De pronto, las quejas por el aumento de las tarifas que provocaban lamentos en todas las provincias argentinas, llegaron a Catamarca. Lo que se inició en Recreo como un tibio reclamo, cobró fuerza esta semana en San Fernando del Valle, donde los usuarios recibieron una exigencia de pago que, tranquilamente, en la gran mayoría de los casos, supera sus posibilidades económicas y, especialmente, el cálculo de sus gastos. Dejando de lado a los que pueden y disponen de un holgado presente, porcentaje que no supera el 20% de la población, para el resto de los mortales recibir una factura con valores dobles o triples respecto a la anterior, es más más o menos como un directo al hígado antes de precalentar. No extrañó, entonces, la movida pública del día martes, que terminó con una importante reunión en el propio despacho de la gobernadora, quien ofreció a los titulares de la UIA y la Unión Comercial –Carlos Muia y Sergio Segli, respectivamente- la mayor colaboración, atendiendo pedidos como la desaparición del ENRE y la eximición del cobro del espacio aéreo por parte de los municipios, aparte de la presentación de un amparo ante la Justicia para frenar los embates nacionales ordenados por el equipo de Macri.

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La posición de Corpacci, queda claro, no sorprendió a nadie. Desde hace más de un año eleva un airado discurso contra las políticas nacionales en materia de servicios públicos y la quita de los subsidios a la energía, una práctica que se aplica en todos los países del orbe. En relación al ENRE y al cobro de los municipios, aclaró expresamente, puede servir de intermediaria, pero la decisión final correrá por cuenta de las fuerzas políticas y los intendentes, que gozan de autonomía plena para tomar este tipo de decisiones. Raúl Jalil, en ese sentido, ya hizo punta y mostró disposición a colaborar. También la empresa de energía podría revisar el Valor de Distribución (VAD), que tiene su costo y su sentido social. Una empresa, privada o pública, no puede funcionar porque respirar el aire sea gratis. Necesita, por lo menos, para sueldos y mantenimiento.

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Después del análisis de situación, nadie duda que la responsabilidad superlativa de este latrocinio público fue concebido y llevado a cabo por las autoridades nacionales a favor de los pulpos empresarios, entre los cuales figura CAMMESA, la distribuidora de electricidad que tiene en Catamarca quien la defienda, esto es, los legisladores locales de Cambiemos –radicales en la mayoría de los casos- y el medio de prensa que se vale de ridículas y forzadas explicaciones para tratar de igualar las responsabilidades entre la Nación y la provincia. No hay pie de igualdad. El Ancasti –a él nos referimos- exterioriza, una vez más, su profundo, conocido e indisimulable antikirchnerismo, el cual mantiene desde hace 10 años. Culpa de la situación actual a los subsidios que el gobierno anterior repartía entre ricos y pobres, acotando que estarían bien si hubieran sido segmentados. Para disimular el gorilismo que les brota por todos los poros, nada más que de refilón, critica al macrismo de haber borrado de un plumazo los subsidios en general. Prueba irrefutable de lo que afirmamos fue la cobertura de la convocatoria del día martes en plaza 25 de mayo. Mostraron fotos de la gente y las pancartas, pero ninguna que inculpe a Macri por las tarifas, las que fueron amplia mayoría en el acto.

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A propósito de las prácticas kirchneristas tan vapuleados por los periodistas y propietarios de El Ancasti. En la Bolivia, donde gobierna Evo Morales, se implementaban las mismas o algunas de sesgo parecido. Sin embargo, ese país crece al 5% anual, no tiene inflación, no tiene desocupación y los servicios, ¡si los servicios!, son considerados derechos humanos. En 20 años, para mayores datos, expulsó del territorio boliviano a la embajada norteamericana, a la Coca Cola y a Mac Donald y, menos que menos, cedió el control de la información a los medios tradicionales. De estas cosas, por supuesto, los muchachos que critican los subsidios indiscriminados no hablan ni una sílaba. Tampoco contestan, dado que su estatura intelectual no les permite entablar “discusiones baratas” con otros medios como El Esquiú.

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Volvamos a Catamarca. Se pidió, con insistencia, que en el conflicto por las tarifas no tuviera condimentos políticos. Vana pretensión. Los sectores de la oposición, aunque resulte imposible engañar a la población, se dieron maña para endilgar culpas a quien solamente tiene que pagar lo que nación cobra por la energía: la empresa local EC SAPEM. Aparte de los Lobo Vergara, Colombo o Monti, aparecieron el senador nacional Dalmacio Mera y sus conocidos adláteres tratando de aportar combustible a los fuegos de la discordia. Ni siquiera repararon que, en el pasado cercano, tuvieron relaciones carnales con el Frente Cívico y fueron empleados serviles de la familia Taselli, la que destruyó en diez años el sistema energético local. ¡Memoria, muchachos!

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Hablando del senador Mera. Antes de haber pasado a filas enemigas y olvidarse de quienes lo llevaron a figuraciones políticas de envergadura, realizó acuerdos con el rector de la Universidad de Catamarca, Flavio Fama, a partir de los cuales ambos vienen haciendo política. Por cierto, con total legitimidad.  El martes pasado, en un acto de importancia llevado a cabo en el aula magna, presentaron el programa “Hacemos”, una especie de diagnóstico de la provincia y sus necesidades básicas para apostar al crecimiento. Se trata de un estudio valorable que, aunque no sea profundo ni exhaustivo, suma como aporte a las acciones de gobierno. Más allá de su valoración y/o aceptación, queda claro que detrás de “Hacemos” está la política partidaria y los movimientos políticos del tiempo inmediato. Fama, sin dudas, es el principal beneficiado, en orden a que figura en la grilla de los potenciales precandidatos y propondría, entre otros argumentos, llevar como colaborador a Mera quien, definitivamente, blanquearía su posición ideológica incorporándose al Frente Cívico, con el cual tiene vínculos –políticos y familiares- estrechos, al punto que adhirió con su silencio en los 20 años de los gobiernos castillista y brizuelista. Inclusive se aprovechó de ellos para llegar a colaborar con la tristemente célebre EDECAT, la empresa de los Taselli que estafó a los catamarqueños y cuyo contrato fue rescindido por el propio Frente Cívico.

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Si la mentira pudiere ser personificada, el gran candidato a caracterizarla sería el Jefe de Gabinete de ministros, el inefable Marcos Peña. Fue el primero que, ante un reclamo de la senadora Blas, afirmó que las tarifas son responsabilidad de los gobiernos provinciales y, ayer, durante la sesión de la Cámara de Diputados, volvió a hablar de las inversiones millonarias que realiza el gobierno nacional en territorio catamarqueño. De esa manera, señaló 159 obras y destacó, entre ellas, al dique El Bolson, la ruta 46 Andalgalá-Belén, 3.000 viviendas o la remodelación del Hospital de Niños. Todas, absolutamente todas, provienen de la gestión anterior y, por fortuna, la gente lo sabe. Por ello, como no hay emprendimientos genuinos de la Nación –no los inventados por Peña o por los carteles del Plan Belgrano-, el Jefe de Estado tiene niveles altísimos de imagen negativa en Catamarca. Lo puede comprobar, fehacientemente, cualquier ciudadano que se anime a consultar a diez transeúntes cualquiera, a un par de taxistas o a trabajadores al azar.

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RECUERDOS. Como todos los jueves, domingo y martes, cerramos los “Apuntes del Secretario” con el repaso de acontecimientos del pasado. Hace exactamente 25 años, en todo el país, se votaba para elegir los constituyentes que debían reformar la Carta Magna. El Partido Justicialista se imponía en el cómputo general, pero no lograba mayoría. Lograba 135 bancas, contra 71 de la UCR, 30 del Frente Grande, 20 del MODIN y 7 de Fuerza Republicana. Con los representantes de los partidos provinciales, teóricamente, la oposición podía llegar a tener la mayoría. En Catamarca, cabe destacarlo, fue una elección reñida y, por muy poco, el Frente Justicialista, desde la oposición, no se alza con la victoria. El Frente Cívico y Social le ganó 54.694 a 53.388 (la diferencia fue de 1.306), pero hasta la madrugada del lunes 11 de abril de 1994 el resultado era incierto. De esta forma resultaron electos constituyentes Simón Hernández, Marita Colombo, Augusto César Acuña y Ricardo Guzmán por el Frente Cívico. Por el Frente Justicialista lo hicieron Pilar Kent de Saadi, Ricardo Diego María Moreno (progenitor del exjuez Moreno y del senador Jorge Moreno) y Héctor Díaz Gimenez. Aldo Lencina, por escasos votos, no pudo ser constituyente.

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Aquella elección es recordada por los memoriosos como la única en la que el Frente Justicialista, en 20 años de predominio del Frente Cívico, estuvo cerca de la victoria. El hecho le abrió esperanzas para los comicios provinciales de 1995 en los que, por cifras de mayor contundencia, iba a morder el polvo de la derrota con la candidatura de Ramón Saadi, quien volvió a caer frente a don Arnoldo Castillo. Esta historia se repitió hasta el 13 de marzo de 2011, cuando Lucía Corpacci desplazó del poder a los radicales.