Ayer, cinco diputados del FCS-Cambiemos elevaron una nota a la gobernadora Lucía Corpacci solicitando precisiones sobre el universo de beneficiarios y certezas en los parámetros de aplicación de la Tarifa Social energética luego de que nación elimine este subsidio y delegue la responsabilidad a la provincia.

Sucede que, por la otrora Tarifa Social nacional, se beneficiaba aproximadamente a unos a 34.500 usuarios del servicio en Catamarca. Ahora el ministerio de Servicios Públicos estudia ampliar el subsidio local para los usuarios de luz.

En este marco, los legisladores de la oposición (Bloque FCS-Cambiemos “Vamos Juntos”) Francisco Monti, Rubén Manzi, Jorge Sosa, Carlos Marsilli y Rubén Herrera elevaron ayer una nota a la Mandataria. El documento pone “de manifiesto nuestra postura en torno a lo que –entendemos- deberían resultar los criterios rectores de los lineamientos que rijan la `Tarifa Social´”.

Los diputados rescatan el Pacto Fiscal firmado entre la nación y la provincia puesto que allí se dispuso que “a partir del primero de enero de 2019 cada jurisdicción definirá la tarifa eléctrica diferencial en función de las condiciones socioeconómicas de los usuarios residenciales”.

Los opositores tomaron este punto para traer a colación que allí “se enmarca la decisión política adoptada por el gobierno nacional, quien promovió el gradual incremento de recursos en favor de las provincias”. Es decir, que si bien la administración nacional delega la responsabilidad es en base a que en este año “se va a lograr una transferencia automática del 47% de la recaudación impositiva coparticipable”, lo que “ha contribuido a que las cuentas públicas de Catamarca arrojen un resultado superavitario”.

Así entienden como oportuno “conveniente y razonable dar continuidad a la Tarifa Social” para la cual resulta necesario dictar “los instrumentos legales” que permitan instituir “una tarifa social análoga a la Tarifa Social Nacional a fin de dar continuidad al beneficio”.

Propuesta
De esta forma, sugieren que los destinatarios sean jubilados o pensionados “por un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional”, personas con empleo en relación de dependencia, que perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 Salarios Mínimos Vital y Móvil (SMVM) y ser “titular de programas sociales”.
También proponen que en la nómina de beneficiarios se contemple aquellos que estén suscriptos en el Régimen de Monotributo Social,  a los que estén incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico, los que perciben el seguro de desempleo y las personas que cuenten con certificado de discapacidad.

Asimismo, exhortan a que el beneficio sea similar al nacional, donde se disponía un subsidio del 100% del precio mayorista hasta los 150 kWh y que en la banda de 150 KWh  a 300 kWh se subsidiaba el 50% del excedente. 
Al finalizar, apuntan que “resultaría lógico que con la mayor celeridad posible se dicte una normativa en el sentido propuesto haciendo uso de las facultades previstas en el artículo 184° de la Constitución Provincial, sin perjuicio del posterior abordaje del Poder Legislativo en relación con la temática”.