La Unión Transitoria de Empresas (UTE), conformada por las firmas Coarco e Industrial Constructora y encargadas de la obras de cloacas en Valle Viejo, avanzaron judicialmente buscándose evitar el pago de más de $14 millones (entre tributos e intereses) al municipio. 

La presentación contencioso administrativa del par de empresas la realizó a la Corte de Justicia. El máximo tribunal local ya declaró la competencia para resolver. También hizo lugar a una medida cautelar de no innovar y se lo comunicó a la comuna chacarera para que se abstenga de iniciar juicio de ejecución fiscal. 

Las empresas, con el planteo judicial, persiguen que se declare la nulidad de la Resolución I Nº 1000 de octubre del año pasado. Este instrumento rechaza un recurso presentado por ambas empresas  en contra de otra resolución. Puntualmente, la  346 del 2018 donde se realiza una “determinación de oficio” por impuestos. 

Los tributos en cuestión son la “contribución por servicios diversos- derecho de zanjeo”, previsto legalmente en el Código Tributario Municipal y en la ordenanza fiscal de la comuna chacarera. La determinación de oficio sobre cuánto es el monto impositivo que deberían las empresas arroja la cifra de $6.765.328. A este número se le deben sumar los intereses.

Las constructoras plantearon la inconstitucionalidad de dicha contribución y solicitaron una medida cautelar de no innovar “a fin de que se otorgue efecto suspensivo a la ejecución de la deuda hasta que se resuelva la presente causa”.

Según el planteo judicial de las empresas, “la contribución exigida por el municipio no es un impuesto o una multa, por lo que no le resulta exigible”. A la vez, remarcan que ya pagaron el tributo y que el Municipio “duplica ante una cuantiosa determinación de oficio realizada con posterioridad”.

En este sentido, señalan que “el pago de la liquidación cuestionada acarrearía un perjuicio irreparable a la empresa”, puesto que se encuentra en “una grave situación financiera”.

Así, el importe total que le pide la comuna chacarera a las constructoras es de $14.631.750. El monto surge de lo expuesto por ambas firmas ya que por un lado están los $6.765.328 del impuesto y por otro unos $7.866.422 “de intereses moratorios”. Para las empresas existe “un supuesto de doble imposición”. 

En resumidas cuentas, se cuestiona la naturaleza del tributo, el monto, una presunta doble imposición y la posibilidad de ejecución fiscal de la deuda.