La situación del radicalismo, a nivel, país, es delicada. Y, en buena medida, impacta en Catamarca. La discusión de fondo pasa por su continuidad en la alianza Cambiemos o la salida hacia un frente electoral totalmente distinto. Hasta hace pocos días, se esperaba la sesión de la convención nacional para que se votara una postura, tal como ocurriere en 2015 en Gualeguaychú (Entre Ríos) cuando, por leve diferencia, triunfó la idea de formar alianza con el PRO que llevara adelante el exsenador y expresidente del comité nacional, Ernesto Sanz. Por estas horas, en cambio, se buscaría apurar los tiempos y tratar de conformar una alianza progresista –cero neoliberal- que, junto al peronismo federal y los socialistas, levante la candidatura presidencial de Roberto Lavagna. En términos de coherencia, la medida no sería disparatada. Es que la UCR nació como una fuerza de izquierda (Yrigoyen o Alfonsín, por citar dos casos, no tienen nada que ver con el capitalismo en sus diversas variantes) y en cuanto a Lavagna no hay que olvidar que ya fue su candidato presidencial (año 2007), además de funcionario del gobierno alfonsinista cuando se desempeñó como representante ante la Unión Europea. En síntesis, no se esperaría la convención para sellar un divorcio con el macrismo. ¿Será como dejan entrever medios de comunicación muy bien informados?

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En Catamarca no se toman medidas, ni se van a tomar, en la medida que la conducción nacional no fije postura. Aquí no hay rebeldes de enjundia como para copiar los modelos cordobés o capitalino. Muchos menos si la plata de campaña la tienen que poner los dirigentes. De hecho, en los últimos diez días, los radicales locales se reunieron en tres oportunidades y no avanzaron prácticamente en nada. Lo más rescatable en términos de definiciones surgió de boca del presidente del comité Capital, Roberto Gómez, quien se animó a decir que los candidatos serían designados por la convención lo que, de concretarse, puede ser una bomba explosiva, al punto que se podría quebrar el Partido dando nacimiento a dos listas diferentes para enfrentar los comicios del 27 de octubre.

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Esto último tiene que ver con un hecho concreto. Los tres cónclaves convocados por el castillismo y sus aliados circunstanciales (CPR, Vanguardia, Cantera Popular, Renovación Popular y Trabajadores Radicales) no contaron con la presencia de los sectores principales, entre ellos los que encabezan Ricardo Guzmán y Eduardo Brizuela del Moral. Tanto en el comité Provincia, como en la villa de Ancasti o en el comité Capital, se dijo que hubo invitaciones “en tiempo y forma” y que las ausencias obedecen a un comportamiento de rebeldía que no alcanzan a comprender, aunque no resulta difícil hacerlo. A lo que sería hoy la oposición, encabezada por el exgobernador, la Junta Electoral dominada por el castillismo le impidió participar de las internas partidarias del 2 de junio de 2018, lo que más tarde fue refrendado por la Justicia Electoral que, lógicamente, no iba a solucionar algo que los propios radicales se negaron a enmendar. A partir de ese momento se acabaron los contactos y se dijo que el pleito iba a ser resuelto en las PASO. Si ahora Gómez habló de la convención, la cosa cambia. Es que también el principal órgano deliberativo y de decisión está dominado por quienes fueron consagrados sin necesidad que los afiliados voten. ¿Se repetirá la historia y solo habrá lugar para los “orgánicos”? Independiente de la respuesta, Brizuela del Moral y Ricardo Guzmán celebraron los 28 años del Movimiento Renovador y, como lo reflejan las crónicas, el primero habló de unidad. ¿Entonces por qué faltó a las citas castillistas? ¿O se refirió a la unidad después de las PASO? Nos inclinamos a pensar que lo dijo pensando en esta última postura.

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Hablando de los convencionales, hay una noticia que pocos conocen. El reconocido militante de las 1.000 Viviendas –fue candidato a concejal en 2015-, Enrique Sir, hizo una presentación en la Justicia denunciando la existencia de una convencional trucha, cuyo apellido sería Casas. Esta mujer, conforme a lo que sabemos, no habría participado de “la interna que no fue” (2 de junio de 2018), o sea que no figuraba en la lista que encabezaba el castillismo y apareció después. Se trata, de ser cierto, de una flagrante violación que habría sido advertida por la Justicia y comunicada, a los efectos del descargo, al titular del comité, Alejandro Páez. Pero allí no terminaría la cosa. A mediados de la semana, el mismo Sir volvería a la calle República para impugnar a dirigentes que, de acuerdo a la carta orgánica, son morosos con el partido por no aportar un porcentaje de los sueldos que ganan en representación de la UCR. Esta situación, aparentemente de forma, podría cobrar valor inusitado a la hora de la presentación de candidaturas. No vaya ser que, por morosos, no puedan participar de la próxima elección. Obviamente, se trata de otra consecuencia clave del 2 de junio que, por caprichos y falta de entendimiento, no pudo realizarse. Un detalle de color: entre los morosos, a la cabeza, aparece el propio presidente de la UCR, el andalgalense Páez.

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A la lista de potenciales precandidatos que van surgiendo en filas oficialistas, en los últimos días se sumó otro que tiene importancia y gravitación. El actual Secretario General de la gobernación, el licenciado Edgardo Macedo, le habría confiado a sus íntimos que se postulará como diputado nacional. Todo habría surgido en las últimas semanas, a partir que el senador Raúl Chico asegurara a El Esquiú que, cueste lo que cueste, se presentará en las primarias del 11 de agosto. Demás está decirlo, sería un duelo para vivirlo de cerca, mucho más si se suman pretendientes al mismo cargo como Fernando Jalil o el mismísimo Luis Barrionuevo, de quien sospechan que su interés va por la banca que debe dejar Verónica Mercado y no por la gobernación.

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La inauguración de la remodelación del Hospital de Niños “Eva Perón”, una de las mayores preocupaciones de Lucía Corpacci en sus más de siete años de gobierno, dejó condimentos políticos a granel. Uno de los más notorios fue la presencia de la columna que encabezó el Secretario de la Vivienda, Fidel Sáenz, quien ha confirmado sus intenciones de disputar la candidatura a intendente de la Capital. Acompañado por numerosos seguidores, entre ellos cuatro concejales peronistas (Mauri Varela, Antonella Di Césare, Ivanna Ibáñez y Ariel Pedemonte), sus carteles proclamando la continuidad de Lucía como gobernadora se hicieron notar de manera contundente. El aserto “hay esperanza con Lucía 2019”, tiene que ver con la fundación “Capital Esperanza” con la que trabaja el reconocido dirigente deportivo (presidente Defensores del Norte), exdiputado provincial y, al menos hasta ahora, exitoso Secretario del equipo gubernamental. La presencia de los concejales, por otro lado, torna muy difícil la suspensión de las PASO en el ámbito capitalino, mucho más si se considera que no habría votos radicales a favor de la suspensión. Esto se confirmó en la reunión que antenoche, en el comité Capital, presidió el médico Roberto Gómez.

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Durante varios años, el intendente andalgalense manejó como quiso los hilos administrativos y políticos de su jurisdicción. Con la mayoría del Frente Cívico en el Concejo Deliberante, más la anuencia de impávidos representantes del peronismo, el hombre funcionó como un virtual mandamás. Paradójicamente, cuando agregó la chapa de presidente del comité provincial de la UCR, a Alejandro Páez –de él hablamos- le han surgido escollos impensados. El bloque opositor, finalmente, se puso en contra y un hombre de la propia tropa, José Luis Olaz, amenaza con formar un bloque unipersonal y convertirse en árbitro de muchas votaciones. En las últimas semanas, por ejemplo, una ocurrencia del intendente no recibe la aprobación de los concejales y, aparte, no hay ni siquiera sesión. Se trata de un adicional en efectivo que reemplaza al viejo bolsón de mercadería para los empleados que Páez lo extendió para él y sus funcionarios, dejando de lado a los ediles. Estos también son ñatos y quieren, al parecer, una participación similar o no hay aprobación. Es más, en una sesión especial que podría realizarse mañana, tratarían de aumentar para los viáticos que se pagan en Andalgalá que, como los sueldos, son bastante bajos. Más allá de las cuestiones personales, Páez comienza a sentir el efecto de la falta de regalías mineras y del fono sojero que anuló el gobierno nacional.

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RECUERDOS. Como todos los domingos, martes y jueves, incluimos en el último bloque la recordación de acontecimientos pasados. En marzo de 1994, el Caso Morales llevaba casi cuatro años en la tapa de los diarios del país y la noticia de aquel momento era el cortocircuito entre los abogados de la víctima, doctores José Alberto Furque y Lila Zafe. Esta última, que había sido reemplazada por el primero, señalaba a cada nada que el reconocido profesional era demasiado indolente en su cometido. Le recriminaba haber dicho en la televisión nacional que el crimen pudo haber sido un preterintencional, es decir matar sin intención. Furque, que a los pocos meses renunciaría a la acción civil, solamente indicó “voy a responder con una querella”. Se trataba del resultado inevitable de dos formas distintas de atacar el caso. Furque lo hacía desde lo jurídico y Zafe desde lo político.