La diputada provincial Analía Brizuela respondió el dictamen de ética partidaria emitido por el Tribunal de Disciplina de la UCR. En su descargo, la legisladora rechazó varios puntos, solicitando que “se resuelva” a su favor “no hacer lugar a ninguna de las sanciones solicitadas”. 

En primer lugar, la respuesta de la diputada plantea la nulidad de la notificación. Según el escrito, no existió “instrumento medio por el cual se lleve a cabo la notificación, es decir, la cédula”. “No puede pretender el Tribunal de Conducta que se ejerza el derecho a la defensa si no se ha conminado el número de expediente”, observa la diputada. 

Así, Brizuela realiza una serie de observaciones al dictamen de la apoderada. “Intenta citar textualmente a la presidencia del comité de Capayán en una de las denuncias, pero incluyendo palabras que no existen en ella. Es decir, cometen una falta grave a la ética profesional al mentir y ocultar la verdad”, apunta. 

A la vez, rescata que la apoderada considera que debe ser expulsada de la UCR, según el artículo 8 de la Carta Orgánica. “Sin embargo, no determina cuál de las cuatro causales es la que me imputa”, contestó. 

De esta forma, Brizuela aclara que el cargo de diputada representa a la población de la provincia y que los conflictos partidarios “no son trasladables al recinto legislativo”. 

La legisladora incluso instó al presidente del Tribunal de Conducta “a presentar las pruebas en la Justicia sobre sus dichos y participación en entidades de filiación totalitaria o antidemocráticas”.