Sesionó ayer la cámara de Diputados de la provincia y aprobó el nuevo organigrama de ministerios, que contiene las modificaciones estructurales que ha pedido el gobernador electo, Raúl Jalil. Más allá de la cuestión puntual, fue el acto final de varios legisladores que dejaron sus bancas por haber completado el mandato iniciado en 2015. En tal situación se anotan Fernando Miguel Jalil, Sergio Alejandro Saracho, María Macarena Herrera, Ramón Horacio Sierralta y Luis Alejandro Saadi, que accedieron al cargo por el Frente para la Victoria. También se van Humberto Federico Valdez, Carlos Eduardo Molina (PRO), Verónica Rodríguez Calascibetta, Jorge Gustavo Sosa y Paola Vanesa Bazán, electos hace cuatro años por el Frente Cívico. Por último, deja la cámara baja Hugo Omar Navarro, el solitario representante que pudo consagrarse diputado por el frente “Tercera Posición”. Así las cosas, la nueva cámara se constituirá formal y legalmente mañana, viernes, cuando se lleve la sesión preparatoria en la que será ungida presidente Cecilia Guerrero y hay dudas sobre la presidencia, para la cual fue pedido por la rama femenina que orienta la histórica “Monona” Castro el diputado Barros, a quien destacaron como ejemplo de capacidad y servicios al peronismo.

Quedando sólo por debatir los proyectos que envíe el Poder Ejecutivo en las sesiones extraordinarias, se extingue la posibilidad que en el presente año sea tratado el pedido de juicio político contra dos de los cinco jueces de la Corte de Justicia, José Cáceres y Amelia Sesto de Leiva. Tal eventualidad podría materializarse a partir de las ordinarias que arrancarán el 1 de mayo de 2020 y, por supuesto, con la nueva composición de la cámara. En este sentido, vale decir que el peronismo estará en mejores condiciones de imponer sus criterios porque logró una amplia ventaja en la elección del 27 de octubre (la peor de toda la historia del radicalismo) y aventajó a la oposición en la captura de las bancas: 13 a 7. Sin embargo, para alcanzar los dos tercios, al oficialismo le estarían faltando unos cuantos votos, no tanto como los que requería hasta ahora para avanzar con una medida contra los cortesanos.

La posibilidad de contar con los dos tercios, por parte del gobierno, para la aprobación de algunas leyes que exigen mayoría calificada, no resulta descabellada por la ruptura que la oposición política mantiene inalterable entre los diputados que, claramente, expresan los bandos que arrancan en el radicalismo y se prolongan en los socios (PRO y Coalición Cívica) de la tambaleante alianza “Juntos por el Cambio”. En esa dirección, con tono de resignación, el diputado Francisco Monti ratificó que no es posible la unidad, a pesar de lo cual guarda esperanzas que orgánicos e inorgánicos “puedan funcionar como un interbloque”. Ello es perfectamente posible, pero conviene aclarar que con eso no alcanza para dejar conforme a los afiliados y simpatizantes inmersos en el conjunto social, los que reniegan más por los nombres que por las políticas de oposición que puedan aplicarse. La referencia no alude precisamente a Monti, sino a los zánganos que viven colgados del presupuesto provincial desde hace décadas. Con ellos en escena, resulta casi imposible recrear la militancia de la UCR, algo que sin duda puede mantenerse hasta el tiempo preelectoral del año 2021 cuando completen mandato varios de los “históricos”, o sea aquellos que no se resignan, ni aun jubilados, con volver al llano.

Si la familia Marcolli mantiene un enfrentamiento casi visceral con el Gobierno Provincial, con el reclamo que acaba de interponer Jorge Marcolli contra los vecinos del “50 Viviendas Sur” se ahondan las diferencias. El hombre -en nombre de su hermano Enrique- les pide a humildes familias que, en 15 días, abandonen las viviendas porque estas fueron construidas por el Estado sobre terrenos que no le pertenecían y que nunca fueron pagados. No sabemos cómo derivará el conflicto, pero resulta sorprendente que el Instituto de la Vivienda haya autorizado una construcción sin que la empresa contratada tenga los papeles en orden, terreno incluido. La historia, adelantada en forma exclusiva por El Esquiú.com, data de hace casi 25 años atrás, cuando gobernaba Arnoldo Castillo. Bajo su mandato se realizó la licitación y las viviendas fueron entregadas a sus beneficiarios durante la gobernación del hijo del caudillo radical, esto es, Oscar Castillo. Los Marcolli, tradicionales militantes del peronismo que, por el Caso Morales, se pasaron a filas enemigas, tuvieron grandes ventajas durante los mandatos del Frente Cívico y se dice que esa situación pudo haber permitido algunos arreglos “amistosos” que, a la vuelta de los años, se han convertido en formales. Como quiera que sea, este entripado debería solucionarse rápidamente y no llevar angustia y preocupación a vecinos que no tienen nada que ver con conflictos políticos y que, por su lado, firmaron contratos y pagan sus viviendas. Lo de Jorge Marcolli, por lo tanto, tiene todas las características de un atropello y merece la repulsa, como nos la expresaron, de los habitantes del barrio.

Como es público, nuestra visión de las últimas noticias electorales fue pionera en torno a las controversias y supo adelantar, en exclusivo, que los litigios por las bancas de concejal de seis jurisdicciones de la provincia se iban a resolver a favor del peronismo que, por haber ganado en todas ellas por amplio margen, reclamó la aplicación del sistema D’Hondt que establece la Constitución Provincial para dirimir estas cuestiones y otras similares, como la elección de los diputados provinciales o nacionales. Así fue como el Tribunal Electoral, conformado por la presidente de la Corte (Vilma Molina), el Fiscal de Estado (Carlos Bertorello) y un camarista (Carlos Rodolfo Moreno), aplicó a pie juntillas la Carta Magna y consagró electos a los dos concejales de la alianza vencedora en Tinogasta (Florencia Casimiro y Ricardo Tello), Londres (Laura Sánchez y Pablo Romero), Aconquija (Claudio Moreno y Daniela Flores), El Alto (Gabriel Severo Márquez y María del Valle Ávila) y Pomán (Alba Morales y Ezequiel Fuembuena), dejando con las manos vacías a la oposición por no haber alcanzado el mínimo que se requiere para aspirar a una banca. Como habría quedado afuera, por ejemplo, el diputado nacional Rubén Manzi (juró ayer, por la minoría, en el Congreso) si sacaba la mitad menos uno de los votos de su contrincante, Lucía Corpacci. A pesar de muchas evidencias, el apoderado de Juntos por el Cambio, el diputado Luis Lobo Vergara, anunció (por un medio que nunca abordó el tema) que irá en apelación por las bancas de concejal hasta las últimas instancias, para lo cual señaló a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Según Lobo Vergara, la Constitución, las leyes electorales y la jurisprudencia le otorgan razón. No es verdad o, por lo menos, se trata de una situación sujeta a interpretación. Sobre ello hay que decir que el tribunal electoral falló otorgando supremacía a la letra constitucional por encima de leyes que efectivamente existen pero son totalmente ambiguas y tienen menor jerarquía jurídica. En cuanto a la “jurisprudencia”, la única que existe data de 2015, cuando el criterio del entonces presidente de la Corte, José “Pepe” Cáceres”, entendió que se le debía dar un puesto a la minoría aunque no haya alcanzado la base electoral. Le aclaramos a Lobo Vergara, por las dudas, que existe una jurisprudencia anterior. Fue cuando el Frente Cívico, en los años 90, se imponía por cifras siderales al peronismo y consagraba a sus dos representantes en los casos que se ponían en juego otras tantas bancas. De esa situación hay decenas de casos en el interior de la provincia, por lo tanto el apoderado radical está creando falsas expectativas a quienes se aferran a la posibilidad de ser concejales, aunque son conscientes de que el sistema constitucional D’Hondt los condena. Aparte, no aclara que la Justicia Electoral ya consagró a los electos y que su apelación debe pasar primero por la Corte de Catamarca, sobre la cual el apoderado peronista Augusto Barros pidió las inhibiciones de Sesto de Leiva y José Cáceres. Hasta que eso se defina y el reclamo llegue a la Nación pueden pasar años, por lo tanto la teoría de los hechos consumados no podrá ser cambiada. Ya ocurrió con el exsenador Marcos Saadi (Belén), que ganó la elección en 1991 y recién pudo asumir en 1994. Este caso es más duro. Si es que le dan la razón a Lobo Vergara, las bancas ya estarán ocupadas.

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, cerramos los “Apuntes del Secretario” con el repaso de acontecimientos ocurridos hace 25 años.
En diciembre de 1994, el dirigente Eduardo Rolando Bustamante era el subsecretario de Recursos Humanos y tenía a su cargo la Reforma del Estado. Entre sus ideas, según apuntaban los medios de prensa de la época, analizaba los adicionales que cobraban algunas reparticiones, algo que sigue siendo materia de discusión hasta nuestros días. También la existencia de supervisores docentes “muy caros” y el pedido de reorganización de las plantas funcionales de las escuelas que había sido formulado por el ministerio de Educación, cuyo titular era el extinto Luis Varela Dalla Lasta. El funcionario, de raíces peronistas, señalaba asimismo que existía una especie de anarquía en la información de la situación de los empleados públicos, por lo cual señalaba como primer objetivo reorganizar el sector.

Paralelamente a planes reformistas del Estado, el exministro de Finanzas, Raúl Giné, anunciaba recortes y hacía promesas. Decía, por ejemplo, que el Estado no volvería a tomar gente y que con los Bocep (bonos de retiro voluntario) se retirarían de la Administración Pública unos 1.200 empleados. Además Giné hablaba de una reducción del 70% del déficit existente para los primeros meses de 1995. Nada de eso ocurrió. Por el contrario, a seis meses de las elecciones en las que iba a renovar su mandato don Arnoldo Castillo, aprovechando las jubilaciones de “pantalones cortos”, cerca de 10.000 personas iban a ser contratadas por el Estado.