La idea de poner un freno al tarifazo en el servicio de energía ya tiene el acompañamiento de dos de los tres poderes del Estado. Sucede que al planteo judicial, mediante un amparo, presentado por el Ejecutivo, se sumó el respaldo de la iniciativa por parte del Poder Legislativo.

Ello se desprende de los decretos emitidos por las presidencias de ambas cámaras, es decir, por Fernando Jalil en Diputados y Omar Solá Jais en el Senado. 

A través del instrumento citado, los titulares de ambas cámaras expresaron “el irrestricto apoyo a la decisión del Poder Ejecutivo de la Provincia, de accionar judicialmente en el Fuero Federal, peticionando la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución N366/2018” emanada por la secretaría de Energía de la Nación.

Al mismo tiempo, acompañan el planteo legal realizado por la Provincia con una medida cautelar de no innovar. El objetivo es poner un freno e impedir los inminentes aumentos tarifarios del servicio de energía eléctrica. Es decir, los incrementos nacionales del 55 por ciento divididos en tres partes, de los cuales uno ya impactó (el 26% de febrero) restando el de marzo (14%) y el de abril (4%).
El documento firmado por los presidentes de ambas cámaras  expresa también “el más enérgico repudio a las medidas consuetudinarias adoptadas por el Gobierno Nacional, de alto y artero impacto negativo para la producción, los servicios y los consumidores residenciales de Catamarca”.

Dentro de los fundamentos se indica que la resolución emitida por el Gobierno Nacional a través de la secretaría de Energía “es contraria a los artículos 1, 14, 16, 17, 42 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional”. ¿El motivo? Porque vulnera “derechos, tomándose confiscatorio e impactando fuertemente en la economía de las familias, comercios e industrias catamarqueñas, especialmente en los sectores más vulnerables y de escasos recursos, quienes deben afrontar el pago de facturas de electricidad con montos que afectan gran parte de sus ingresos”.

También menciona que, como titulares del Poder Legislativo de la Provincia, “órgano parlamentario donde confluye la expresión del pueblo, expresan bajo imperio de la Constitución de la Provincia el apoyo absoluto a las acciones judiciales presentadas por el Poder Ejecutivo en legítima defensa de los derechos de los usuarios consumidores de la provincia”.