La semana que se inicia, cuando las vacaciones comienzan a despedirse y los quehaceres ciudadanos retoman ritmo de normalidad, puede ser muy importante en materia de servicios públicos. El gobierno, a través del ministerio que conduce Guillermo Dalla Lasta, podría anunciar medidas que paliarán o suplantarán los recortes que ha dispuesto el gobierno central en áreas claves como el transporte o el suministro de energía. En cuanto a la primera, se espera la confirmación del boleto estudiantil –un logro muy apreciado por la gobernadora- y del eventual aporte para que las empresas de pasajeros se provean del gasoil.
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Sobre el transporte público, como lo anunciamos el año pasado, la situación es grave. Ahora mismo han retornado los despidos que comenzaron en 2018 y, con criterio, la UTA ha pedido el establecimiento de un precio razonable para el boleto. Si se pretende cargar todos los costos en él, se reducirían considerablemente los pasajeros con los problemas que de ello derivaría para las empresas. De alguna manera, como están las cosas, el gobierno es el único que puede romper el círculo vicioso que se ha creado con la quita de los subsidios.
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En lo que atañe a la tarifa social, por lo que sabemos, en el gobierno estudian una salida para un universo de 30.000 familias que, desde el 1 de enero, ya no reciben la ayuda de la Nación. Por encima de las prioridades a la que referimos, también son objeto de estudio otras necesidades, como ser las referidas a la producción o los daños que producen los fenómenos naturales en épocas estivales. Hay quienes dicen que existe un mayor ingreso de dinero por parte de la Nación, lo cual es cierto, pero no aclaran que se debe a la brutal devaluación de agosto pasado (ciento por ciento) y a la inflación que destroza el valor del dinero. Esto sin contar la quita de los subsidios y del Fondo Sojero, que era una ayuda genuina para el gobierno y las intendencias.
El Esquiú.com