Apuntes del Secretario

domingo, 8 de diciembre de 2019 00:59
domingo, 8 de diciembre de 2019 00:59

Curiosa situación le toca vivir a la Municipalidad de la Capital. El flamante intendente, Gustavo Saadi, iniciaría el martes venidero su gestión y lo haría enfrentando un paro del gremio municipal, según se anunció. El reclamo por adicionales y otras reivindicaciones de la gente que conduce Walter Arévalo, en realidad, esconde el dilema de la recolección de residuos, tarea que ha sido declarada por el Concejo Deliberante como “servicio esencial”, lo que permite a las autoridades apelar a ayuda externa –empresas o particulares- para solucionar los problemas que genera un paro de Higiene Urbana. La conducción gremial, desde antes que se tratara el proyecto, bregó por la no implementación y, a partir de su aprobación, por su derogación. Eso no va a ocurrir porque la obligación moral de cualquier conducción municipal es no dejar desamparados a los ciudadanos, la mayoría de los cuales paga impuestos por la limpieza y, con razón, exige respuestas de contraprestación. Se trata de una cuestión básica que deben entender los gremialistas y, en esa dirección, revisar las metodologías de protesta por legítimas que estas sean. Más allá de las diferencias, el hecho que un mandatario elegido por amplias mayorías populares arranque con una huelga en su contra es material para la historia y la curiosidad. Queda la esperanza de que mañana, lunes, se logre algún acuerdo, conforme a lo que hablaron Saadi y Arévalo ayer bien temprano.

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Maximiliano Rivera es una figura joven de la política y ya tiene el mérito de haber llegado a la vicepresidencia de la cámara de Diputados, lo que no es poca cosa. Sin embargo, en la última sesión, habló de la secretaría de Deportes que, con la gestión de Raúl Jalil, pasará a depender del ministerio de Desarrollo Social que conducirá su propio padre. La verdad que la pifió con la referencia de que fue Lucía Corpacci quien jerarquizó el área, cuando tal vez el mérito de la gobernadora fue haber nombrado a un funcionario eficiente como el hoy senador Brumec. La jerarquización viene de tiempo atrás, cuando en tiempos del peronismo y parte del radicalismo, Deportes no era más que una dirección sin ningún tipo de presupuesto. Fue el hoy senador nacional, Oscar Castillo, quien la elevó al rango de secretaría y la dotó de un presupuesto fenomenal que comprendía el 5% de los ingresos de la dirección de Rentas. Hay que aclarar, eso sí, que semejantes condiciones fueron especialmente creadas para que asumiera, hace dos décadas, un peso pesado de la política: Genaro Aurelio Collantes. Los que le siguieron, como Juana Fernández o Brumec, recibieron los beneficios de contar con un presupuesto extraordinario para apoyar al deporte.

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Jorge Marcolli brindó explicaciones sobre la conminación que realizara a los vecinos del barrio “50 Viviendas” (es el que sigue a los denominados CGT y Juan Domingo Perón en el sur de la ciudad) para que, hasta tanto el Estado no pague los terrenos que serían de su familia, abandonen las viviendas que fueron construidas hace poco menos de 20 años. Según el empresario de la construcción, la carta documento con la que angustió a los humildes propietarios tiene el solo objeto de cubrirse legalmente para evitar la prescripción veinteañal y, en paralelo, pretende que le paguen lo que, según él, le están debiendo. En ese orden, explicó que durante la licitación de 1996 quedó abierta “la opción de venta” y que después de 10 años, tras la muerte del contratista Daniel Morán, nadie se preocupó en solucionar el problema. Hasta allí, por cierto, compromete nítidamente a las gestiones del Frente Cívico, del cual formó parte como funcionario y como militante hasta nuestros días. Digamos entonces, políticamente, que Marcolli desperdició su acercamiento con las autoridades de entonces, lo que no lo inhabilita para reclamar lo que, legalmente, aparentemente le corresponde. Por suerte, su ataque no es contra los vecinos, lo que fue preocupación excluyente del informe exclusivo que brindó El Esquiú.com en la semana que pasó.

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Raúl Jalil se prepara para asumir. Desde mañana será el nuevo gobernador y, por estas horas, ultima detalles, especialmente los referidos a las distintas designaciones. Una de ellas, la de Rubén Martí como director de Educación Privada y Municipal, ha quedado en dudas después que movimientos feministas de la provincia lo acusaran por sus pensamientos sobre la mujer y cuestiones conexas. Desde los equipos que acompañan a Jalil, por lo pronto, le confirmaron a El Esquíú.com que ni Martí ni nadie está confirmado en cargo alguno. Por lo tanto, las definiciones de cada uno de los funcionarios se conocerán en las próximas 48 horas.

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El jueves fue la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Andalgalá, a la que asistió especialmente invitado el intendente Alejandro Páez, quien le está dejando el control municipal al correligionario Eduardo Córdoba antes de pasar a la Legislatura provincial donde, por cuatro años, será diputado. A la par de su alter ego en el cuerpo deliberativo, el concejal José “El Mono” Cativa, al despedirse de los empleados o compañeros del bloque, se emocionaron hasta las lágrimas. Lo que no quedó claro es si le euforia tenía que ver con el deber cumplido, el cual quedó muy lejos de las expectativas de los andalgalenses que, entristecidos, observan la decadencia de la ciudad en todos los planos y la pérdida de oportunidades que tuvieron estos gobernantes. En largos ochos años manejaron todo y, virtualmente, no tuvieron oposición. Sin embargo, terminan la gestión sin nada para mostrar, a diferencia de otras intendencias de la provincia que, con menores potencialidades, lograron mejores resultados y hasta aprovecharon con mayor efectividad las regalías mineras que nacen de las entrañas andalgalenses.

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No vamos a hablar de las grandes obras de infraestructura que no se hicieron en Andalgalá. Hasta en las cosas simples, para las que ni siquiera se necesita dinero, la dupla Páez-Cativa fue un fracaso rotundo. Aunque parezca mentira, “La Perla del Oeste” no tiene ni un nomenclador de las calles, por lo tanto no existe sistematización para repartir los cedulones de los impuestos. Tampoco el Boletín Oficial Municipal es una realidad. Nadie lo tiene a mano, ni los organismos oficiales, por lo que la transparencia queda siempre en dudas. Así, los movimientos fiscales son un misterio y nadie, con seguridad, puede informar sobre alquileres, gastos, nombramientos o el “Compre Andalgalá”. Claro, un municipio con Concejo Deliberante con quórum propio o con los dos tercios asegurados no puede ser objeto del más mínimo control. Allí está la complicidad del peronismo. Pero sigamos. Del tránsito no hace falta dar detalles. Es un desastre con récord de accidentes, algunos trágicos. Los motociclistas no usan casco y el personal de control no trabaja fines de semana. Los taxis, con licencia y sin licencia, estacionan donde quieren y no cuentan con tiquetera, por lo tanto cobran lo que se les ocurre. Las autoridades ni siquiera tramitaron la posibilidad de otorgar el carné nacional en Andalgalá. Así fue todo y así termina la gestión de Páez. Con el parque automotor destrozado y casi irrecuperable, sin reglas claras para construir y colaborar con la urbanización, sin controles de alcoholismo, etc.

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En relación con los problemas de fondo de la “gestión” Páez, no se puede obviar el absoluto aislamiento que mostró con relación a los gobiernos provincial y nacional. Prácticamente no se vio al intendente por Casa de Gobierno en busca de soluciones o de armonizar planes, mucho menos de establecer convenios a favor de la educación o la formación municipal. Su posición de antiminero lo llevó a una victimización que terminó perjudicando a todos los andalgalenses. Ni siquiera se realizaron trámites ante el Gobierno Nacional que, por alineamiento ideológico, podía hacer grandes aportes, como lo hizo con otros municipios de la provincia. Por esto y por mucho más, no comprendimos mucho las lágrimas de emoción que se derramaron el pasado jueves en el Concejo Deliberante. Ojalá la gestión que viene cambie esta absurda forma de hacer política y la oposición cumpla con los mandatos que le otorgó el pueblo.

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En el marco de la denuncia penal que un grupo de vecinos de Andalgalá sigue contra los directores de YMAD, se supo que la Justicia Federal pidió las actas de la sesión del 3 de octubre en la que se aprobó un contrato de arrendamiento de las instalaciones de Alumbrera con las tres empresas que llevan adelante el proyecto Agua Rica. Para los denunciantes, los directores de Catamarca votaron a favor del arreglo e ignoraron un viejo informe ambiental negativo de la Universidad de Tucumán. En relación con esta cuestión conviene hacer una aclaración. Por lo que, extraoficialmente, se aclaró desde el organismo interestadual, aquel informe corresponde al año 2008 y nada tiene que ver con el nuevo proyecto encarado por las empresas. Por lo tanto, la denuncia estaría quedando sin materia, aunque son cosas que debe confirmar la Justicia.

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Recuerdos. Como lo hacemos habitualmente, cerramos los “Apuntes del Secretario” con el repaso de acontecimientos ocurridos hace 25 años.
 La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en diciembre de 1995, expulsaba de su Consejo de Presidencia a Carlos Menem por haber “exaltado el terrorismo de Estado” y en consecuencia “violar los principios éticos que sostienen a la convivencia social”. En una declaración de cinco puntos, la APDH rechazaba las declaraciones del expresidente, quien había reivindicado el accionar de las Fuerzas Armadas en la denominada “guerra sucia” y reclamaba el “olvido” de ese período. “El presidente Menem reivindicó la tortura, el asesinato, el exilio, el robo de niños,  y otros hechos aberrantes que fueron parte de la usurpación del poder por la fuerza de las armas que consolidó a la dictadura como sistema y permitió el terrorismo Estado”, opinó la Asamblea de Derechos Humanos.
 

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