Antes que nada, para no herir susceptibilidades y por el respeto institucional que merece la oposición política, vamos a explicar el título de esta columna semanal.
Parafrasea al slogan de campaña mundialmente conocido del año 1992, cuando Bill Clinton le ganó las presidenciales estadounidenses a George Bush (padre) con la expresión demócrata “es la economía, estúpido”.
Desde entonces, (la frase) ha sido utilizada para explicar diversas cuestiones y, en esta ocasión, la empleamos para graficar la conducta de los opositores catamarqueños con relación a las acusaciones de especulación que, en torno a la fecha de elecciones, dispararon contra el Gobierno provincial.

Con respaldo constitucional

Desde Lobo Vergara, quien señaló que la fecha para convocar había vencido hacía rato, hasta Carlos Molina (PRO), que consideró que hubo “maniobras de incertidumbre”, fueron varios radicales y no radicales que alistan en Cambiemos los que hablaron de picardía y se quejaron de la falta de certidumbre electoral.
Es verdad que hasta el miércoles 30 no se sabía si la contienda provincial se programaba para marzo o, como ocurriera en los seis años anteriores, se la hacía coincidir con las nacionales, como ha quedado sellado.
También es verdad que la decisión dependía de la gobernadora Corpacci, aunque nadie le puede andar discutiendo que sea una partidaria de programar cuatro o cinco elecciones en un año cuando puede ahorrar el dinero de la organización electoral para menesteres más provechosos de su gestión.
Tampoco puede sacarse de contexto la ley de suspensión de las PASO, “por única vez”, que ideó el senador Solá Jais para el supuesto que el gobierno se viera impelido de llamar a elecciones en el tercer mes de 2019.
Conclusión final: el gobierno si especuló y, de antemano, tenía resuelto llevar los comicios a octubre. Marzo, sin embargo, igual servía. Por las dudas. Y, asimismo, para distraer al adversario bajo los rigores del verano.
Es decir que las críticas tienen sentido, tanto como la conducta del gobierno. 
Lo que parece contradictorio (que ambos bandos tengan razón), no lo es. La Constitución de Catamarca, sancionada en 1988 por el saadismo, con apoyo de sectores radicales que se escindieron de la conducción castillista, permite esta especulación que la supo emplear a fondo y con éxitos resonantes, el Frente Cívico.

Gravísimo error político

Este tema de la fecha de elecciones, como otros igualmente espinosos –tal el caso de las reelecciones indefinidas-, está mal y merece ser modificado. Toda la sociedad, a través de sus instituciones, se expresó en su momento en contra de los privilegios de la política que contiene el obsoleto texto.
Que las cosas estén mal, no significa que no puedan favorecer a unos u otros, conforme al lugar que ocupen.
Si el saadismo impuso el texto hace ya 30 años fue porque le convenía. Si el Frente Cívico, después de aprovechar la Intervención Federal, escaló al poder y nunca demostró voluntad de reformar, es porque pensaba exactamente igual. Manejar los privilegios que había escrito el saadismo era negocio.
Es que aquella Constitución, de trampas y especulaciones, le conviene a quien está en el poder y la sufre la oposición. Por eso mismo, lo repetimos, resulta incomprensible pensar como el radicalismo y sus aliados no aceptó el convite que les hizo Lucía Corpacci para limitar las discrecionalidades. Tuvieron en sus manos la chance de borrar las fealdades que incluyó el saadismo y la dejaron escapar.
Por todo ello, antes de esbozar el mínimo reclamo, deberían guardar el silencio de los prudentes. Si  existen especulaciones o hay reelecciones indefinidas es por su exclusiva culpa. No pueden cargar las tintas sobre quienes, generosamente, ofrecieron las enmiendas.

Los actores y los pretextos

El 1 de mayo de 2014, al abrir las sesiones ordinarias, Corpacci anunció que enviaría un proyecto de reforma de la Constitución, el que previamente sería debatido por los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones profesionales, la Iglesia, la Universidad, etc. Todo ello se cumplió y a finales de septiembre llegó la mentada iniciativa a los escritorios legislativos.
Hubo largas reuniones en comisión. Felizmente se acordó un despacho favorable, el que incluía como coincidencias básicas la gran mayoría de los puntos a reformar.
Mientras sucedían estos actos, pasaba el tiempo y el conjunto del Frente Cívico se pronunciaba a favor de la reforma, pero aclaraba que no podía ser en 2015 por tratarse de un año electoral. Todo el paquete pasó al 2016.
En el nuevo año siguieron los franeleos. Que sí, pero no. Que agreguemos esto, que saquemos aquello, que se acerca otro año electoral, que queremos hablar con la gobernadora, etc., etc. El 30 de noviembre de 2016, en lo que fue la última sesión del año, quienes hoy chillan por especulaciones e incertidumbres, se sacaron la careta.
Tras seis horas de debate y casi dos años de tratamiento, expresaron “hace falta confianza” (¿…?), a través de Marita Colombo.
Carlos Molina enfatizó que quería la reforma, pero se abstuvo a la hora de votar. Simón Hernández, hoy concejal, pidió que el proyecto volviera a comisión y remató Lobo Vergara, ¡cuándo no!, indicando “¿cómo podemos dar el apoyo si no sabemos cuándo nos van a clavar el cuchillo?”.
Se dijeron estas y muchas cosas más. Lo único que faltó fue la verdad y la sinceridad. La oposición tuvo miedo de ir a la elección de constituyentes y perder. Es decir, prefirió mantener un mamarracho en su contra, antes de arriesgar recomponer una estructura legal en su favor.
Quienes votaron en contra de la reforma y son los responsables directos de la actual situación fueron estas personas: Silvana Carrizo, Marita Colombo, Rubén Herrera, Luis Lobo Vergara, Víctor Luna, Rubén Manzi, Alcira Moreno, Marisa Nóblega, Verónica Rodríguez Calascibetta, Jorge Sosa, Humberto Valdez y Claudia Vera. Detrás de ellos, sin dudas, estaban los legisladores nacionales Oscar Castillo y Eduardo Brizuela del Moral.
Con los que se abstuvieron o faltaron a la cita aquel 30 de noviembre, hay que aclararlo, se podían alcanzar los dos tercios. Por lo tanto, en menor medida, también les cabe responsabilidad. Entre los primeros están Paola Bazán, Simón Hernández, Carlos Molina, Hugo Navarro, Miguel Vázquez Sastre y Juana Fernández. Los ausentes fueron Fernando Jalil, Macarena Herrera, Laura Arrieta y Analía Brizuela.
El oficialismo, más Mariela Buenader de Walther, votó por el cambio. Las manos en alto fueron las de Jorge Andersch, Augusto Barros, Rolando Crook, Paola Fedeli, Cecilia Guerrero, Julio Guzmán, Armando López Rodríguez, Norma Losso, José Luis Martínez, Eduardo Pastoriza, Roberto Perrota, Oscar Pfeiffer, Marcelo Rivera, Luis Saadi, Sergio Saracho, Selva Segura, Horacio Sierralta y Nicolás Verón.
Con la historia ajustada a la verdad, la que figura en todas las crónicas del momento y en las versiones taquigráficas de la Cámara de Diputados, sería bueno que llegue el momento de la reflexión y se consolide nuestro título de hoy. El problema es la Constitución del 88. Mantenerla significará seguir envueltos en el barro de la política. Ah, y que quede claro. Hubo quienes apostaron por el cambio y otros que se aferraron al pasado. Sus nombres se conocen y serán recordados siempre.

El Esquiú.com