Fernando Capdevila fue centro de discusión durante la semana por sus declaraciones acerca del Estadio Bicentenario, al tiempo que solicitó que se les pregunte a la empresa, a la Justicia o al Gobierno cuál es la situación de la obra que hoy se encuentra inhabilitada y que con el correr del tiempo se deteriora. 

Si bien hubo voces del oficialismo que salieron al cruce de las declaraciones del actual titular de Anses Catamarca y referente del PRO, ahora el fiscal de Estado Carlos Bertorello, entre otras cosas, sostuvo que “las declaraciones de Capdevila se enmarcan en una conducta de defensa de los intereses de la empresa”.

Bertorello recordó que a partir de los estudios realizados por la Universidad de Tucumán quedó demostrado que “no son fallas que atañen al mantenimiento, sino constructivas: se hundió”. Ante ello, se inició una causa judicial para cobrar la reparación del daño ocasionado al estadio, que la empresa concursó.

En cuanto a la situación particular de Fernando Capdevila, el fiscal de Estado explicó que “está paralelamente demando” y “era el representante técnico de la empresa”. “Como encargado de que se cumplan los pliegos, los plazos, las obligaciones contractuales y fundamentalmente las normas del buen arte de construir, el que menos puede negar que conoce un falla de mantenimiento es él”. 

“Esto no lo hago para imputarle responsabilidad ni política, ni quiero entrar en la discusión con él, le cuento desde el punto de vista legal, él esta demandado”, enfatizó el fiscal.   

En otro orden de cosas, Carlos Bertorello dijo que los pasos que siguen son que “la empresa haga una oferta por sí o por medio de terceros para reconstruir todo lo que esté dañado y entregarnos un estadio que tenga la seguridad necesaria (…) para que todos puedan ir”. Caso contrario, “nosotros tenemos las herramientas necesarias para que la empresa vaya a quiebra y luego perseguir a dueños y representantes técnicos por mala praxis”.

Plazo

En lo que refiere al accionar de la Justicia, Bertorello: “Nuestra Justicia tiene los mismos problemas que tiene toda la Justicia del país, la lentitud procesal está dada, muchas veces, por problemas de infraestructura, de índole que no se le puede achacar a los jueces. Tenemos la conducta de los abogados defensores, que son quienes demoran permanentemente en aras a la obtención de la prescripción de las acciones penales”. 

En diálogo con radio Valle Viejo, Bertorello dio que los casos de concurso que terminan en quiebra “no son tan largos”, pero el de “El coloso de la loma” se ha extendido “un poquito más en los plazos”. “Pensaba que íbamos a tener en febrero una resolución, pero vamos a tener que esperar tres o cuatro meses más la decisión, que es el momento en el cual debe presentar la empresa la propuesta de acuerdo”.