En los últimos años, dentro de los límites provinciales, se habló de la cartelización de la obra pública. Hasta hubo personas y factores de poder que se ufanaron de haberla descubierto. La cuestión concreta es que quienes debían competir en licitaciones, convocados por los gobiernos o por asociaciones formadas por los empresarios, pactaban precios y se repartían los contratos. Esto ha quedado demostrado, ampliamente, en la llamada “Causa de los Cuadernos”, que se tramita en el fuero federal y determinó la detención de no menos de 30 empresarios, algunos de los cuales pactaron su libertad y otros, desde hace más de un año, permanecen detenidos. Todos, sin excepción, aceptaron que hubo cartelización y se privó al Estado de conseguir mejores precios, aunque no siempre hayan existido sobreprecios, los que también dependían del tamaño de las obras. No es lo mismo la construcción de una autopista o una central nuclear que hacer viviendas, la materia excluyente de los constructores catamarqueños. La diferencia de los contratos, según los casos, es abismal y, proporcionalmente, pueden ser las sobrefacturación o la redeterminación de los valores económicos. Pero, más allá de la envergadura de las obras, lo reiteramos, puede decirse que esta forma de eludir la ley bajo apariencias formales, funcionó en todas las provincias y, en varias de ellas (Chaco, Santiago del Estero, Santa Cruz, Catamarca, etc), se daba el caso en mandatos kirchneristas -el de Néstor, especialmente- que había más obras que empresas, lo que llevó a los arreglos discrecionales que han llegado a la Justicia.

De la cartelización, cuyo primer denunciante fue el exministro Roberto Lavagna y motivó su salida del gobierno kirchnerista en 2005, habrían nacido las coimas que denuncian estos famosos “cuadernos”. Estas (coimas), sin dudas, tuvieron que ver con grandes obras. Por el tema construcción de barrios de vivienda, en cambio, lo que aportaban las empresas a los gobiernos eran contribuciones que se aplicaban a las campañas políticas. Y no solamente recibían adicionales los gobernantes de turno, sino también las formaciones opositoras que tenían alguna chance de ganar y quedarse con la administración del Estado. Este sistema, ciertamente perverso, lo practicaron todos los gobiernos desde 1983 a esta parte, y fue una réplica de cosas que se hacían en la dictadura. Por lo tanto, denunciarlo con “bombos y platillos” y como si se tratara de un descubrimiento extraordinario, es exageración desmedida, casi ridícula.

Sin embargo, de esas denuncias, de alguna manera se armaron causas judiciales. No tan solo en Comodoro Py, donde ahora se sabe que hubo apretadas, extorsiones, testigos truchos y pericias inventadas, sino también en Catamarca. Aquí, por artículos en la prensa sostenidos por solitarios demandantes, también se habló de coimas, pero a la Justicia no llegó una sola prueba en más de dos años de instrucción. Los supuestos coimeros de estos lares, que no hacían otra cosa que viviendas, desfilaron ante jueces y fiscales para negar rotundamente los delitos que se ventilaban. Los exfuncionarios reafirmaron esos conceptos y las pericias no añadieron ni siquiera detalles para respaldar lo que, en definitiva, fue un pase de facturas o vendettas de carácter personal. En los últimos días, el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, indicó que no conoce anormalidades que se hayan producido en Catamarca, como si aceptó ocurrieron en otros lugares de la Argentina. En síntesis, quedó el camino expedito para los sobreseimientos a los acusados que, tarde o temprano, deberían llegar.

La controversia entre el ministro de la Corte de Justicia, José Cáceres, y el abogado Eduardo Andrada, quien materializó el año pasado un pedido de juicio político en su contra por “incapacidad moral e incumplimiento de los deberes de funcionario” en abierta violación a dos artículos de la Constitución provincial, derivó por carriles impensados. El magistrado, por el diario El Ancasti –defensor acérrimo y receptor de sus inquietudes y ponencias- salió a cuestionarle a Andrada haber ejercido como asesor del gobierno, lo que jamás fue negado por quien ejerció innumerables cargos en las administraciones peronistas (Asesor de Gobierno, Secretario de Asuntos Institucionales, diputado provincial electo, presidente de Energía Catamarca, independiente de funciones a nivel nacional), al mismo tiempo de haber realizado trabajos por locación de servicios para la Municipalidad de la Capital. No hace falta aclarar que, de no haber existido la presentación del juicio político, Cáceres no se habría acordado de Andrada. Se trató de una evidente represalia que, más que favorecerlo, lo coloca en posición de franca debilidad a la hora de enfrentar los cargos. En ese sentido, el abogado denunciante, en forma inteligente y respetuosa, le pidió que no lo tenga tanto en cuenta y se haga cargo de “sus propias conductas” en un artículo que tituló “No pretenda distraer, doctor Cáceres” y que publicó ayer El Esquiú.com.

Allende a la disputa de referencia, el tema del juicio político comenzaría a tratarse en la Cámara de Diputados en el presente período legislativo, en orden a que ya tiene dos despachos de comisión. Por el de mayoría se habilita la acusación y expone, crudamente, por qué Cáceres y Sesto de Leiva no pueden ser jueces, cosa que en su momento ratificó el Colegio de Abogados. Al mismo tiempo alude a las reprochables trampas políticas que, en su momento, los propios acusados utilizaron para mantenerse en los cargos. La expedición de minoría, por contrario imperio, solicita sea rechazada la presentación del doctor Andrada por considerar que aquellas trampas, a la que llaman fallos, forman parte de una sentencia firme. A propósito, a esta sentencia firme ya la utilizaron magistrados de rango menor para atornillarse en los cargos, mientras hubo otros que optaron por respetar la Constitución y, previo pago de aportes que requiere el ANSES, resolvieron jubilarse. Tal el caso del exjuez Jorge Avellaneda, al que le seguirían Eduardo Walther y el fiscal Silva Molina.

En la política, a la hora de discutir el poder o afianzarse en él, no hay piedad para con nadie. Hace dos semanas, el eterno legislador del radicalismo, Víctor “El Gato” Luna, salió a denunciar a autoridades de Fray Mamerto Esquiú y a empresarios de un conocido boliche bailable por haber autorizado o montado un espectáculo de desnudos que se replicó por las redes sociales. Al poco tiempo tuvo una “devolución de favores”. Desde el lado de los damnificados se lo acusó por violencia de género y, a los días, se confirmó que hubo una presentación en la Justicia que expone al legislador lapaceño como un golpeador. Como para decir que “fue por lana y salió esquilado”.

La reforma de la Constitución Provincial, alentada por Lucía Corpacci desde que asumió, vuelve a tener “viento de cola” y es muy probable que, finalmente, sea materializada en los hechos. Durante su discurso del 1 de mayo, la gobernadora abogó por la exhumación del proyecto que, en 2015, terminó en el archivo por decisión del bloque de la Unión Cívica Radical que se había proclamado reformista, pero a la hora de poner los votos escapó con banales argumentos. En la víspera, el presidente de la Cámara baja y su colega diputada, Cecilia Guerrero, hablaron del tema y activaron las alarmas políticas para recrear la iniciativa. En el caso de Fernando Jalil, hizo hincapié en la necesidad que las sesiones de la Legislatura se pongan en marcha el 1 de marzo de cada año y no el primero de mayo, lo que terminaría con la vergüenza de que los legisladores tengan más de cinco meses de vacaciones o que se mantenga el artículo que permite la reelección indefinida del gobernador y vice. A eso, independiente de otros abominables privilegios políticos, habría que agregarle la necesidad que “la ley de leyes” establezca una fecha única de elecciones e impida, de una vez por todas, los procesos especulativos que surgen por la opción de desdoblar los comicios provinciales de los nacionales en un turno de marzo. Guerrero, por su lado, deslizó la posibilidad que se voten convencionales constituyentes en octubre próximo, lo que también no desagradaría a los radicales si piensan en el objetivo de suturar las heridas que dejó la fallida interna partidaria del año pasado.

RECUERDOS. Como lo hacemos todos los jueves, domingos y martes, cerramos los “Apuntes” con el repaso de acontecimientos ocurridos hace 25 años.

Este será un recuerdo deportivo. El 1 de mayo de 1994 fue un día de tristeza y consternación en el ambiente automovilístico mundial. En el circuito de Imola –Italia-, al comando de un coche Williams Renault, el brasileño Ayrton Senna se estrellaba contra las vallas de contención y perdía la vida. Se trataba de un verdadero campeón de las pistas y su arrojo lo llevó a la muerte. Aquella carrera de la F1 la ganaba el alemán Michel Schumacher quien, luego de ceñirse la corona por cinco temporadas, sufrió un accidente en los Alpes que lo mantiene en estado de coma desde hace más de un lustro. Un día antes de la muerte de Senna, cabe destacarlo, en el mismo circuito de Imola, se había matado el piloto austríaco Roland Ratzenberger.

El Esquiú.com