Apuntes del Secretario

martes, 18 de junio de 2019 00:32
martes, 18 de junio de 2019 00:32

Apenas reiniciado el período legislativo, con insistencia, el diputado provincial Francisco Monti solicitó el urgente tratamiento del pedido de juicio político contra José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva, dos integrantes de la Corte de Justicia absolutamente identificados con un sector interno de la UCR. La petición de referencias fue la continuidad de un reclamo del propio Cáceres, quien pretendía que su situación se resolviera antes del 1 de mayo, por lo cual trató poco menos que de “vagos” a los legisladores que, como todo el arco político lo sabe, reanudan sus actividades ordinarias después del mensaje de apertura del titular o la titular del Poder Ejecutivo. Sin que exista la mínima duda, tanto el ministro de la Corte como el diputado Monti, buscaron que la espinosa cuestión no fuera sometida a debate y directamente se votara, con lo cual se aseguraban la continuidad de dos jueces cuya imagen pública se arrastra a niveles del piso. Es que para aprobar el juzgamiento se necesitan 27 votos de los 41 diputados y los radicales de las distintas tribus están en condiciones de impedir que se alcance ese número.

Si todas las cosas se resolvieran “en modo Monti” quedaría oficialmente instaurada la impunidad, porque no escapa al conocimiento público que los contubernios políticos, por lo general, conducen a preservar a los propios políticos. De esto conocemos bastante y, como muestra, damos cuenta de un solo ejemplo: en 36 años de democracia en Catamarca, todos los pedidos de desafuero de la Justicia fueron rechazados por los legisladores. Por lo tanto, la intención de Monti va en esa misma dirección, no en la que merece la gente. Primero hay que hablar por qué se pide un juicio político, cuáles son los pecados de los jueces, qué faltas cometieron y, después de todo eso, votar de cara a la sociedad, no en una sesión express. Más todavía: permitir que los acusados se defiendan. De acuerdo a los dictámenes de comisión, sin embargo, ya se visualiza la defensa corporativa de los representantes opositores, aunque no sean todos.

En relación a los dictámenes de comisión, el de la mayoría tiene una variedad de elementos explicativos de la Constitución provincial (oportunamente lo republicaremos) y claramente refleja, al menos desde la ética y la moral, que lo de los jueces cuestionados fue poco cristalino. Allí se notan las investigaciones y los debates que llevaron adelante los diputados Augusto Barros y Cecilia Guerrero, sin duda los más preparados del bloque oficialista en cuestiones judiciales o electorales, en el caso del primero de los nombrados. La posición de la minoría, expresada por Monti y Víctor Luna, simplemente alude al rechazo in limine y, en este sentido, tenemos la obligación de ser críticos con el joven diputado. En uno de los antiguos fallos que, eludiendo exigencias constitucionales, llevaron a Cáceres y Sesto de Leiva a atornillarse en sus cargos actuó como Procuradora –por lo tanto emitió opinión- Margarita Niéderle de Monti, la progenitora de quien apura una definición en la Cámara de Diputados. Por simple recato, entonces, no es Monti la persona encargada de llevar adelante el salvataje de los jueces. Mucho menos apurar definiciones en épocas de ebullición electoral. Por ello, siempre, sugerimos que la iniciativa sea tratada después de la votación del 27 de octubre.

Los resultados de las elecciones del pasado domingo volvieron a golpear el corazón del macrismo. Aunque se insista, desde ese sector, que no hay que mezclar las contiendas provinciales con la presidencial, llama la atención que en más de quince provincias hayan conseguido magros resultados, mientras el peronismo, si no ganó, al menos obtuvo el segundo puesto. Lo ocurrido hace 48 horas llegó con pesados agravantes. En Santa Fe, San Luis, Formosa y Tierra del Fuego, la amplia sonrisa alcanzó al kirchnerismo más puro. Así vimos cómo Gildo Insfrán, uno de los soldados más fieles a Cristina Kirchner, llegó a una marca superior al 70% de los votos y, en Tierra del Fuego, vencieron FORJA y los candidatos de La Cámpora, todos íntimamente ligados al exgobierno. En San Luis el que ganó fue Alberto Rodríguez Saá, que se reconcilió con la exjefa de Estado y va a apoyar a Alberto Fernández en octubre. Por último, la frutilla del postre la brindó Santa Fe. Allí venció el peronista Omar Perotti, que le cortó 12 años de hegemonía al socialismo y dejó tercero, bien lejos, a “Juntos por el Cambio”, la sigla que reemplaza a la devaluada Cambiemos.

En relación a la caída del socialismo, indirectamente, conviene señalar que golpeó duro a la fórmula presidencial Consenso Federal (Lavagna-Urtubey), de la cual José Luis Barrionuevo es su artífice. La lectura es inevitable. El socialismo es uno de los puntales de la precandidatura de Roberto Lavagna y confiaba en alentar la onda triunfalista con la victoria de Santa Fe. Nada es que no la consiguió, sino que la revuelta interna entre el gobernador Miguel Lifschitz y el precandidato derrotado, Antonio Bonfatti, debilitan cualquier aporte hacia el exministro de Duhalde y Néstor Kirchner. A tanto llega la cuestión, aunque parezca poco probable, que se llegó a analizar la deserción de la aventura presidencial, mucho más teniendo en cuenta que la Casa Rosada es consciente que Lavagna le quitará votos a exCambiemos dejando expedito el camino para el peronismo. Obviamente, el tema llega a Catamarca, donde Barrionuevo pretende armar una oferta electoral junto a Dalmacio Mera, al mismo tiempo que, vía “Coti” Nosiglia, anuda entendimientos con Oscar Castillo, muy interesado por la capital catamarqueña antes que por el resultado provincial.

Como lo dijimos ayer, nada está confirmado, pero existen definiciones políticas generales en torno al cierre sabatino de las listas. En el peronismo, sea quien sea, no habría polémicas respecto a la gobernación, pero en la categoría intendente la puja puede tener otros perfiles, en tanto dos o tres dirigentes –digamos Brumec, Figueroa Castellanos y algún “tapadito”- se revelarían contra los deseos de imponer a Gustavo Saadi por parte de la Casa de Gobierno. Aparte, hay temor por la eventualidad que Barrionuevo llegue con precandidato propio, que no sería otro que el sobrino Maxi Mascheroni. El porcentaje que pueda conseguir, si no gana, perjudicaría al peronismo y dejaría las puertas abiertas para el postulante del radicalismo. En lo que hace a la oposición, como también lo aseguramos ayer, habrá dos listas completas que abarquen a toda la provincia. Por último, tanto en uno como en otro de los comandos, no hay nombres de nuevas figuras. Son los mismos de otros tiempos. La única sorpresa, aún no confirmada, podría ser la del empresario Walter D’Agostini, un independiente que como lo adelantara en forma exclusiva El Esquiú.com, ha decidido jugar en la arena de la política y asegura que puede hacer cosas importantes por Catamarca.

En época de redes sociales y noticias falsas, este Secretario está dispuesto a aclarar cualquier posición que importe una mentira o algo parecido a ella. Ya puntualizamos en una entrega anterior que, al contrario de lo que dijo, Luis Barrionuevo no contribuyó en 2011 a la recuperación del gobierno por parte del peronismo. Al contrario: jugó en su contra. Ahora nos detenemos en una afirmación del diputado Luis Lobo Vergara, quien muy suelto de cuerpo dijo lo siguiente: “Las primarias son una buena herramienta que ayudan a resolver conflictos cuando no hay unidad de criterio. Es una ley que nace de una iniciativa del Frente Cívico y a la que recurrimos en varias oportunidades”. Jamás fue iniciativa del exFrente Cívico. A las cansadas, y sobre la hora, aprobó la ley que remitió a la Legislatura la actual gobernadora, Lucía Corpacci, quien la había anunciado en una apertura de sesiones ordinarias. Como contradicción flagrante del gobierno provincial, hay que señalar que en el año 2018 renegó de su propio proyecto. De hecho aprobó la ley que suspendía las PASO si se votaba en marzo. Allí, diputado Lobo Vergara, el exFrente Cívico se opuso. ¿Quedó claro?

RECUERDOS. Como todos los martes, jueves y domingo, incluimos en el último bloque de los “Apuntes” los acontecimientos del pasado.


En junio de 1994, aparte del traspaso de la Caja de Jubilaciones (IPPS) a la Nación, un tema trascendente de la agenda tenía que ver con la minería, toda vez que se había firmado el contrato de explotación de Bajo la Alumbrera y se hablaba de sus potencialidades. En esa dirección, el exsecretario de Minería, Luis Navarro García, como representante ya de la Nación se refería al impacto socio-económico que iba a producir la puesta en marcha del yacimiento. Destacaba que los empresarios tucumanos se preparaban mejor que los catamarqueños y, por ello, aconsejaba al gobierno de Arnoldo Castillo gestionar los fondos para crear la infraestructura que demandaría Alumbrera. Como quiera haya sido la historia, el exgobierno hizo muy poco en ese sentido y los resultados se vieron reflejados en la realidad. Tucumán sacó muchas ventajas a Catamarca, sea en cantidad de puestos de trabajo, presencia de proveedores, etc. Por todo ello, sería bueno que, desde ahora mismo, gobierne quien gobierne, alguien comience a pensar seriamente en el impacto que provocará Agua Rica cuando se ponga en marcha. La Alumbrera, por estos días, ya comenzó su despedida y contrató a 23 andalgalenses para desarmar su campamento y las inmensas instalaciones que supo montar.

El Esquiú.com
 

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