El empresario de la construcción Jorge Marcolli explicó los motivos que llevaron a girar cartas documento a los vecinos del barrio 50 Viviendas (al sur de la Capital) para intimarlos a desalojar sus respectivas casas. Aseguró que el objetivo que persigue es que se le pague por ser dueño de los terrenos y explicó que las cartas documento son para interrumpir la prescripción veinteañal (prescripción adquisitiva) de los habitantes.

En diálogo con El Esquiú.com, Marcolli relató que en 1996, en la licitación de obra, dejó abierta “una opción de venta a la empresa constructora”. “Le adjudican la obra a la firma en 1998” recordó. En este sentido, mencionó que sucedieron “una serie de acontecimientos jurídicos por los cuales me demoré 10 años y en ese lapso fallece el titular de la empresa” constructora, Daniel Morán.

“Transcurridos los 10 años, inicié los reclamos porque el titular de la empresa ya no tenía relación, sino que recaía en mi persona”, continuó. Es que, de acuerdo a lo que explicó, al “tener un boleto de compra venta, transcurridos los 10 años, la Justicia dice que la propiedad vuelve a mi nombre por cuanto ya no tiene obligación el constructor con el Instituto Provincial de la Vivienda” (IPV).

Marcolli aseguró que esa década de demora fue “producto de la empresa”, para insistir que “transcurridos esos 10 años, empiezo a hacer el reclamo para que me pagaran lo lotes, nada más”. “Pasó el tiempo y nadie se preocupó”, acotó.
Así, quedó abierto el planteo sobre qué sucede ahora: “Si dejo las cosas como están, cada uno de los vecinos va a tener más de 20 años de viviendo allí, ya que entre diciembre y enero se cumple la fecha desde que el IPV les adjudicó a algunas de las casas”.

De esta forma, resaltó que el fin que persigue con el envío de cartas documento es para “interrumpir la posesión (veinteañal), nada más, no es otra cosa”.

En tanto, comentó que hace aproximadamente 8 años empezó “todos los reclamos pertinentes al IPV, con notas donde me ofrecí a escriturar, y no pasó nada, no me titularon ni me pagaron”.

Otro de los puntos a los que apuntó borrar sospechas está vinculado a las gestiones de gobierno. “Durante la gestión del Frente Cívico no me había vuelto la titularidad”,  explicó, para remarcar que no culpaba a nadie. “Incluso dejé pasar las elecciones para que no digan que tuvo una connotación política”.

“Lo único que hago es dar los pasos procesales correspondientes, lo que  me aconsejan los abogados”, dijo. 
Marcolli resaltó que habló “con la mitad de los vecinos”. “Fui casa por casa dialogando con ellos, preguntándoles quiénes son” e incluso “al listado me lo anotaron ellos”. “Tuve un vínculo amistoso”, calificó el trato con los vecinos del barrio, e insistió: “Quiero que me paguen algo que es mío, nada más”.

Por otra parte, mencionó que hace un par de años giró cartas documento al IPV pero que desde el organismo nunca obtuvo una respuesta.

Marcolli deslizó que si no le pagan los terrenos “seguirá su curso” en ámbitos de la Justicia. “No sé si desalojan o no a los vecinos, no es mi intención, yo reclamo que se me paguen los terrenos como corresponde”, expresó.

¿El monto? Marcolli no lo pudo precisar. Mencionó que hubo en el pasado una valuación de $250 mil cada lote “cuando se hizo la demanda”. No fue la única. Según afirmó, existen otras valuaciones “de dos, tres inmobiliarias”. Con ello estimó que en la actualidad cada lote costaría entre $500 y 600 mil. “Hace 20 años que no cobro”, concluyó.