La banda paraestatal que concretaba espionajes ilegales, extorsionaba, coaccionaba y armó declaraciones judiciales falsas no hizo distinciones partidarias. Durante la semana que empieza llegarán a Dolores cuatro dirigentes de la Unión Cívica Radical, entre ellos el ex gobernador Ricardo Colombi. El juez Alejo Ramos Padilla investiga la forma en que Marcelo D’Alessio, dos comisarios retirados, dos ex agentes de la AFI y el fiscal suspendido Juan Ignacio Bidone espiaron a los líderes radicales. El miércoles van a declarar en el juicio por lavado de dinero primero Martín Báez, el hijo mayor del constructor santracruceño, y luego el arrepentido Leonardo Fariña. La investigación sobre la banda de D’Alessio demostró la forma en que se armó la falsa declaración de Fariña como arrepentido, sobre la base de textos escritos por la Agencia Federal de Inteligencia. En paralelo, se espera la resolución de la Cámara Federal de Mar del Plata sobre la competencia del juez Ramos Padilla. Con la excusa de la incompetencia, el fiscal Carlos Stornelli cumplirá esta semana un mes en rebeldía, 30 días de un fiscal que no está a derecho. 

Corrientes
La pista del espionaje en Corrientes surgió de la declaración de Rolando Hugo Barreiro, Rolo. El espía contó que D’Alessio intervino en maniobras en Corrientes y además exhibió llamadas entrantes y salientes de Colombi y otros dirigentes radicales –Sergio Flinta, Eduardo Tassano, Eduardo Vischi– durante una reunión con el senador Carlos “Camau” Espínola. 

En la indagatoria del fiscal Bidone éste admitió que requirió los listados telefónicos de los referentes correntinos y también informes de Migraciones. Su explicación fue asombrosa. Sostuvo que en 2017 D’Alessio le dijo que en Itatí podía haber alguna evidencia de la ruta de la efedrina y el propio Bidone, además, recordaba que en su momento, cuando investigó el triple crimen de General Rodríguez, existía un laboratorio que compró efedrina y que se llamaba Itatí. Todo suena extraño: la ruta de la efedrina no existe desde hace ocho años y el triple crimen se produjo en 2008, es decir hace diez años. Encima, Bidone se declaró incompetente en esa causa en febrero de 2016, o sea que un año y medio después de dejar la causa, el fiscal estaba pidiendo cruces telefónicos y listados de entradas del país de un expediente que ya no tenía y de hechos ocurridos entre ocho y diez años antes. 

El espía Barreiro no fue aceptado como arrepentido pero su abogada, Tatiana Teranzo, reveló que cuando declare aportará más elementos que hasta ahora se guardó. Entre ellos dirá que Bidone cobraba mil dólares por cada informe de Migraciones y 600 dólares por cada listado de cruces telefónicos. Lo cierto es que para Ramos Padilla está probado que la banda paraestatal también espió en Corrientes y lo hizo a los dirigentes radicales. En la semana que empieza mañana van a ir a declarar los cuatro referentes de la UCR.  

Más casos
La banda y sus conexas actuó en una cantidad inaudita de casos. Como mínimo, en las extorsiones a los empresarios Pedro Etchebest, Mario Cifuentes, Pedro Barreiro y Víctor Palomino Zitta; al aduanero Gabriel Traficante; la coacción contra el ex empleado de Pdvesa Gonzalo Brusa Dovat; las cámaras ocultas contra los abogados José Manuel Ubeira y Javier Landaburu, el espionaje ilegal contra el ex marido de la esposa de Stornelli, el armado de la declaración falsa de Leonardo Fariña, la operación que se buscó hacer alrededor de la banda de narcos conocida como Los Monos, los acuerdos con el narco Ibar Pérez Corradi auspiciados por Patricia Bullrich; la fraudulenta imputación en el caso del doble crimen de Unicenter del ex titular de Hinchadas Argentinas, Marcelo Mallo; la declaración de D’Alessio en la causa del Gas Natural Licuado y, posiblemente, la intervención como testigo de identidad reservada en el expediente de las fotocopias de los cuadernos. 

Por lo que surge de investigaciones del juez, la banda también habría actuado en otra causa notoriamente armada y en la que también intervino Patricia Bullrich. 

Fue un expediente por supuesto lavado de dinero donde se acusó nada menos que al ex jugador de Boca Mauricio Chicho Serna, a la viuda y al hijo del fallecido narco Pablo Escobar Gaviria y al abogado Mateo Corbo Dorcet quien puso en marcha un proyecto inmobiliario en Pilar. El caso giró alrededor del colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, un empresario ganadero conocido en su país, que incluso exportaba carne a Estados Unidos. En 2016 la DEA lo denunció como narco y la causa en la Argentina se armó porque Piedrahita Ceballos invirtió en el proyecto inmobiliario en 2008, o sea ocho años antes, cuando el colombiano no estaba imputado de nada, entraba y salía de su país sin problemas y exportaba a Estados Unidos. Su inversión tampoco fue la neurálgica en el proyecto: aportó un seis por ciento. 

Patricia Bullrich y la justicia de Morón intentaron convertir el caso en “una nueva saga del Patrón del Mal”, según explicó la ministra. A Chicho Serna lo acusaron por venderle un auto y una casa a Piedrahita Ceballos y a los Escobar por haber presentado al colombiano al desarrollador del proyecto. Se pretendió armar un gran show para mostrar la lucha del gobierno contra el narcotráfico, pero la causa al final fue tan frágil que no dio para seguir haciendo publicidad. 

El expediente va camino a un juicio oral donde se podría producir una debacle de la acusación. 
En la investigación de Ramos Padilla ahora aparecen intervenciones de D’Alessio y su banda en el armado de ese expediente.