cual las nuevas autoridades se ven en figurillas para pagar sueldos, estructurar presupuestos y ni hablar de algún plan de obras. Las quejas mayores vienen allende el Río del Valle, donde se acusa a Gustavo Jalile de haber producido cerca de 400 nombramientos, entre contratados y planta permanente. Si la cosa es así, se trataría de una irresponsabilidad mayúscula de alguien que, por objetivos electorales, no midió daños ni consecuencia. En esa dirección, lo que correspondería es con pruebas en la mano, hechas públicas si es necesario, clarificar cómo fue el tiempo preelectoral y electoral en territorio chacarero. Tarea para el secretario de Gobierno, el abogado Rodolfo Contreras, quien dijo que “Jalile dejó una superpoblación de empleados”.

También desde Recreo se escuchan los lamentos por el mismo motivo, aunque habría decisión tomada de anular los nombramientos, salvo los casos de fuerza mayor o personas de alta vulnerabilidad. En Andalgalá, donde cambió el intendente (Eduardo Córdoba reemplazó a Páez, que fue a la Legislatura como diputado), pero no el signo político, se habría producido un entendimiento mínimo, por el cual el flamante jefe comunal respetaría lo dispuesto por el titular de la UCR en cuanto a nombramientos desaprensivos. Claro que ese pacto conllevaría problemas. Quienes conocen de números, hablan de un monto de coparticipación de 20 millones contra 21 que se requieren para atender salarios. Aparte de uno o dos que son imprescindibles para el funcionamiento.

Un tanto sorpresivamente, pero acomodada a los tiempos legales, se conoció el martes la resolución del juez Héctor Rodolfo Maidana por la cual le ordena al fiscal seguir investigado un eventual vaciamiento de la empresa Camyen que, hace dos, años fuera denunciada por diputados de la oposición. De esta manera, Alejandro Gober deberá profundizar sobre el movimiento contable y la comercialización de la rodocrosita, disponiendo responsabilidades sobre exfuncionarios como Daniel Issi, Alejandro Bosio, Pascual Álvarez, Rodolfo Micone y Ángel Mercado. En la eventualidad de delitos, cabe destacarlo, existe poblada investigación de los medios de comunicación locales que deberá evaluar el fiscal.  Y a propósito de la rodocrosita, hay que agregar que en la Justicia Federal existe una causa por la cual está acusado de malversar fondos Ernesto Doering, extitular de Somica, la sospechada empresa que, durante la gobernación de Lucía Corpacci, absorbió la Camyen.

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el cierre de los “Apuntes” incluimos los acontecimientos del pasado.
En los primeros días de diciembre de 1994, ante una Asamblea Legislativa marcada por la ausencia de los legisladores peronistas, ofrecían sus informes de gestión los senadores nacionales por Catamarca de aquel entonces. Esto es, Pedro Guillermo Villarroel y Mario Fadel. Ambos, aparte de lo actuado en el Congreso, coincidían en señalar que Catamarca “era una isla” en el contexto político del noroeste argentino y, en consecuencia, sugerían buscar una asociación con Córdoba y La Rioja. La primera de ellas estaba gobernada por los radicales y, en el caso de los riojanos, después que Menem interviniera a Saadi en 1991, adherían a las políticas de Castillo, especialmente en lo atinente a los planes mineros. Los peronistas faltaron a aquella cita porque Villarroel y Fadel se oponían, en el Congreso, a tratar los pliegos de Jorge María Ponferrada (juez federal), Luis Martín Rodríguez Seín y Enrique Monteverde (camaristas federales) que habían sido propuestos por el Poder Ejecutivo Nacional.

Días más tarde de aquella sesión, Fadel presentaba otra iniciativa para regionalizar a la provincia. Su idea era que Antofagasta, Santa María, Santa Rosa, Ancasti y El Alto convivieran con el NOA. El resto con Córdoba y La Rioja. Más allá de estas locuras, llama la atención que los actuales senadores nacionales no ofrezcan un informe sobre las actividades que cumplen en el Congreso, tal como lo establece la Constitución Provincial. Sería bueno saber qué hicieron en 2019 Blas de Zamora, Dalmacio Mera y Oscar Castillo.