Aparte de confesar algo terrible, como la afirmación que la Justicia de Catamarca resuelve el 5 o 6 por ciento de los casos por año, el juez supremo José Ricardo Cáceres sigue acicateando a los legisladores provinciales, a los que virtualmente trata de ociosos por no tratar el juicio político en su contra. Hace pocas horas volvió a politizar el caso, al indicar que “un miembro de la Corte no se puede amilanar ante un energúmeno” (¿se referirá al abogado Eduardo Andrada que, en línea con el Colegio de Abogados, planteó su posición de franca irregularidad?) y completó su pensamiento señalando que el motivo de fondo es forzar su renuncia al cargo, como la de Amelia Sesto de Leiva. Frente a los micrófonos de radio Valle Viejo, reiteró que las acciones en su contra forman parte de un circo, tal como lo dijo el año pasado cuando, irónicamente, pidió que inviten a la comisión de Asuntos Constitucionales a “Piñón Fijo” y al “Chavo del 8”. En definitiva, los ataques de Cáceres a la Legislatura se suceden sin interrupción alguna y tiene la suerte que ciertos sectores del periodismo lo dejen decir lo que quiera sin siquiera hacerle una repregunta. Por ejemplo, se le podría solicitar que diga cuál es su situación con respecto a la jurisprudencia que existe en la Argentina sobre la edad de los magistrados y cuáles son los fallos por los que se mantiene en cabeza del Poder Judicial. También quiénes votaron esos fallos y, para conseguir el objetivo de eternizarse en el cargo, si su persona no tuvo participación indirecta en ellos.

Resulta tan falaz el pensamiento de Cáceres al aludir a hipotéticas demoras cuando, efectivamente, en su caso no las hay. Veamos la secuencia cronológica. El 1 de agosto de 2018 ingresó a la Cámara acusadora la solicitud de juicio político y, recién en las vísperas de la Navidad, se conocieron los despachos de comisión. Dos de ellos presentados por miembros de la UCR, precisamente el partido que lo ungió juez, y otro de la mayoría que, sin cháchara, pedía la separación del magistrado. Después vinieron las vacaciones, en la que todo el aparato del Estado (incluyendo a los tribunales) no trabaja o, si lo hace, aplica el modo cansino. Los diputados, por su parte, están en receso hasta el 1 de mayo y no son muy guapos que digamos como para dejar de lado cualquier tema y darle con el gusto a quien no se cansa de agredirlos.

A todo esto, tratándose de un juicio político a miembros del máximo tribunal, aplica hacerle conocer a la ciudadanía cómo es la verdadera historia. En ese marco, en virtud de la envergadura del caso (el primero desde la restauración democrática), de ninguna manera se puede convocar y, sin análisis a fondo, proceder a la votación. Esta es la cara pretensión de Cáceres que, sin argumentar, confía en que los radicales de toda laya votarán en contra del juicio político. Independiente de cómo termine esta historia, la imagen de la Justicia seguirá opacada y todos los fallos de Cáceres sufrirán de la condigna reprimenda. En esta dirección, lo mejor que puede ocurrir es abrir el debate y que el acusado, si es que puede, se defienda de una larga historia de truculencias políticas por las cuales se vio favorecido. Cómo no decir esto si hablamos de una persona que renunció al cargo y 28 días más tarde, sin que existiera de por medio un mínimo concurso, volvió a jurar. Después completó la estrategia de permanencia fallando a favor del Procurador para que éste –Enrique Lilljedahl-, al poco tiempo, fallara a favor suyo. ¿Estas cosas quiere Cáceres que se traten en una sesión express para quedar liberado de las acusaciones? Nos parece que exige demasiado y, para peor, lo hace con tono despectivo.

El incidente del fin de semana, en el cual se vio involucrado el intendente Gustavo “El Gallo” Jalile, no pasará de una anécdota. La agresión no se consumó y no hay lesiones como para justificar medidas correctivas extremas. Más allá de eso, queda la lectura política. En el lugar de los hechos, increíblemente, hubo varias personas que alentaron una golpiza, lo cual está mal. A Jalile hay que analizarlo por su gestión y Jalile, de una vez por todas, tiene que acabar con agresiones verbales que lo convierten en un bravucón. Debería seguir el viejo adagio “quien siembra vientos, cosecha tempestades”.

La reciente negociación de la provincia con las multinacionales mineras, celebrada en Canadá, ha merecido grandes elogios de los expertos en la materia y frases laudatorias de los funcionarios nacionales para reafirmar, siguiendo a Macri, que están llegando inversiones al país. Si bien se reconoce el apoyo de las autoridades nacionales, queda claro que la política minera local –ordenada con relación al pasado- resultó fundamental para reactivar un proyecto varias veces millonario como Agua Rica. Así lo expresó el titular de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace, al analizar los términos del acuerdo que firmó Lucía Corpacci. Lo hizo en estos términos: “la foto se la saca cualquiera, pero la provincia es la que ha hecho todos los esfuerzos. Hay que valorar, entonces, la labor de la provincia, que siempre ha estado detrás del proyecto”. Cuando este dirigente habla de la provincia, obviamente, está refiriéndose a CAMYEN, la empresa que reactivó desde la ruina a Minas Capillitas y que, además de movilizar el proyecto Agua Rica, puso asepsia legal sobre los yacimientos que forman parte del área Cerro Atajo. Han salido del litigio judicial y volvieron a ser parte del patrimonio provincial.

La edición del último domingo de El Esquiú.com incluyó una denuncia de usurpación de un terreno en la localidad de San Antonio, en Fray Mamerto Esquiú. Los ciudadanos Bautista Pauletto e Iris Cainzo, propietarios de un terreno que se ubica al frente de la escuela 264 “Provincia de Buenos Aires” y al lado de una cancha de fútbol 5, indicaron que un docente de apellido Barrionuevo pretende poner una cancha de vóleibol en un lugar físico que no le pertenece y que, conforme a la voluntad de ambos, puede hacer las veces de playa de estacionamiento para los empleados del establecimiento educativo. Lo curioso del caso es que las autoridades municipales, encabezadas por el intendente Guillermo Ferreyra, conocerían muy bien el problema, toda vez que el delegado de San Antonio supo adecuar en su momento el terreno para darle utilidad plena. Lo mismo debería hacer ahora y de paso, con la omisión o el silencio, no prestarse a una usurpación lisa y llana.

Logró importante del ministro de Salud, Ramón Figueroa Castellanos, que propició la contratación de un médico venezolano para que atienda a la población de Siján, en el departamento Pomán. Por supuesto, se trata de una situación aislada dentro del problema general que significa la falta de profesionales de la salud en numerosos puntos del interior. En esta dirección, estaría bueno que las autoridades creen los mecanismos de incentivación para que los médicos vayan y se queden en el interior profundo. No hace falta agregar que, como mínimo, deberían tener una remuneración diferenciada de los profesionales que trabajan en el Valle Central y un lugar para vivir. Si no ocurren tales presupuestos, será muy difícil dar solución a las limitaciones que existen en postas y hospitales. Mientras esperamos otras buenas noticias, celebramos que, por lo pronto, los habitantes de Siján estén a resguardo.

RECUERDOS. Como todos los jueves, domingo y martes, incluimos en el último bloque la recordación de acontecimientos pasados.
En marzo de 1994, como lo dijimos el martes, se discutía el tramo final de la relación entre la provincia y Minera El Altiplano –subsidiaria de FMC- para la explotación del Salar del Hombre Muerto, situación que terminó definiendo el menemismo a través del secretario de Minería de la época, Ángel Maza. Días antes del acto, en Casa Rosada, para dar cuenta del acuerdo, el titular de la minera, Gonzalo Tufino, anunciaba la creación de 1.000 puestos de trabajo y acotaba “normalmente la minería y esto es casi una regla, por cada empleo que se crea en la mina, se generan cinco empleos adicionales en servicios en las zonas de influencia del proyecto”. También, ante el ex secretario General de la Gobernación, Ricardo Guzmán, se anunciaba que el proyecto se adelantaba 30 meses en su concreción. La verdad es que las cosas, al menos para Catamarca, no fueron como decía Tufino. Los puestos de trabajo fueron para los salteños, lo mismo que regalías y ganancias. Catamarca, recién en los últimos años reclamó, como aportante del agua, derechos para los antofagasteños.

A propósito de los resultados del acuerdo por el Salar del Hombres, hubo tres diputados del Frente Cívico que se opusieron. Ellos fueron Mario Marcolli, Alejandro Galíndez y Pablo Ernesto Sánchez. Declaraban entonces “nos encontramos en las vísperas de la entrega total de una de las reservas más importantes del país, con una vida útil de aproximadamente 75 años”. Bueno, ya van 25 y el Salar sigue dando excelentes resultados.

El Esquiú.com