A fines del año pasado se conoció la supuesta relación laboral que unía al abogado Luciano Rojas con un par de comunas del interior provincial, situación que llevó a que el Tribunal de Cuentas (TC) de Catamarca llevara a cabo una investigación sumarial para constatar o descartar tal situación, pero para sorpresa del propio tribunal, se detectó que el letrado estaría en relación laboral con tres municipios. 

Según se pudo conocer, habría una “presunta incompatibilidad de funciones” en la que se encontraría Rojas, ya que “se desempeñaría en forma simultánea” en los municipios de Andalgalá y de Santa Rosa, en concordancia con lo indicado por la página de web de AFIP”.

El intendente de Andalgalá, Alejandro Páez, al ser consultado por el TC, informó que el abogado “se desempeña como fiscal municipal, en conformidad con lo dispuesto por el art. 185 y 188 de la Carta Orgánica Municipal”. 

También hubo otra notificación surgida a más 300 kilómetros de Andalgalá, puntualmente desde Valle Viejo. El jefe comunal Gustavo Roque Jalile fue consultado por el organismo de contralor y remitió la copia del decreto acuerdo 251/16 y decreto OySP N°096/17, por los cuales se designó a Rojas como asesor de Gabinete.

Por otro lado, el TC recabó información del letrado como trabajador a menos de 100 kilómetros desde la comuna chacarera.  
De acuerdo a lo que detectó el TC, Rojas “figuraría como empleado fuera de nivel de la Municipalidad de Santa Rosa, según informe proporcionado por la dirección de Asuntos Municipales y por la dirección provincial de Recursos Humanos”.
“Las deficiencias expuestas constituyen una situación presuntamente irregular, susceptible de ocasionar un perjuicio a la Hacienda Estatal”. Por ello, el Tribunal de Cuentas dispuso “la instrucción de un sumario administrativo de responsabilidad en el ámbito de las municipalidades de Andalgalá, Valle Viejo y Santa Rosa, y contra los agentes y/o funcionarios intervinientes en los hechos reseñados, a fin de determinar sus responsables y el posible daño ocasionado a la Hacienda Pública”, señala un documento emitido desde el organismo de contralor.