Días pasados estuvo visitando la ciudad de Andalgalá el precandidato a gobernador por el GEM, el exdiputado nacional José Alberto Furque. Independiente de las cuestiones proselitistas, hizo doblete. Aprovechó la coyuntura para realizar una presentación, en nombre de la Municipalidad de Andalgalá y su Concejo Deliberante, en el expediente judicial que tramita los amparos por la explotación de Agua Rica, el megaemprendimiento de características bastante parecidas a la Alumbrera. Recordemos en este sentido que el juez andalgalense, doctor Rodolfo Cecenarro,  convocó a las partes a presentar pruebas. En primer lugar lo hizo la empresa Yamana Gold, propietaria del yacimiento en su condición de socia mayoritaria. Después siguieron los vecinos autoconvocados (a ellos se sumaría, de conseguir la acreditación, el denominado “pueblo diaguita de Andalgalá”) y el gobierno provincial. Finalmente llegó Furque, quien estimó que a la empresa se le vencieron los términos y ratificó lo resuelto por la Suprema Corte de la Nación, en orden a suspender toda actividad mientras no se apruebe un informe de impacto ambiental. Asimismo, mostró su contrariedad con el juez Cecenarro por haber hecho lugar a la apelación de la empresa (no así al recurso de reposición), la cual deberá ser resuelta en cámara.

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Con lo resuelto por el juez y los planteos de Furque, todo el paquete que analiza la eventual explotación de Agua Rica se verá demorada en los vericuetos de la Justicia. La empresa, cabe destacarlo, hizo especial hincapié en una Ordenanza Municipal que, tiempo atrás, fuera aprobada por unanimidad por los concejales y a la que considera, con sólidos argumentos, inconstitucional. Por la misma se prohíbe la explotación minera en la cuenca del Río Andalgalá, con lo cual hace inviable el proyecto, toda vez que el yacimiento se levanta en la zona. Esto lo tiene que resolver la Corte de Justicia de Catamarca pero, falle lo que falle, por la vía de las apelaciones, volverá a la Suprema Corte. Hablando más en criollo: habrá que esperar, por lo menos, un par de años para saber cómo termina una historia donde se entremezclan razones políticas y económicas. Mientras tanto, el proyecto sigue siendo una gran esperanza.

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Más allá de los tecnicismos jurídicos de esta situación, la posición de los distintos actores no deja de reflejar posicionamientos políticos. Los amparistas, con la representación de la doctora Alejandra Kats, mantienen su intransigencia. Ratifican lo denunciado por los anteriores abogados (Adrián Garín, Selene Herrera Agüero y otros). Esto es, aportan las actuaciones llevadas ante la Suprema Corte de la Nación invocando, además, hechos nuevos. Como la ampliación de la zona de explotación o la promocionada asociación empresas-provincia. Yamana, por su lado, reconvino y apeló la decisión judicial, en tanto el intendente municipal y el Concejo Deliberante se allanan a la pretensión de los amparistas y la provincia informa el actual estado de gestión minera entre la empresa y la provincia. La primera, con el concurso del abogado Guillermo Lillejedhal, posiblemente, intenta prorrogar los plazos hasta que culmine el proceso electoral y haya elementos de juicio destinados a socavar los argumentos de la demanda. En la misma línea actuaría la provincia.

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Frente a las aspiraciones de la empresa y la provincia -¿y por qué no la mayoría de los andalgalenses?-, claramente, se levanta la aspiración de paralizar el emprendimiento y, complementariamente, prohibir la explotación de Agua Rica. Quienes buscan ese objetivo no son ajenos a la política. El abogado Furque es precandidato a la gobernación por el GEM y, de alguna forma, defiende a Alejandro Páez, primer postulante a diputado por la divisa radical, mientras un actor no menor como José Luis Olaz –uno de los que votó la Ordenanza de la polémica- va por el sillón que dejará Páez. El trío parece decirle no a la minería. O, al menos, no de esta forma. Sus posiciones no son nuevas. Avalaron desde la comuna el Análisis del Estudio de Impacto Ambiental de la Universidad de Tucumán, que objetó el proyecto y, además, por unanimidad, sancionaron la Ordenanza de prohibición de megaemprendimientos mineros y tratamiento de elementos tóxicos en la cuenca hídrica. La provincia también muestra sus cartas al apoderar a los abogados de la Secretaría de Minería (Raúl Colombo, Andrés Vega y Lucía Gribaudo) para que la represente. Deja de lado a los profesionales de Fiscalía de Estado, Secretaría de Ambiente u otro cuerpo de abogados con los que cuenta el Estado, y se queda con los encargados de ejecutar la política minera.

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Lo que debiera ser netamente judicial, donde las partes controvierten y se define una instancia, no es visto así por los involucrados. Tampoco por los encargados de gobernar. Ello surge del propio mensaje de la gobernadora, doctora Lucía Corpacci, cuando el 1 de mayo les expresó a los catamarqueños que la minería, Agua Rica y el litio, pero por sobre todo el megaemprendimiento, es la excluyente salida económica. Afirma que la provincia puso todo el empeño en asociarse en el proyecto que aún no tiene informe de impacto ambiental y si un impedimento judicial. Luego vienen otros actores que son y quieren seguir siendo protagonistas principalísimos, pero que a la vez no son aquellos que estuvieron en el principio de las actuaciones judiciales. En 2010, cuando se largó el conflicto, gobernaba Brizuela del Moral, era intendente José Perea y Yamana Gold actuaba sola. Hoy lo hace asociada con otras empresas mineras y el Estado. El intendente Páez asumió por Proyecto Sur con un mensaje antiminero y el actual concejal Olaz, votante de la Ordenanza, quiere suceder al intendente.

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El impedimento judicial, al que se refería la señora gobernadora, sin nombrarlo, es seguramente la Ordenanza Municipal que está recurrida y, quizá en menor medida, el amparo judicial. En el medio se ubican los catamarqueños, esperanzados y preocupados para que exista empleo o riqueza sin que se repita la inexorable ley que, desde 1850, se aplica en la llamada “Perla del Oeste”: extracción sin desarrollo. La dilucidación del amparo, lo repetimos, tiene su historia. Va para los 10 años de existencia, taponando valores como el interés general, el ambiente, la participación ciudadana, el desarrollo sustentable. Y, como en una partida de ingenio, se mueven los objetivos, se cambian las prioridades y los actores bailan una danza en clave política.

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No sabemos hasta cuándo se mantendrá la incertidumbre, pero cuando han pasado 10 años de idas y vueltas, hay que llegar a conclusiones claras. En primer lugar es necesaria la factibilidad del proyecto y, superando el escollo del impacto ambiental que arrastra el buen ejemplo de Alumbrera, están dadas las condiciones para llevarlo a cabo. La señora Justicia es quien tiene que decidir, pero en este punto surge otra conclusión. ¿Por qué no hacer un plebiscito y que la gente vote por si o por no? Su resultado podría llegar a ser inapelable y decisivo para desenredar la maraña judicial.

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RECUERDOS. Como lo hacemos todos los jueves, domingos y martes, cerramos los “Apuntes” de la fecha consignando acontecimientos de la década del 90. Hoy se recuerda el 25 aniversario de una de las más grandes tragedias de la Argentina. El atentado a la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), que dejó 90 muertos y más de 150 heridos, se produjo el 18 de julio por la mañana. Tuvo características similares al ataque a la embajada israelí, el que se había producido dos años antes. En ambos casos, fue durante el gobierno de Carlos Menem, quien pidió perdón al pueblo judío y decretó tres días de duelo nacional. Por este motivo, la Asamblea Constituyente que trabajaba en la reforma de la Carta Magna en Santa Fe, suspendió transitoriamente sus actividades. El día 21 de julio de 1994, mientras se mantenía un estado de consternación en toda la Argentina, se hizo un acto de repudio por el atentado en la plaza de los de los “2 Congresos”. Convocó a más de 200.000 personas. Un día después, el grupo extremistra proiraní Al Sad Alá, con base de operaciones en el sur del Líbano, se adjudicó el sangriento atentado desde la ciudad de Sidón.

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Con el paso de los años, el atentado a la AMIA se convirtió en una verdadera causa política. Hubo acusaciones de encubrimiento contra el menemismo (el juicio terminó recién en el presente año) y, al llegar Néstor Kirchner al gobierno (una década más tarde), creó la Unidad Fiscal AMIA, a la cual otorgó un impresionante presupuesto para que investigara y colocó a Alberto Nisman a su frente. Lo que sucedió después es más conocido. Este fiscal, antes de suicidarse, señaló alguna vez que el kirchnerismo que, según él, tanto lo había ayudado, en realidad estaba encubriendo a Irán y por ello trató de firmar un memorándum de entendimiento por el cual está procesada con pedido de prisión preventiva la expresidente Cristina Kirchner.