Lo habíamos anticipado. El tribunal electoral –integrado por Vilma Molina como presidenta de la Corte de Justicia; el Fiscal de Estado Carlos Bertorello y el camarista Carlos Rodolfo Moreno- dictó la semana pasada las últimas resoluciones sobre la elección del 27 de octubre, pero había margen para que apelaran quienes se sintieran perjudicados. Tal supuesto ocurrió. El apoderado de la alianza “Juntos por el Cambio” insiste que el reparto de las concejalías de Santa María debe hacerse en base a la Carta Orgánica y no a la Constitución, lo que determinaría que su sector se lleve dos bancas y las otras dos queden para el peronismo, el vencedor de la elección por más del doble de los votos: 7.253 a 3.389. Los jueces, aplicando el criterio que se utiliza para las diputaciones nacionales y provinciales, afirmó la supremacía de la Carta Magna que habla de proporciones –sistema D’Hondt- y consagró a los peronistas Luis Cuello, Elizabeth Monroy y Roberto Cáceres, quedando para los radicales la banca que ocupará Ivana González. El dilema tendrá que ser resuelto por la Corte de Justicia, la que actuará sobre hechos aparentemente consumados. Es que los concejales santamarianos ya fueron consagrados por la Justicia Electoral provincial y estarán asumiendo en los próximos días.
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Aparte de Santa María, fuentes radicales confiaron a El Esquiú.com que también apelarán lo dispuesto para el reparto de concejales en Tinogasta, Londres (Belén), Aconquija (Andalgalá) y las villas de Pomán y El Alto. En todos estos lugares la diferencia fue tan ostensibles que, por el sistema D’Hondt, la oposición se quedó sin bancas. Y habría un problema adicional: el apoderado peronista, Augusto Barros, apenas fue notificado de la apelación procedió a recusar a dos de los cinco jueces de la Corte. A Sesto de Leiva porque, sin motivo, se lo permite el Código de Procedimientos y a José “Pepe” Cáceres por enemistad manifiesta, a raíz de las agresiones verbales que le tributó el cortesano con motivo del juicio político en su contra.
El Esquiú.com