La convocatoria a primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en provincia y Capital, como sospechábamos, abrió las compuertas a una avalancha de especulaciones. En los distintos sectores, oficialistas u opositores, se movieron las fichas para encarar el final de la partida que, como se sabe, tendrá el hito capital el próximo 22 de junio. Ese día se cumple el plazo final para inscribir las precandidaturas, las que se definirán el domingo 11 de agosto cuando se vote a lo largo y ancho del territorio. Con las reglas de juego definidas, sin dudas, el anuncio de mayor trascendencia tuvo que con el radicalismo y el despertar del bando que, desde hace casi un año, está afuera de la orgánica partidaria, dominada por la llamada línea celeste del castillismo, a la que adhirieron figuras como Alejandro Páez (presidente del comité provincia) y Roberto Gómez (presidente del comité de la Capital). Efectivamente es así. El concejal capitalino Fernando Navarro, que hace política con mayor frecuencia, ha lanzado al ruedo la eventual candidatura a gobernador de Ricardo Guzmán, el exdiputado y exintendente de Capital con quien tiene una relación de familiaridad.

Lo de Guzmán, por su trayectoria y buena imagen, no representa una apuesta disparatada. Se trata de un puntal del primer gobierno de Arnoldo Castillo, donde ofició como secretario general. Más tarde fue presidente de la Cámara baja y se recuerdan dos períodos de sobriedad como intendente. Es más. En 2011, para muchos, era candidato puesto para la gobernación, pero sobre la hora el Frente Cívico respaldó la tercera postulación en línea de Brizuela del Moral con los resultados que se conocen. Precisamente el exgobernador, en esta oportunidad, sería uno de los soportes de la precandidatura guzmanista, lo mismo que Horacio Pernasetti, Augusto César Acuña, sectores universitarios y la mayoría local del PRO. Entre las primeras conjeturas, se dijo además que podría ser “prenda de unidad” de una UCR consumida por las divisiones internas. No tenemos dudas que se trata de un supuesto difícil, pero no imposible. Así las cosas, se agrega un nombre más a los aspirantes a la corona y asegura, como dice el concejal Navarro “de no llegarse al consenso habrá dos o tres candidatos a gobernador y tres a intendente de San Fernando del Valle y, además, se competirá en todos los ámbitos”. A esto último lo descontamos. De hecho, la Corriente Progresista Radical, que milita en la orgánica, ya lanzó su propio pedido. La diputación nacional para José “Chichí” Sosa.

A pie juntillas con los lineamientos políticos de la Casa de Gobierno, Raúl Jalil ha convocado también a primarias y quedó enterrada, posiblemente para siempre, su eventual suspensión. Esa situación, prácticamente asegura en el peronismo una disputa por la intendencia, a la cual llegarían, entre otros, Fidel Sáenz y Maxi Brumec, dos que nunca escondieron sus pretensiones de suceder a Jalil. Podrían sumarse otros y la dupla Corpacci-Jalil mantendría prescindencia, aunque se aseguraría que la sangre no llegue al río. Esto es, que los perdedores queden automáticamente alineados con los ganadores, para no sufrir la sangría 2017 cuando diputaron por las bancas de concejal nada menos que nueve dirigentes. Volviendo a Jalil, independiente de firmar la convocatoria a las PASO, ha expresado su apoyo a Alberto Fernández, a Cristina Kirchner y plena disposición a asegurar la unidad del peronismo.

Era previsible. Frente a la absurda posición radical de que no se puede votar por la reforma constitucional en un año electoral, sobrevino el contragolpe oficialista que, a través de sus diputados, volvió a presentar un proyecto orientado al cambio que incluye la votación de constituyentes, en coincidencia con las provinciales y nacionales, el venidero 27 de octubre. Los elegidos, de prosperar la iniciativa, trabajarían de enero a abril de 2020 para producir los cambios que los tiempos modernos exigen, especialmente en lo que respeta a rebajar los privilegios de la política, los que cuestan ingentes montos de dinero que, tranquilamente, se podrían utilizar en beneficio del conjunto de los ciudadanos. La decisión de los legisladores pone en un brete a sus pares radicales y del PRO: oponerse por oponerse puede tener un costo político inconmensurable, toda vez que hace largos años se mantiene el verso del “año electoral”, de “que la reforma es buena, pero no la podemos aprobar”, “de que sí, pero no”. En fin, no se puede multiplicar martes por jueves para sacar la raíz cuadrada de quince. El oficialismo lo sabe y, con la reactualización del tema, se dispone a aplicar, en modo electoral, una antigua máxima bonapartista: “nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error”.

El intendente Gustavo “El Gallo” Jalile mantiene a la obra de cloacas como “caballito de batalla” para criticar al gobierno provincial, que la tramitó para los vecinos chacareros, y al gobierno nacional en sus versiones kirchnerista y macrista. Alude a que se hicieron mal las cosas, que pudieron haber existido sobreprecios y que trajo problemas para los vecinos de Valle Viejo y de Fray Mamerto Esquiú, como la rotura del asfalto. Nos parece una comparación fuera de escala porque, en todos lados, una obra de cloacas, como existen cientos en varios puntos del país, genera inconvenientes ciudadanos, pero en el costo-beneficio no hay nada para agregar. Tener cloacas es una verdadera bendición y, como buen chacarero que es, así lo debería entender Jalile y dejar en un segundo plano que no haya sido el promotor de una obra que cuesta camionadas de plata. También Jalile fue ácido con el uso de las regalías mineras por parte del gobierno provincial y extendió sus cuestionamientos hasta Brizuela del Moral, su correligionario y enemigo letal de otros tiempos. Sobre el tema, quien le salió al cruce fue la diputada provincial Natalia Soria, su principal adversaria en la comarca viejovallense. Le recordó que debería guardar silencio porque, precisamente él, está denunciado en la Justicia por el mal uso de las regalías que llegaron al departamento, lo cual es estrictamente cierto, aunque la dilucidación de los hechos la tiene que resolver la señora Justicia, esa misma que tarda años y años en resolver los diferendos políticos.

La tragedia de El Rodeo que, en 2014, costara la vida de 13 personas, definitivamente, se ha convertido en una causa política donde la Justicia ya da demasiado que hablar. Un fiscal llamado Jonathan Felsztyna acaba de imputar a solo dos personas –el exintendente Félix Casas Doering y el exdirector de Defensa Civil, Alfredo Saavedra- como los responsables del hecho, lo que sigue la línea del fiscal anterior, de apellido Gober, que fue repudiada por los familiares de los muertos. Más atrás en el tiempo, todavía latente, queda la decisión de un tercer fiscal que, con argumentos a tener en cuenta, cargó responsabilidades sobre más de una decena de funcionarios, entre ellos el exgobernador Brizuela del Moral. Por cuerda aparte, ahora se dice que la construcción de un puente en el centro de El Rodeo no tuvo nada ver con la furia del río Ambato, cuando la gran mayoría de los habitantes originarios del lugar aseguran que ese fue el problema. En medio de las idas y vueltas, dolientes familiares como el abogado Sergio Díaz, Agustín Sal y Gerónimo Ahumada entienden que el fiscal se ha lavado las manos y ha señalado como únicos culpables a “un par de chilicotes”, una definición casi brutal que querría decir que no se busca justicia, sino ir zafando poco a poco hasta que los deudos terminen resignándose. No creemos que ello ocurra, pero tampoco creemos que la Justicia vaya a poner las cosas en su justo lugar. Si han pasado cinco años y se ha llegado hasta esta lastimosa conclusión, no creemos que haya voluntad real de avanzar. Mientras, esperamos la decisión del juez de Garantías. ¡Ojalá nos equivoquemos en nuestra presunción!

La semana anterior, en el ingreso a la ciudad de Belén, hubo un corte de ruta por parte de desocupados mineros a los camiones que se dirigían a Farallón Negro o al Salar del Hombre Muerto, en el límite antofagasteño con la provincia de Salta. Reclamaban a las autoridades provinciales puestos de trabajo y que se cumpla la promesa de que las mineras tomen empleados catamarqueños en una proporción del 70%. Tal situación, en los nuevos contratos, está establecida y es muy bueno que así sea, lo que habrá de reparar los errores del pasado. Independiente del atendible reclamo, salta a la vista que hay que apurar los tiempos, lo máximo posible, para poner en marcha los grandes proyectos. Caso concreto de Agua Rica, que vendría a solucionar el vacío laboral que produjo el cierre de Alumbrera.

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el final insertamos los hechos del pasado.
El 9 de mayo de 1994, en sede judicial, se producía una audiencia de conciliación entre Guillermo Luque –según la Justicia, objetivamente, fue el autor material de la muerte de María Soledad Morales, aunque jamás hubo una prueba que tan siquiera lo acercara a la víctima- y Elba Ruth Zalazar, la exesposa del otro condenado, Luis Raúl Tula. Luego de la lectura de las acusaciones, Zalazar se retractó públicamente de declaraciones que había realizado al canal oficial Argentina Televisora Color (ATC) y Luque aceptó las disculpas. Sobre este hecho hay que recordar que, en la entrevista con Mauro Viale, la acusada por calumnias e injurias había disparado munición gruesa, al afirmar “Guillermo Luque tiene antecedentes de drogadicto, violador y homosexual”. Así, con este nivel de agresividad e intolerancia se manejaban las cosas hace 25 años, en torno a un asesinato horrible que fue utilizado como móvil político para voltear a un gobierno democrático.

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