En noviembre del año pasado, la relación laboral del conocido abogado Luciano Rojas con dos municipios activó en el Tribunal de Cuentas (TC) el inicio de una investigación sumarial. Ahora, concluida la misma, detectaron que el letrado tiene mínimamente empleo en tres comunas con lo cual se abrió el sumario procesal para determinar la responsabilidad y aplicar la sanción correspondiente a los municipios. 

El organismo contralor de las cuentas públicas advirtió una “presunta incompatibilidad de funciones” en la que se encontraría  Rojas. Es que “se desempeñaría en forma simultánea” en el ámbito del municipio de Andalgalá y de la comuna de Santa Rosa, en concordancia con lo indicado por la Pagina de Web de Afip”.

Al ser indagado por el Tribunal de Cuentas, el propio intendente Alejandro Páez, informó que el abogado “se desempeña como Fiscal Municipal, de conformidad a lo dispuesto por el art. 185 y 188 de la Carta Orgánica Municipal”. También hubo otra notificación surgida a más 300 kilómetros de Andalgalá. Puntualmente desde Valle Viejo. El jefe comunal Gustavo Roque Jalile, fue consultado por el organismo contralor de las cuentas públicas y remitió la copia del Decreto Acuerdo 251/16 y Decreto OySP N°096/17 por el cual se designa a Rojas como Asesor de Gabinete.

No quedó allí. Es que el Tribunal de Cuentas recabó información del letrado como trabajador a cerca de 100 kilometros desde la comuna chacarera.  De acuerdo a lo que detectó el TC, Rojas “figuraría como empleado fuera de nivel de la Municipalidad de Santa Rosa, según informe proporcionado por la Dirección de Asuntos Municipales y por la Dirección Provincial de Recursos Humanos”.

Por que “las deficiencias expuestas constituyen una situación presuntamente irregular, susceptible de ocasionar un perjuicio a la Hacienda Estatal”, el Tribunal de Cuentas dispuso “la Instrucción de un Sumario Administrativo de Responsabilidad en el ámbito de las Municipalidades de: Andalgalá, Valle Viejo y Santa Rosa y contra los agentes y/o funcionarios intervinientes en los hechos reseñados, a fin de determinar sus responsables y el posible daño ocasionado a la Hacienda Pública”.