El diputado Francisco Monti (Vamos Juntos-FCS Cambiemos) se refirió al fallo de la justicia Federal por declararse incompetente entender en la causa por supuestas irregularidades en Valle Chico, uno de los proyectos urbanos más emblemáticos de la actual gestión, al considerar que no hay un daño al patrimonio de Nación.

Al respecto dijo que “este caso estaba bastante claro y que a la Justicia Federal le correspondía que se aboque a estas investigaciones”. Seguidamente declaró que “la denuncia estaba acompañada por una jurisprudencia muy reciente de la Cámara Federal de Tucumán que es la instancia de alzada del propio Juzgado Federal provincial, seguido de un informe que remitió la Sindicatura General de la Nación relacionado con el trámite de esta auditoría. Lo que muestra con absoluta claridad que hay un organismo nacional que ha estado auditando este trabajo en equipo con el tribunal de cuenta en el marco de la Red Federal de control público”.

En este sentido, reconoció que no puede apelar el fallo dado que no cumple el rol de querellante, medida que solo le corresponde a la fiscalía.

“Más allá de la competencia, la cuestión de fondo sigue siendo muy grave y a quien le corresponda investigar espero que lo ha con la rapidez necesaria porque hay medidas de pruebas  que siempre que se tome lo más rápido posible va a poder esclarecer los hechos”.

Monti expresó que el informe de auditoría incluye datos muy graves como cómputos incorrectos, errores de sumas aritméticas, sobreprecio y obras no ejecutadas por un monto millonario.

Aunque dejó en claro que no se trata de una versión o chicana de la oposición, el diputado provincial acusó al Tribunal de Cuentas  de iniciar una “caza de brujas” para determinar de dónde había salido la información y como se había filtrado. A la vez que consideró que la causa toca sensiblemente a personas muy pegadas del poder.

“La denuncia la hice el 29 de abril de este año y el sumario que inicia el Tribunal de Cuentas para perseguir a sus propios empleados tiene fecha del 3 de mayo, sin embargo la justicia ha demorado casi tres meses en dictar una resolución donde solamente se define la competencia”.

“A mí me parece que en esta provincia perseguir hechos de corrupción, investigar de la manera que corresponde no son prioridad  y es muy difícil que exista una denuncia con el nivel de pruebas y claridad con el que se ha formulado esto”, declaró el legislador provincial.

 Ante la "coincidencia" de postura del fiscal Federal y el Juez Federal, la investigación fue girada a la justicia provincial con competencia en delitos contra la Administración Pública.

Sobre la denuncia

El lunes 29 de abril el diputado Monti se presentó a la Fiscalía Federal para denunciar la posible comisión del delito de fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público en ámbitos del Instituto Provincial de la Vivienda, a cargo de Dante López Rodríguez.

La denuncia se resume en presuntos sobreprecios, obras contratadas y no ejecutadas por parte de la contratista, vicios en la ejecución de obras, desdoblamiento de obras, omisión de cumplimientos de procedimientos de contratación en violación a las normativas vigentes.

De acuerdo a la auditoría, el daño económico alcanzaría los $55.487.795.