Fue la obsesión de varios gobiernos. Desde la restauración de la democracia, unos más y otros menos, buscaron afanosamente cambiar las leyes laborales del país bajo el pretexto que los convenios colectivos, rubricados por el gobierno peronista de los años 70, tornan inviable el desarrollo de la economía y las empresas de todos los rubros.

Para los mentores de tan profundas variantes culturales, los trabajadores representan un costo insoportable para cualquier inversor, sea éste chico, grande o mediano. Y, ahora con niveles de seguridad, rematan sus argumentos diciendo que (los trabajadores) se han convertido en la valla que promueve las altas tasas de desocupación que se observan en Argentina.
No hace falta decir que quienes motorizan el fin del trabajo blanco y formal, decentemente pagado y sujeto a derechos y obligaciones de las partes son los empresarios argentinos, esos mefistofélicos personajes que, vaya como le vaya al país, siempre ganan y cuando tienen que repartir culpas le apuntan a la política, a su vez, con las excepciones de rigor, sucia y pasible de corrupción.

Menem intentó la reforma laboral. Antes, Raúl Alfonsín pretendió retoques. De la Rúa la quiso implementar vía sobornos. Ninguno de ellos, sin embargo, puede llegar tan lejos como el actual presidente.

Por las buenas…o por las malas

A Mauricio Macri se le pueden señalar variadas incoherencias y hasta incumplimientos, por no decir mentiras electorales. Sin embargo, en materia laboral, mantiene incólume su pensamiento, inclusive desde antes de ser electo.

Quizá porque viene de las canteras más genuinas del empresariado, desde hace décadas sostiene que los sueldos son un costo. Pontificó, invariablemente, que hay que rebajarlos y, apenas asumió, fue a atacar la industria del juicio por la que acusó a los abogados laboralistas de estar contagiados por las metástasis de la picardía.

No conforme con reafirmar sus ideas, produjo una devaluación que destrozó los salarios y convirtió a los pesos argentinos en papelitos de colores. La inflación, sostenida y galopante, hizo el resto.

Pero los ultrajes, al parecer, no se han terminado. El gobierno nacional, en el supuesto nada alocado de ganar las elecciones, promete llegar hasta el hueso. Esto es, establecer la reforma laboral antes que amanezca 2020. Sus voceros ya no disimulan nada: será por ley del Congreso o por decreto de necesidad y urgencia.

El ataque al sindicalismo, baluarte de la defensa de los derechos de los trabajadores, no es casual. Está programado en los laboratorios del gobierno y del FMI, el organismo que manda porque pone toda la plata y la plata, mal que les pese a los connacionales, evita el caos social que se divisa en el horizonte.
Despedir sin causa y costo

Tan avanzada está la idea de cambiar abruptamente las reglas del juego en el mundo del trabajo que, en las últimas semanas, los empresarios salieron en malón a pedir la “solución final”, como la que Hitler supo hacer famosa para exterminar al pueblo judío. Transpolar al presente aquella tragedia, sería hablar de un golpe mortal al trabajador, tal como se lo concibe en la Argentina.

Uno de los más explícitos en imaginar el futuro fue el abogado Julio César Crivelli, presidente de la Cámara de la Construcción, una de las industrias que mayor relevancia tiene para la creación de puestos de trabajo.

El sector, como se sabe, tiene un régimen de despidos muy particular. Los empresarios depositan mes a mes un “fondo de cese laboral” que cobran los obreros cuando la empresa decide, por el motivo que sea, suspender obras o la actividad sostenida.
Para Crivelli, con esto no alcanza. Sostiene, con firmeza, que las patronales deberían estar habilitadas a “despedir sin causa” y suplantar a los que menos trabajan por otros que rindan más. Ello serviría, conforme a su razonamiento, para “premiar la meritocracia en toda la industria y el comercio”.

Llegó lejos este verdadero símbolo del empresariado nacional. Quiere, directamente, volver al siglo XIX, cuando la explotación del hombre era moneda corriente. Por un plato de comida o miserables recompensas debía producir hasta el límite de la capacidad física. Si no lo hacía, o moría en el intento, se lo reemplazaba por sangre joven y asunto terminado.

Sanguijuelas del trabajo

El relato de Crivelli, lo repetimos, no es una rareza como lo sería una palmera en la Siberia. El empresariado argentino del que forma parte, a diferencia de sus pares sudamericanos, nada tiene de patriota ni de solidario a la hora de repartir ganancias. Las quiere todas y más todavía. Es el que saca los dólares del país –se calcula que un PBI completo figura en cuentas off shore- y cuando la economía cae en crisis “timbea” con los mecanismos económicos, como las Lebac, Letes o Leliq, que las terminan pagando los trabajadores y el pueblo con los ajustes inmisericordes.

Son los mismos que analizan la realidad con el Obelisco de fondo y, según el periodista Hugo Alconada Mon –figura entre los más serios y creíbles-, son la raíz de muchos males. Así, asegura en su último libro, verdades como estas:
1.- “Quienes compiten por un cargo electivo cosecharán los millones que necesitan para financiar sus campañas, pero a cambio deberán comprometerse a atender los llamados telefónicos de los empresarios aportantes, escuchar sus pedidos y reclamos y, llegado el caso y sobornos mediantes, otorgarle negocios millonarios”.

 2.- “Quienes deberían competir en licitaciones públicas en realidad se reúnen a puertas cerradas, pactan qué precios ofertarán y qué contrato ganará cada uno, con sobreprecios para sobornar a los funcionarios, más una reserva para abogados, periodistas y jueces si el negociado sale a la luz”.

3.- “Quienes deberían informar a la sociedad (también son empresarios) se convirtieron en uno de los gastos más costosos de las campañas electorales, venden sus espacios en prensa, radio, televisión o internet a los candidatos, del mismo modo que cobran por elogiar a los funcionarios, encastrar opositores o, incluso, callan y hablan de otros temas cuando estalla un escándalo de corrupción”.

Nadie, en sano juicio, va a discutir que la legislación laboral es prácticamente leonina a favor del trabajador. Los convenios, efectivamente, atienden más los derechos que las obligaciones y, de esta manera, uno o varios despidos pueden significar la ruina de una empresa.

Desde allí a pasar hacia el extremo opuesto, como quieren los empresarios que apuran al gobierno en los planes reformistas, hay una distancia enorme. Los trabajadores argentinos ya vienen castigados duramente y “los amigos del cuidador, del caballo y del jockey”, utilizando un desliz turfístico, pretenden seguir esquilmándolos.

En resumen. Hace falta una reforma. Nunca la que pretenden las sanguijuelas empresarias. Que se la debata y se la consensúe. Esa será misión de un gran estadista. De Macri o Fernández.

El Esquiú.com