La sintonía entre dos jueces de la Corte, para los cuales se pidió juicio político, y los integrantes del bloque radical de la Cámara de Diputados, a esta altura de los acontecimientos, es más que evidente. En pleno receso legislativo, José Cáceres –uno de ellos-, solicitó que el cuerpo legislativo moviera la musculatura y tratara con la mayor rapidez el expediente por el cual podría ser destituido y que, como se sabe, tiene despachos de comisión. Uno de mayoría y el restante de minoría. Obviamente, por el receso legal, no se podía hacer lugar a la petición de Cáceres, un veterano militante político de Valle Viejo.

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Apenas se reanudó la actividad, el pasado 1 de mayo, uno de los militantes más activos de la defensa de los jueces, el diputado Francisco Monti, requirió que se resolviera la cuestión en una sesión a la cual puso fecha: el 22 de mayo. Demasiada pretensión a favor de alguien que, para mantenerse en el máximo tribunal, infringió dos artículos de la Constitución Provincial, apelando a una maniobra totalmente indecorosa para eludir a uno de ellos. Pero, por si esto no alcanzara, atacó varias veces al cuerpo legislativo y ni siquiera pidió disculpas. Recordemos que, con ironía –habría que agregarle falta de respeto-, llamó jurisconsulto a uno de los integrantes de la comisión y, graciosamente, pidió que inviten a debatir a Piñón Fijo y El Chavo del Ocho.

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Estas convivencias de jueces y los partidos políticos, en realidad, son el problema capital para el funcionamiento de la Justicia. Y no tan solo hablamos de Cáceres, que cometió abusos como juez y se mantuvo en el cargo más de 27 años, sin contar su paso por la dictadura, cuando ejerció como juez civil. También el peronismo, en la década del 80, formó un cuerpo judicial en base a sus propios intereses y estableció la sensación de una connivencia reñida con la división de poderes. Por todo ello, las exigencias de Cáceres, avaladas por la política, representan un verdadero despropósito.

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