Apuntes del Secretario

jueves, 16 de mayo de 2019 00:05
jueves, 16 de mayo de 2019 00:05

Comenzaron las sesiones de la Cámara de Diputados e, inmediatamente, se pusieron en marcha las especulaciones. Miembros del bloque radical, como en 2015, coincidieron en señalar que, en un año electoral, no resulta conveniente el tratamiento de la reforma constitucional, la iniciativa que pertenece a la gobernadora y, sin que haya razones valederas, duerme el sueño de los justos. Si no existiera el antecedente de hace cuatro años, se trataría de una posición respetable. Hoy no lo es. Aquella vez, los radicales consiguieron postergar el tratamiento para el año 2016, pero sobre el cierre de las sesiones y, después de un largo debate, cuando había que votar la necesidad del cambio que, en su momento, habían compartido, volvieron sobre sus pasos y la diputada Colombo se sinceró. Aceptó sin explicaciones valederas, lo reiteramos, que no querían aprobar el proyecto que, como se sabe, requiere mayoría calificada. Los que se opusieron en aquella oportunidad fueron Silvana Carrizo, Marita Colombo, Rubén Herrera, Luis Lobo Vergara, Víctor Luna, Rubén Manzi, Alcira Moreno, Marisa Nóblega, Verónica Rodríguez Calascibetta, Jorge Sosa, Humberto Valdez, y Claudia Vera. Aclaramos que también hubo abstenciones (Paola Bazán, Simón Hernández, Carlos Molina, Hugo Navarro, Miguel Vázquez Sastre y Juana Fernández) y ausencias (Macarena Herrera, Laura Arrieta, Fernando Jalil y Analía Brizuela) las que, de alguna forma, también impidieron una reforma que estaba avalada por los partidos políticos, los gremios, los colegios profesionales, las instituciones intermedias y hasta la Universidad de Catamarca. ¡Fue un verdadero fiasco y, ahora, parece repetirse el libreto!

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Otra especulación surgió casi al unísono y se contradijo con la anterior. A instancias de Francisco Monti (UCR-Cambiemos), diputados de la oposición pidieron tratar, rápidamente, el pedido de juicio político contra dos de los cinco ministros de la Corte, José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva. Fue la reiteración de un pedido similar que elevó el propio Cáceres quien, en pleno receso legislativo, pidió a los legisladores que dejaron de “dormir la siesta” y trataran su caso, el que es defendido en el recinto por Monti y, complementariamente, por Lobo Vergara. Aquí también se plantea la cuestión electoral. Como se trata de un hecho absolutamente político –los dos ministros fueron nombrados por el castillismo mediante tretas que buscaron eludir el texto constitucional-, sería inconveniente abordar un tema de semejante envergadura en plena campaña, lo que llevó al rechazo de la petición de Monti. Quienes llevaron la voz cantante del oficialismo fueron Cecilia Guerrero y Horacio Sierralta, presidente de la comisión donde se guardan los despachos de mayoría y minoría, el primero de los cuales pide la destitución de los jueces y el segundo su permanencia en los cargos. Lo más lógico podría ser tratarlo después del 27 de octubre o cuando, por lo menos, se superen las PASO.

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El despropósito de cobrar una coima a los camioneros ($1.000 por unidad) que recogen la producción agrícola en la jurisdicción de Bañado de Ovanta-Santa Rosa, como lo sugirió este diario, ya tiene su correlato judicial. El fiscal federal, Santos Reynoso, por las publicaciones periodísticas (El Esquiú fue el primero que alertó sobre la comisión de un evidente ilícito penal), tomó de oficio el caso y seguramente va a citar a indagatoria a las autoridades municipales. Tardíamente, el abogado Jorge Ramón Ariel Rojas, presentó en nombre de Vialidad Nacional otra denuncia que se sumará a la anterior. Lo hace, en este último caso, porque se impide la libre circulación que preserva la Constitución Nacional sobre una ruta, la 64, que está a cargo del organismo. Más allá de estas presentaciones, en su momento, alentamos la necesidad que todos, incluyendo a los propios productores, asienten las denuncias correspondientes para terminar, de una vez, con las actitudes de un intendente que se maneja con leyes y códigos que el mismo se encarga de imponer.

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Afortunadamente, no todos los comportamientos de los funcionarios públicos pasan al olvido. Un caso palpable es el del exintendente y exsenador de Andalgalá, José Eduardo Perea, quien fue conminado por el Tribunal de Cuentas de la provincia a la devolución de $600.000 que, en el año 2011, el último del mandato municipal, iban a ser utilizados en dotar a Andalgalá de una red de internet que llegara hasta el último rincón y al último de los hogares. No ocurrió tal cosa y hoy en día, salvo excepciones, la revolución del wifi no quedó más que en una expresión de buenos deseos. La revisión de lo actuado, determinó que el dinero utilizado provenía de regalías mineras las que, por ley, debían ser destinadas a proyectos sustentables y que, además, se materializaran. Junto a Perea, cuyo presente político está manchado por decisiones inconsultas como éstas, corresponde que participen de la devolución del dinero los exfuncionarios Roberto Nemer (secretario de Hacienda) y Juana Chasampi (tesorera). La cifra, cabe acotarlo, resulta muy importante si se la actualiza a valores de 2019.

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De los tiempos en que José Perea era intendente, paralelamente, se desprenden otros actos irregulares que podrían costarle altos costos al erario municipal. Claro que, en estos casos, el apuntado sería el actual intendente, Alejandro Páez quien, ignorando olímpicamente que el Estado representa una continuidad jurídica, desconoció en 2011, cuando asumió, compromisos que había dejado pendiente su antecesor. De esta manera, existen dos juicios civiles y uno penal contra la Municipalidad y su actual titular. Los iniciaron las firmas “El Fuerte Construcciones” y “PRP Construcciones”, pertenecientes a los empresarios Rubén Perea, Roberto Casas y Enio Sartorelli, los que reclaman por el fondo de garantías de emprendimientos terminados y certificaciones que, independiente de estar aprobadas, permanecen impagas. El monto adeudado a 2011, que Páez no pagó, rondaría los 4 millones y medio, y pondría en jaque a las finanzas municipales. Las causas civiles están bajo el análisis de la jueza Karina Neme, en tanto que la acción penal la debe resolver Rodolfo Cecenarro, quien habría avanzado al punto de imputar y llamar a indagatoria al intendente Páez que, vía apelación a la Cámara respectiva, frenó por el momento la embestida judicial. Sin embargo, tratándose de un intendente y, además, presidente del comité provincial de la UCR, su situación es sumamente incómoda.

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A propósito del gasto de regalías por parte de los intendentes, por lo que acaba de ser penado José Perea, hubo fuertes declaraciones políticas del Lord Mayor de Valle Viejo, Augusto Roque Jalile. Para él, la actual gobernadora y anteriormente Eduardo Brizuela del Moral, las utilizaron mal. Según su visión, Lucía las guardaba y su correligionario las despilfarraba. Sobre el punto, por lo menos, hay que hacer una pequeña disquisición. Es cierto que Brizuela del Moral hizo un dispendio casi irresponsable, como un estadio que nadie lo pedía u hosterías que, en estos tiempos, permanecieron casi desocupadas y solo podrían ser útiles en el futuro, pero también es cierto que hubo obras y no se le pueden imputar filtraciones que lo comprometieran. En cuanto a Corpacci, que para Jalile guardaba las regalías, según nuestro entender, hizo algo trascendente. Firmó la reglamentación para que esos dineros, que provienen de riquezas no renovables como lo son las de la minería, fueran utilizados en obras de infraestructura que los intendentes proyecten y el ministerio de Producción apruebe y, por ende, entregue los dineros. En síntesis: ordenó lo que era un despilfarro real hacia gastos corrientes y políticos. Por lo tanto, la diferencia es demasiado apreciable en términos de responsabilidad.

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Otra del Tribunal de Cuentas. El organismo mantiene en la mira al abogado Luciano Rojas que, más allá de su actividad profesional, según datos que nunca fueron desmentidos, figuraría como Fiscal de Estado de tres municipios al mismo tiempo: Andalgalá, Valle Viejo y Santa Rosa. No vamos a adelantar posiciones legales, que pueden ser discutibles, pero a los ciudadanos de a pié no les entra en la cabeza que un abogado que vive en el Valle Central, en forma permanente, pueda multiplicarse para atender tópicos legales de municipios que están separados por cientos de kilómetros. Esperemos que en algún momento haya expedición sobre esta rareza o los intendentes (Gustavo Jalile, Alejandro Páez y Elpidio Guaraz) efectivicen los descargos pertinentes. 

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, cerramos los “Apuntes” con la recordación de hechos y situaciones políticas de un cuarto de siglo atrás. En mayo de 1994, el exgobernador Arnoldo Aníbal Castillo, era consultado por la posibilidad de presentarse a una reelección en 1995. El viejo caudillo, con la picardía que lo caracterizaba, decía “estoy dispuesto, siempre y cuando la salud me lo permita”. Finalmente iba a ser el candidato del Frente Cívico y, luego de volver a vencer a Ramón Saadi, continuaría como gobernador hasta el 10 de diciembre de 1999. Ya en esta instancia, la salud le dijo basta. No fue a una segunda reelección o tercer mandato por ese motivo y le dejó, servida, la candidatura a su hijo Oscar, hoy senador de la Nación.

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En los últimos días de abril de 1994, oficialmente, se anunciaban obras para “Los Pinos”, el barrio que se erige en el casco noroeste de la Capital. El exintendente, Eduardo Brizuela del Moral, firmaba un convenio con los dirigentes barriales, encabezados por Gustavo Adolfo Báez (presidente), Rodolfo Lobo Molas (secretario), Segundo Matías Aredes (tesorero) y la doctora Mabel de Báez (asesora legal).
 

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Comentarios

16/05/2019 | 18:59
#1
Los Concejales son ñoquis. Cubuetos de salsa blanca pero Re Ñoquis. Y no dicen nada porque nos viven a nosotros los zonzos. Asi que si Perea es ñoqui, se ve que es sin salsa ja ja. ¡Ah! ¿ Y no dices nada de Sarquis que creo ya está jubilado? Si van a rebolear la media agujereada ¡NO DISCRIMEN!
16/05/2019 | 08:23
#0
Porque este diario no le pregubta a Raul Jalil si el ex intendente de Andalgala, José Perea esta nombrado en la Municipalidad de la Capital??? Porque todos sabemos que es uno de los tantos ñoquis de lujo que mantiene Jalil!!!

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