Por octavo año consecutivo, Lucía Corpacci ofreció ante la Asamblea Legislativa su informe sobre la situación general de la Provincia, con un mensaje que resultó completamente diferente a los anteriores. La mandataria, con buen criterio, prescindió esta vez de la tediosa enumeración de detalles técnicos de obras realizadas, cuya lectura se torna interminable, y facilitó esa información a través de un anexo que se distribuyó entre los legisladores. Liberada así de las menciones de rutina, se internó en un discurso de fuerte contenido político, por momentos contestatario, donde plantó banderas sobre sus convicciones y expuso el modo en que las utilizó como pilar de su gestión. Cada palabra estuvo además teñida de un matiz especial, ya que se trata del último discurso de su segundo mandato, cuando todavía no se pronunció sobre la posibilidad de buscar un nuevo período al frente del Gobierno. La posibilidad de que haya sido su último discurso sobrevoló la sala mayor del Cine Teatro Catamarca, aunque muchos se hayan detenido a observar su emoción final, lo cierto es que ella -previsiblemente, porque no era el ámbito ni el momento- no dio señal alguna. Los discursos del Primero de Mayo, que tradicionalmente eran esperados con gran expectativa porque allí se conocía el alcance de las mejoras salariales para los empleados públicos, perdieron ese atractivo porque los incrementos se acuerdan antes. No obstante, son importantes en definiciones, y posiblemente la más destacada que dejó Corpacci llegó cuando se remitió a las promesas, objetivos y metas establecidas en su primer discurso como gobernadora, allá por 2012. Es un hecho que todo aquelló que proyectó lo pudo cumplir, y es legítima la satisfacción con que lo subrayó.

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El lunes 8 de abril, en nuestros habituales comentarios políticos, nos referíamos al famoso proceso judicial denominado megafraude, una supuesta estafa cometida en 2004 con el dictado de cursos que, apenas iniciada la gestión, contrató el gobierno de Eduardo Brizuela del Moral con las fundaciones que crearon los empresarios Hugo Diamante y Carlos Arriazu. Hacíamos alusión a la decisión del tribunal que debe llevar adelante el juicio oral de fijar la fecha de apertura para el 6 de agosto del presente año. Por los antecedentes que tiene este caso, revestido de coloretes políticos, poníamos en duda que, una vez más, fuera a realizarse. Decíamos lo siguiente en esa edición: “El tribunal penal conformado por Jorge Álvarez Morales, Fernando Esteban y Carlos Moreno, aparentemente librado de las chicanas de las partes, dispuso que ese juicio comience el 6 de agosto del presente año, es decir, en cercanías del aniversario 15 de cuando sucedieron los hechos a juzgar. No es justo descreer que finalmente habría juicio, pero como ya ocurrió en otras oportunidades, es probable que surjan escollos, los que podrían venir de la propia Justicia. Álvarez Morales, como otros magistrados, estaría tramitando su jubilación y el fiscal Silva Molina, ya con licencia, iría detrás del mismo objetivo. Aparte, para qué negarlo, toda la Justicia tiene terror de llevar adelante este juicio por sus connotaciones políticas. Peor, todavía, si la apertura se realizaría a 9 días de las elecciones PASO”.

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No pasó demasiado tiempo para que surgieran novedades. Y no vinieron precisamente del tribunal que, lo ratificamos, tiene problemas para mantener su conformación y, por ende, el armado del juicio. Dos de los imputados –en total, sumando a Diamante y Arriazu, superan la decena-, con el patrocinio del abogado Jorge Díaz Martínez, pidieron la nulidad del juicio por la violación de las garantías constitucionales de plazo razonable o que se dicte el sobreseimiento de sus defendidas, la CPN Susana Beatriz de la Colina y María Cristina Barros de Voget. Estas dos personas, cabe destacarlo, formaban parte en 2004 del espinel administrativo por donde pasaron los expedientes de pago de los dichosos cursos que autorizaron los funcionarios brizuelistas, Pablo Córdoba Molas y Ariel Regina. La petición del conocido profesional se asienta en el resultado de dos pericias realizadas hace poco tiempo, las que confirman lo que se sabía desde el año 2004, cuando el entonces Tesorero General de la provincia –contador público Barrios- advirtió que los expedientes habían sido sustraídos y devueltos, a las pocas horas, con flagrantes adulteraciones, como ser la omisión o agregados de textos y/o la variación del foliado.

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Las nuevas pericias fueron realizadas por la CPN María Laura Kesseru, a instancia de Cámara Penal 1, y la CPN Patricia Judith Ceconello ante la Corte de Justicia. Ambas coinciden en reflejar las adulteraciones, las que también fueron denunciadas el año pasado por el abogado Víctor García, defensor de Carlos Arriazu. Lo llamativo del caso, lo reiteramos, es que estas cosas se conocían y derivaron, hace 14 años, en una investigación de la Fiscalía de Estado –en ese entonces, a cargo de Simón Hernández- que, al parecer, nunca concluyó. Más allá de la resolución final, queda claro que si la investigación se realizó sobre documentación falsa, la causal de nulidad surge nítida y merecería reproches hacia la Justicia y al propio gobierno de la época. Una acotación: nos parece que nadie quiere este juicio, mucho menos de la Colina y Barros de Voget, chivos expiatorios de un entramado mucho más complejo.

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La semana pasada, durante un juicio llevado a cabo en la justicia federal contra un personaje conocido como “Locura” Herrera, se denunció que en el Servicio Penitenciario de Miraflores existe un sostenido consumo de drogas. El fiscal federal, Rafael Vehils, observó sorpresa y afirmó “un interno del Servicio Penitenciario no puede consumir estupefacientes en su estancia”. Creemos, honestamente, que no hacía falta una nueva revelación sobre el conocimiento público de que en la cárcel local abunda el consumo de estupefacientes de efectos diversos. Cualquiera que visite el lugar en calidad de familiar o vecino de algún recluso, o los mismos efectivos del Servicio Penitenciario, tienen conciencia de esta situación que puso los pelos de punta a Vehils que, por lógica, también debe ignorar de la asistencia espiritual y psicológica que se realiza sobre quienes sufren de la terrible adicción.

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El reciente fallo de la Corte de Justicia de Catamarca sobre instancias administrativas de la falta de recepción, por parte del gobierno, de la obra del estadio “Bicentenario”, no modifican en nada la situación de irregularidad que, a esta altura del tiempo, ya no se puede modificar. Como lo dijo el fiscal de Estado, Carlos Bertorello, la decisión del máximo tribunal obliga al Estado a resolver nuevamente los pedidos de nulidad que, en 2012, presentó la empresa Capdevila contra dos decretos del actual gobierno. Cuando ello ocurra, la situación no podría ser muy distinta a las anteriores porque, en definitiva, las fallas del estadio están comprobadas en forma fehaciente. Por ello, el fallo de mayoría de los jueces, más que jurídico, merecería un análisis político. No es casualidad que los votos a favor de la empresa constructora hayan sido refrendados por tres de los cinco miembros de la Corte que, en el pasado, supo nombrar el Frente Cívico. La influencia castillista, claramente, se levanta por sobre magistrados que, no por casualidad, tienen un pedido de juicio  político y la recomendación de una comisión legislativa de separarlos de tan importantes cargos

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RECUERDOS. Como lo hacemos siempre, en el último bloque de “Apuntes” repasamos los hechos del pasado. En abril de 1994 se producían hechos de trascendencia política. Uno de ellos era la asunción como ministro de Economía del excontador y exabogado, Aldo César Hugo Nieva, en reemplazo de Hernán Colombo, quien quedaba como ministro de Producción. Nieva, hasta aquel momento, era un hombre de estricta confianza del exgobernador Arnoldo Castillo (lo acompañaba en la función pública desde los tiempos de la dictadura), aunque el destino los iba a terminar separando. Uno de los motivos fue la transferencia de la caja de jubilaciones, a la que Nieva se oponía de manera absoluta, además de pedir la revisión del Pacto Fiscal que había firmado el exgobernador. Independientemente, consideraba que la situación era muy delicada, casi caótica, y discrepaba con acuerdos que, en nombre del gobierno, llevaba adelante el hijo del exgobernador, Oscar Castillo.

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Otro hecho político ocurrido en aquellos días derivó de la apretada victoria electoral, por poco más de 1.000 votos, que había logrado el Frente Cívico ante el Partido Justicialista en la elección de constituyentes del día 10 de abril de aquel año. Por considerarse que una de las fallas estuvo dada por la asistencia social, prácticamente se empujó a Aurora Pico Sozzi de Ahumada a la renuncia al cargo de ministro de Bienestar Social. En forma inmediata, se daban a conocer los posibles candidatos a reemplazarla: Rubén Manzi, Héctor Cangi y Daniel Plaza. La misión iba a recaer en este último, que dejó la intendencia de Londres (Belén) que ejercía en manos del expresidente del Concejo Deliberante de la localidad belicha.