Fue la noticia saliente del lunes. La Casa Rosada designó como nuevo presidente de YMAD al contador público nacional Luis de Miguel. Reemplazará en iguales funciones al abogado Santiago Albarracín, a quien finalmente se le aceptó la renuncia que, por razones de salud, había presentado hace 30 días atrás. El cambio, según fuentes seguras, no modificará en nada la política que lleva adelante el organismo desde 2015. De hecho, de Miguel venía desempeñándose como gerente general y continuará la línea de su antecesor, de quien fue durante estos años su virtual mano derecha. Así las cosas, por ejemplo, mañana se refrendará en la Capital Federal el acuerdo entre YMAD y Agua Rica por el alquiler de las instalaciones de Bajo la Alumbrera, requisito fundamental para consolidar los distintos lineamientos del proyecto que llevarán adelante las multinacionales Yamana, Glencore y Gold Corp. También esta variante en el escalón más alto de la conducción de YMAD importa una lectura política. La dirigencia de Cambiemos en la provincia, que conocía la situación de YMAD y estaba alertada de la salud de Albarracín, buscó afanosamente capturar ese cargo para uno de los suyos. No lo pudo lograr, lo cual confirma absolutamente que, en materia de minería, el acuerdo del gobierno nacional con su par de la provincia no tiene fisuras.

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Durante la semana venidera, tras el discurso inaugural de la gobernadora Corpacci, la Legislatura provincial recobrará su ritmo habitual de actividades. Sin embargo, por imperio de la campaña –en junio se cierran alianzas y listas de precandidatos para las PASO del 11 de agosto-, se estima que las sesiones serán más espaciadas que el año anterior y, en el fragor de la puja electoral, se tratarían temas puntuales. Uno de ellos, sin dudas, sería el juicio político contra dos jueces de la Corte de Justicia que ya tiene despacho de comisión y aconseja la separación de ambos magistrados por infringir el artículo 168 de la Constitución Provincial y haber utilizado triquiñuelas, impropias de un juez, para burlar la letra del artículo 195. No será tema sencillo, toda vez que para consolidar la acusación se requiere el voto de los dos tercios de cada cámara. En la de Senadores, el oficialismo –conteste con el remedio constitucional- alcanzaría ese número sin problemas, no así en la Cámara Baja, donde se necesitan 27 votos y entre todas las tribus peronistas se reunirían 23. Sin embargo, no todos los radicales están de acuerdo con que, por razones partidarias, se vulnere la Constitución, que es el caso en discusión.

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A propósito del juicio contra José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva –ambos jubilados y mayores de 75 años-, durante la semana pasada, se habría producido una importante reunión para tratar este tema. De acuerdo a lo que pudo saber este secretario, la sostuvieron Cáceres y su mentor político, el senador nacional Oscar Castillo. Según las malas lenguas, la tranquilidad serrana de Ipizca, donde el caudillo radical tiene su finca, fue el lugar elegido para el cónclave. El juez, para el supuesto que todos los sectores de oposición no se pongan de acuerdo en su defensa, habría analizado allí la posibilidad de renunciar. Más allá de la estrategia que pudieron haber acordado a favor de la continuidad del juez, ambos saben que la diáspora radical –recién podría resolverse, si es que se resuelve, después de las PASO- puede convertirse en la Espada de Damocles para las acciones que puedan llegar a convenir.

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El jurado de Enjuiciamiento a Magistrados debería reunirse prontamente para analizar una presentación del abogado Mauricio Gabriel Toloza que, en nombre de Ramón Rosa Vega, pide la destitución del fiscal penal Víctor Ariel Figueroa. Lo acusa de abuso de autoridad, mal desempeño, violación flagrante de derechos, prevaricato y connivencia con quienes, de distinta forma, lo habrían estafado en el faenamiento de animales, lo que en su momento determinó el procesamiento del director del matadero municipal. Sin embargo, se explica en el pedido de Jury, que el fiscal habría vuelto sobre sus pasos y archivó la causa, provocando serios perjuicios económicos a Vega. En el escrito, se da cuenta que los hechos delictivos están debidamente probados y que, lejos de ser investigados, terminaron cajoneados. Este caso, que ya tuvo difusión pública, lleva varios años de debate y llama poderosamente la atención que, en momento alguno, los concejales de la Capital no se hayan interesado por saber cómo se manejaron las cosas en el matadero.

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Si bien el tema ya forma parte de la historia, para los catamarqueños jamás dejó de ser un misterio, en tanto los medios nacionales lo recuerdan año a año como un acontecimiento político que marcó un antes y un después en la Argentina. Por todo ello, llamó la atención las declaraciones que, por radio Valle Viejo, realizara hace diez días el abogado Luis Tula, uno de los condenados por el horrible crimen de la estudiante chacarera. Por primera vez, en casi 29 años, desligó de responsabilidades a Guillermo Luque y consideró que, como muchos sospechan, el crimen tuvo objetivos políticos. Sobre el principal acusado afirmó “Guillermo Luque no tuvo nada que ver con el crimen. Los ADN que nos hicieron no coincidían con los líquidos corporales que tenía de la víctima”. Preguntado si creía que mataron a María Soledad para voltear al gobierno de Saadi, respondió con detalles que también los plantea por primera vez. Leamos: “cuando alguien me explique quién trajo al Grupo Clarín, por qué vino. Cuándo alguien me explique quién financió la famosa película de María Soledad. Y cuando alguien me explique quién puso el dinero para la película ‘Las águilas doradas’, donde el argumento era que unos helicópteros Apache venían a invadir a un pueblo de Catamarca que estaba rodeado por la droga (eran 20 millones de dólares con actores de Hollywood) ahí podemos comenzar a hablar. Dejemos de hablar de fuegos artificiales, vamos al fondo de la cuestión. Y de ahí, como un elemento fáctico, empecemos a construir la pirámide del revés”. A buen entendedor, no hacen faltan más explicaciones.

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El Frente Cívico y Social, que está dentro de Cambiemos, comienza a delinear cuál será el discurso de campaña. Tratará de imponer en su agenda hechos de corrupción que, aunque no estén probados, pudieron haber tenido un desarrollo mediático y redoblará sus objeciones en cuanto al manejo que la provincia hace de los dineros públicos. En esa dirección, especialmente el castillismo (Lobo Vergara, Colombo, Valdez, Luna, etc), centrará sus observaciones en los tarifazos a la energía. Para los diputados del sector, el ataque a la estabilidad de las familias locales, o de empresas y comerciantes, no proviene de nación, aunque ésta haya incrementado las cuentas de la luz eléctrica y el gas en porcentajes que, en tres años, superan aproximadamente el 2.000%. La culpa mayor, en el curioso análisis, tiene que ver con las políticas provinciales, para ellos orientadas a malversar los fondos que envía Nación y que, supuestamente, alcanzarían para extender la tarifa social más allá de los dispuesto recientemente.

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De alguna manera, se trata de un discurso repetido y totalmente sesgado. No hace alusión, ni por casualidad, a los niveles de inflación que destrozan a los que, como la provincia, cobran en pesos, ni mucho menos recuerda el retiro de distintos tipos de subsidio o del fondo sojero, con el que se ayudaban grandemente los intendentes de todo el territorio. Tampoco aclara que alguna mejora en la coparticipación federal se debe a la devolución de parte del 15% que la Nación retuvo por casi 20 años a las provincias que entregaron su Caja de Jubilaciones, que es el caso de Catamarca. No fue esta una concesión voluntaria, sino uno fallo de la Justicia que, en retazos, se está devolviendo.

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RECUERDOS. Como lo hacemos todos los martes, jueves y domingo, finalizamos los Apuntes con el repaso de acontecimientos del pasado. El 21 de abril de 1994, dentro del llamado “Caso Morales”, se llevaba a cabo una promocionada audiencia de conciliación entre dos abogados, José Alberto Furque y Lila Jovina Zafe. El primero, desde su posición de defensor de la familia Morales, la había demandado por injurias y calumnias a quien fuera su antecesora en la misma función. Todo surgió porque Furque declaró, en la televisión nacional, que el caso bien pudo haber sido un crimen preterintencional, lo cual se compadecía por variadas situaciones. Para Zafe, en cambio, fue una violación seguida de muerte, agravada por el uso de estupefacientes. Pero al momento de enfrentarse ante la Justicia, la abogada faltó a la cita y, por lo tanto, el pleito debía seguir.

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Un mes antes, en la sala principal de la Corte de Catamarca, habían jurado nuevos magistrados del fuero correccional. Juan Carlos Reynaga lo hizo como juez de Primera Nominación y Raúl Da Prá como juez de Segunda Nominación. Gustavo Bergesio, mientras tanto, juraba como fiscal de 1ra. Nominación. También se produjo la asunción de dos secretarias: Débora Paula Lechinsky y Graciela Filippín en los juzgados de 1ra. y 2da. Nominación. El acto fue presidido por los jueces de la Corte de aquel entonces: Guillermo Díaz, Ernesto Oviedo y José Ricardo Cáceres.