Una protesta de empleados precarizados que prestan servicios en Sanidad Municipal y reclamaron el lunes pasado estabilidad laboral, vino a poner “blanco sobre negro” en una cuestión que atañe a todos los catamarqueños. Hablamos de gobernantes y gobernados. Se trata de la falta de trabajo y de los altos índices de desocupación que, invariablemente, desembocan en una situación social que alarma y, lamentablemente, no tiene soluciones a la vista. Comprendemos en dimensión humana las características de la protesta de los humildes trabajadores, pero si se trata de decir la verdad hay que señalar que, por más que se expongan los más variados argumentos, el Estado municipal no podrá satisfacer demandas laborales que nacen de algunas confusiones que merecen ser aclaradas. Los becados, que suman cerca de 5.000, no forman parte de un escalafón ni una carrera administrativa. Son beneficiarios de una ayuda que, no por casualidad, lleva el nombre de “Capital social” y no crea obligaciones legales. Tampoco demandas horarias o de producción.

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En el caso de la administración municipal, como pocas veces se hizo en más de 35 años de democracia, se llevan a cabo concursos para la contratación de empleados de planta, los cuales en lo que va del 2019 apenas superan el centenar. Mientras tanto, por las dudas alguien ignore o soslaye la desocupación, damos cuenta hay cerca de 20.000 personas anotadas para la becas del “Capital Social”. Un combo verdaderamente dramático que choca de frente con presupuestos que no dan para más. Por último, no fue extraño al conflicto el componente político. Aunque no se lo dijo oficialmente, un funcionario se tuvo que ir por alentar excesos demagógicos que no habrían sido aceptados por el intendente Jalil.  

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El acuerdo alcanzado por multinacionales de renombre para la explotación de Agua Rica fue, por lejos, una de las mejores noticias de los últimos tiempos para Catamarca. La puesta en marcha del proyecto, después que la delegación que encabezara Lucía Corpacci en Canadá refrendara sus términos, está asegurada. La provincia, por espacio de unos 25 años, será una muy bien acomodada accionista a la hora de repartir ganancias: se quedará con el 3% de un proyecto largamente millonario en dólares. Esto, independiente del cobro de ingresos brutos y regalías. Sin embargo, la buena nueva vino a generar discordias y resentimientos en quienes, quizá porque no supieron informar correctamente a los catamarqueños (como si lo hizo, en forma exclusiva, El Esquiú), quedaron pagando en sus apocalípticas predicciones. Fueron los que, en todo momento, apostaron al fracaso del proyecto como forma de denostar a un organismo provincial como CAMYEN, eje central de las negociaciones que terminaron sellando beneficios espectaculares para Catamarca. Es que aparte de Agua Rica, se pudo recuperar para el patrimonio provincial el área de Cerro Atajo, que fuera entregada a mercenarios de la minería cuando se creó la tristemente célebre SOMICA y, más tarde, sometida a una controversia judicial que ha sido superada.

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Una vez que los inversores –Glencore, Yamana Gold Corp- presenten a la provincia la Declaración de Impacto Ambiental (DIE) que asegure tranquilidad de los habitantes de los departamentos mineros, el proceso habrá de superar varios de los escollos que, hasta ahora, se habían presentado. Cualquier juez, con la garantía ambiental, dará luz verde a la explotación y pisará ordenanzas tramposas como las que aprobaron los concejales que prohibieron la minería en la cuenca del río Andalgalá. Todas estas chicanas y jugarretas políticas, por la envergadura del emprendimiento, caerán irremediablemente. Primero porque son inconstitucionales y segundo porque contradicen a la propia carta orgánica de la jurisdicción que gobierna Alejandro Páez (presidente de la UCR), la que afirma taxativamente que hay que propender a la explotación de la minería. Por lo tanto, lo de “obstáculos judiciales y políticos” que pregona un conocido medio de comunicación no son tales. Y si los hubiere, por el bien de los catamarqueños, habrá que superarlos.

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Todavía hay margen de suspender las PASO en el ámbito de la Capital provincial, como lo propuso Raúl Jalil, pero ese margen es mucho más limitado. Todos los concejales de Cambiemos votarían en contra y serían acompañados por representantes oficialistas como Ivana Ibáñez, Maxi Varela y Ariel Pedemonte que valoran el sistema de internas que, a ellos mismos, los convirtió en concejales. En relación al voto negativo de la oposición, hay que decir que está avalado por la conducción de la UCR que, a ciencia cierta, sabe que la aprobación del proyecto podría crear un cisma partidario de características imprevisibles. Igual sentimiento impera en todos los socios de Cambiemos que, como nunca antes, necesitan dirimir pocos puestos electivos entre muchos interesados. En menor medida, cabe destacarlo, el peronismo también requiere de las PASO.

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Las internas en Andalgalá, a propósito de las PASO, están que arden. En el oficialismo, se consolida la idea de reemplazar a Alejandro Páez (cumple el 10 de diciembre su segundo mandato) por el titular del Concejo Deliberante, José “El Mono” Cativa. La cuestión, sin embargo, no es definitiva. Hay sectores que alentarían otras candidaturas, como la Eduardo Córdoba, y tampoco se descarta que la esposa del intendente –Ivana Flores-, hoy enfrentada con Cativa, pida definir la candidatura por medio de la interna. En el peronismo, el panorama es bastante parecido. Miguel Gutiérrez, un empresario del transporte que camina seguido los barrios andalgalenses, ya se anotó y no se descarta que, en los próximos tiempos, le surjan rivales. En esa dirección se habla, por ejemplo, del concejal Sebastián Almada o del exintendente José Eduardo Perea. A todos, en los últimos días, se les habría dicho lo mismo. Esto es, que el gobierno no jugará hasta después de las PASO. ¿Será?

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El exintendente de Recreo, Daniel Polti, acaba de expresar sus dudas en torno a una posible candidatura en las próximas elecciones. Sin necesidad de abandonar la política, el hombre descree que pueda postularse y, al parecer, no le atrae ninguno de los cargos que se ponen en juego. Más allá que se trata de una decisión personal, sin dudas es una posición respetable. Todos saben en Recreo y en la provincia que, bien o  mal, la Justicia lo condenó por un delito muy grave y que, en estos tiempos, se torna intolerable para la sociedad. Hubo una mujer que se fue de este mundo en circunstancias dramáticas y Polti fue el acusado. Si él piensa que estas cosas, con el tiempo, pasan al olvido, se equivoca de punta a punta. Mucho menos si de por medio existe una disputa política, en la que suelen surgir las peores miserias humanas.

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RECUERDOS. Como todos los jueves, domingos y martes, cerramos los “Apuntes del Secretario” memorando acontecimientos ocurridos hace 25 años. En los primeros meses de 1994, con gran intensidad e interés de los ciudadanos, se discutía el traspaso de la caja de jubilaciones de Catamarca, más conocida como “el IPPS”, a la órbita nacional. El proyecto, finalmente llevado a cabo junto a otras 12 provincias argentinas, originó por ejemplo una reunión entre exfuncionarios del Frente Cívico y el exSecretario de Seguridad Social de la Nación, Walther, Shultes, quien prometió que se respetaría el 82% móvil que, a diferencia de la nacional, fija la Constitución provincial. También se acordó en aquel cónclave que OSEP atendería la salud de los transferidos, por lo cual la administración de Lucía Corpacci inició, no hace mucho, el juicio que debieron instar otros para compensar aquellos gastos. El exinterventor del IPPS, Jorge Greco, no se cansaba de repetir que se trataba de un acuerdo muy favorable. El principal asesor de Arnoldo Castillo en aquellos tiempos, Aldo César Hugo Nieva, no opinaba lo mismo. Para él, la Nación no iba cubrir el déficit en la medida que no hubiera una cesión de una porción de la coparticipación federal, lo que finalmente ocurrió. En cuanto al 82% móvil, como se sabe, también hubo promesas incumplidas. La provincia debió crear un organismo, la AGAP (Administración General de Asuntos Previsionales), al que aportan todos los estatales catamarqueños para poder pagar ese porcentaje.

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El expresidente Alfonsín, después de dejar la presidencia en 1989 y quedar a cargo del comité nacional de la UCR, fue un gran defensor de los derechos de los trabajadores. Así, el 14 de marzo de 1994, afirmaba que su partido de ninguna manera iba a apoyar un proyecto laboral que pudiere dejar a la intemperie a un trabajador. A cambio de eso, se mostraba dispuesto a establecer los diálogos necesarios para colaborar con el gobierno de Carlos Menem.