La designación de Analía Brizuela como representante de la minoría de la Cámara de Diputados en el Jury de Enjuiciamiento derivó en una polémica que tiene varias aristas. Es cierto que el oficialismo, frente a las dubitaciones de una oposición dividida, aprovechó la volada y eligió a quien formaba parte de esa oposición y hoy funge como aliada con un bloque unipersonal denominado “Raúl Alfonsín”. Más que eso inclusive. Es la décima precandidata a diputada del “Frente de Todos”. Recién con el hecho consumado, con acusaciones de avasallamiento institucional, saltaron quienes tuvieron tiempo de sobra para nominar a su candidato y por las eternas peleas entre los bloques del radicalismo –se remontan a mayo de 2018- fueron madrugados el pasado miércoles. Las voces destempladas de Francisco Monti (FAPRA) y Carlos Molina (PRO) no alcanzaron para cambiar el rumbo de los acontecimientos al que, lo repetimos, contribuyeron por egoísmos mal entendidos.

Cuando los radicales y sus aliados vieron que el peronismo tenía decisión tomada para resolver el intríngulis, a las apuradas, lanzaron el nombre de Verónica Rodríguez Calascibetta como postulante de la minoría en el cuerpo que debe juzgar a jueces y magistrados (no a los ministros de la Corte, como equivocadamente se deslizó en la sesión del miércoles). Ya era tarde. Se mandó a votar y quedó sellada la designación de Brizuela. La amenaza de judicializar el conflicto por parte de Calascibetta, quien finaliza su segundo mandato dentro de cuatro meses, no creemos que llegue a buen puerto, aunque está en todo su derecho de hacerlo. Para ella, existió “un ataque a las instituciones”, lo que por cierto se debe evitar, algo que sucede pocas veces. Recordemos, en ese sentido, las famosas movidas del ex Frente Cívico en el pasado. Cierta vez no pudieron jurar siete senadores peronistas que habían ganado las elecciones departamentales e iban a formar una mayoría opositora; otra vez borraron a un concejal electo con banales argumentos sobre la residencia y cuando hubo que promover detenciones, que en ningún caso terminaron en condenas, no dudaron en hacerlo. Esto sin contar tropelías legislativas cuando dominaban ambas cámaras. No alentamos ningún desquite, pero sí que todos recuperen autoridad moral.

La diputada Brizuela, por su lado, se defendió con algunas referencias a la atomización de la oposición. Por empezar, dijo que ella fue elegida en 2015 por un Frente Cívico que ya no existe y que el bloque radical se mantiene fracturado, aparte que hubo deserciones importantes de la alianza, entre las que señaló al socialismo y a Movilización. A esto debería agregarse, de hecho lo hacemos nosotros, que Analía fue separada del bloque, y más tarde expulsada de la UCR, por haber votado el aumento del número de miembros de la Corte de Justicia, lo que no significaba pasarse a filas enemigas. Claro que ese voto, como el de Carlos Molina, enervó al castillismo, para quien la Corte de Justicia era territorio intocable. Con las presencias de José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva alcanzaba a los fines dispuestos en los años 90. De hecho, hubo inconductas partidarias mucho más notorias y nada dijo el Tribunal de Disciplina de la UCR, “casualmente” de raíz castillista. Aparte, desde el punto de vista objetivo, el reglamento para designar miembros del Jury habla de minoría y no de oposición. En ese punto, la diputada elegida aprueba la exigencia.

Como resulta prácticamente imposible ponderar acciones del gobierno federal en la provincia (ayer se conoció por medios metropolitanos un informe crítico sobre Vialidad Nacional), los voceros de la campaña opositora piensan atacar al gobierno provincial con la denuncia de eventuales irregularidades. En este marco se inscribe la que presentó Francisco Monti, quien puso la mira en el manejo de los fondos que fueron aplicados por funcionarios del IPV al gigante habitacional que, en el suroeste de la ciudad y bajo el nombre de Valle Chico, creó la gobernadora Corpacci. Para el diputado, como se emplearon fondos nacionales, los teóricos perjudicados fueron el Estado nacional y los beneficiarios, por lo que entiende había elementos suficientes como para que la causa fuera instruida por la Justicia Federal, que se declaró incompetente. Razones no le faltan, pero lo curioso del caso es que el hombre directamente no confía en que la Justicia provincial pueda avanzar en el tema. ¡Si Monti lo dice!

A propósito de la falta de elementos para estructurar el discurso en “Juntos para el Cambio”, que a Catamarca y La Rioja le hayan designado una especie de interventor o jefe de campaña -Marcelo Weschler, diputado porteño del PRO- parece ser una rareza, pero en realidad no lo es tanto. En Buenos Aires se conoce de las internas que se desarrollan en la provincia y las vendetas que, al final, pueden terminar perjudicando a Macri. O, mejor dicho, restándole votos, ya que algunos intendentes están dispuestos a hacer campaña por cuenta propia sin aludir al presidente, que los puede tirar abajo por su imagen declinante en la provincia, y suponemos que en La Rioja también. Esta situación, claramente, además, tiene que ver con dos cosas. Una, con el reparto del dinero de campaña que, desde el alto comando PRO, quiere que se aplique todo en proselitismo y que ningún dirigente se lo vaya a guardar. También habla de la paridad o desventaja coyuntural que puede existir con el “Frente de Todos” (Fernández-Fernández) y, precisamente por ello, se piensa discutir hasta el último voto de la Argentina. 

El partido FE, que creara el extinto gremialista “Momo” Venegas” y tuviera como diputada por Catamarca a Myrian Juárez, a nivel nacional se alinea dentro de “Juntos por el Cambio”. Sin embargo, en Catamarca, a través de los dirigentes Hugo Melo y Maura Rodríguez ha dejado de lado la adhesión a los radicales y se ha recostado sobre el peronismo y, más precisamente, sobre el precandidato a gobernador, Raúl Jalil. El motivo es fácil de imaginar. Melo se cansó de las promesas que le hiciera estos años Oscar Castillo para llegar a ocupar, efectivamente, un cargo electivo. Con el cierre del 22 de junio no dudó más y proclamó su regreso al peronismo que, de continuar en el poder, podría darle algún cargo. Entonces, por más desautorizaciones que puedan venir de Buenos Aires, el hecho es que Melo ha cambiado de camiseta.

Luego de acusar a “La Cámpora” de estar ligada al narcotráfico, consciente de su exabrupto, Marta Pelloni tuvo que volver atrás y retractarse de lo expresado. Nada es que pidió perdón por el hecho de haber generalizado, sino que destacó los valores de algunos integrantes de la agrupación kirchnerista. Semejante cambio de posición obedeció a que nadie salió a avalar sus dichos, ni siquiera la expresiva Elisa Carrió, para quien resulta demasiado peligroso realizar este tipo de acusaciones, a pesar de que ellas las lleva cabo con bastante asiduidad. Más allá de los matices, la monja que bien conocen los catamarqueños por el Caso Morales, luego de permanecer casi tres décadas en Goya, trabaja ahora en la jurisdicción de 3 de Febrero (Buenos Aires) y desde allí está haciendo campaña por la gobernadora María Eugenia Vidal.

En la presente semana, el interventor de la OSEP –Julio Cabur- dio señales de vida y anunció la restitución del convenio con el Sanatorio Allende de Córdoba, un centro asistencial al que apelan con frecuencia los catamarqueños. Esta noticia distendió un tanto los ánimos en el gobierno, donde anteriormente reinó el malestar por el conflicto de los empleados reclamando por un plus especial que, como cualquier otro gasto, desestructura las finanzas públicas. El enojo en el más alto nivel habría generado la posibilidad de producir un cambio de conducción en la obra social y, en esa dirección, se habría pensado en el titular del SAME, doctor Bazán. Como quedan escasos meses de gestión de Lucía Corpacci, se habría tomado la opción de mantener las cosas como están y no hacer ruidos que puedan tener repercusión política.

RECUERDOS. Como lo hacemos todos los domingos, martes y jueves, cerramos los “Apuntes” de la fecha consignando acontecimientos de la década del 90.
El 17 de julio de 1994, en los Estados Unidos, dirigido por Gomes Parreira, Brasil se consagraba campeón mundial por cuarta vez en la historia del fútbol. Derrotaba en la final a Italia, mediante la definición de los tiros penales (3-2). Suecia, vencedor de Bulgaria en el partido por el tercer puesto, también subía al podio. Romario, un centrodelantero de características excepcionales, fue declarado el mejor jugador del certamen y el goleador fue el búlgaro Stoitko. Rumania 3 – Argentina 2, por los octavos de final, fue considerado el mejor partido de la competencia. Para Argentina todo fue tristeza: fue el mundial del doping positivo de su astro máximo, Diego Maradona.

En junio del mismo año, en las clásicas asunciones de funcionarios, lo hacía como director de Medio Ambiente el arquitecto Carlos Raúl “Meco” Álvarez. Participaron de aquella ceremonia el ministro de Bienestar Social, Daniel Plaza; el secretario de Prensa, Alberto Bamonte; el subsecretario de Salud, Víctor Castillo y el subsecretario de Acción Social, José María Ahumada. También lo hacían tres directores de la época: Miguel Ángel Córdoba (Medicina Asistencial), Héctor Cangi (OSEP) y José Luis Gómez Bello (Deportes).

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