Señores diario El Esquiú:

Cómo explicarle al lector que la cuestión de fondo de esta publicación es la denuncia en contra de los ministros de la Corte de Justicia, doctores José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva, a efectos de promover el Juicio Político fundado en la “incapacidad  moral, incumplimiento de deberes inherentes a su cargo y la comisión de  delito en el desempeño de sus funciones”, causales que los inhabilita para ejercer la magistratura que detentan. 

Ambos conculcan, de manera expresa e inequívoca, los artículos 168 y 195 de la Constitución Provincial, en cuanto  ejercen un cargo público siendo jubilados y, complementariamente, han superado el límite de edad permitido por la ley.

Sabe el Dr. Cáceres que sobre la denuncia existe despacho favorable de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su procedencia, con lo que inaugurado el periodo de sesiones ordinarias, el dictamen podrá ser tratado por el pleno de la Cámara. Tal vez eso lo pone nervioso o ansioso, pero no es del caso tratar de desviar la atención hacia otros temas.
Quizá lo único que pueda emparejar la denuncia en contra de los miembros de la Corte sea la profunda decadencia en que se desenvuelve el Poder Judicial,  según denuncia formulada por los “Autoconvocados  del Poder Judicial de Catamarca (AJuPCa)” en diario El Ancasti. Reclaman “…aumento salarial y mejores condiciones de trabajo por edificios en condiciones obsoletas y  poco funcionales; baños en malas condiciones; humedad en las paredes;  ratas y cucarachas por doquier;  problemas para las personas con discapacidad, etc, lo que es conocido por los que a diario concurrimos a Tribunales.

Este puede ser el único tema que, por la gravedad institucional, puede ser discutido en esta instancia. Hago la aclaración, doctor Cáceres, que por su calidad de integrante de la Corte de Justicia desde el año 1991, le cabe una responsabilidad mayúscula  en la honda y prolongada crisis del  servicio de justicia de la provincia.

A fin de no obviar lo tratado en su publicación del diario El Ancasti del día 5 de mayo, la que concluye indicando sobre mi persona “.. ha mantenido simultáneamente durante largo tiempo y por ende desde el inicio de la denuncia 01/agosto/2018, dos cargos públicos; uno en la Municipalidad de la Capital y otro en la Administración Pública Provincial..”, afirmo que no es más que una falsedad al amparo de argumentos falaces y distorsionados.

He mantenido un único cargo en relación de dependencia con el Estado  Provincial, el de asesor del ministerio de Gobierno, índice 1.40. Lo hice hasta el 6.3.2019, cuando se aceptó mi renuncia.

Es cierto, cumplí funciones durante el actual gobierno peronista. A fin de no interrumpir sus “tareas investigativas particulares”, no pierda tiempo en buscar mis cargos públicos en los periodos de gobierno del nefasto Frente Cívico del cual forma parte. No los hay.

Esta aclaración la realizo teniendo en cuenta los viejos tiempos del “saadismo”, en los que frecuentaba los despachos del entonces oficialismo en busca de favores. ¡Pequeña diferencia Cáceres!.

Lo del cargo público paralelo en la Municipalidad es falaz e inexacto. Se explica por su confusión de diversas figuras jurídicas que rigen las relaciones laborales, como el poner de relevancia mi condición de “monotributista”, sin reparar que ejerzo la profesión de abogado y facturo en función de mi actividad profesional a las personas pública o privada a las que brindo mis servicios.

Lo suyo es distorsión, confusión o desconocimiento que lo llevan a conclusiones como las que pretende endilgarme. Claro que resulta infructuoso explicarle al Dr. Cáceres algo eminentemente  jurídico.

En cuanto a atribuirme su eventual desplazamiento de la Corte por órdenes a mis “patrones políticos”, le digo que no los tengo. Lo hecho solo se puede atribuir a mi persona.

Dr. Cáceres, finalmente,  no pretenda convertir una importante situación  institucional en una historieta. Hágase cargo de sus propias conductas.

Eduardo Andrada
Abogado