La denuncia por abuso sexual ultrajante contra su exempleador y actual precandidato a gobernador por la alianza “Juntos por el Cambio”, doctor Roberto Gómez, calentó la campaña política que, en realidad, oficialmente debe iniciarse en la presente semana. Los detalles explicados por el abogado Roberto Mazzucco, quedan claros, serán materia de la investigación judicial que debe poner en marcha la Fiscalía General. En más, el hecho se inscribe en el terreno de la política. No puede ser de otra manera. Resulta indiscutible el propósito de desprestigiar a Gómez, toda vez que los apremios –si se confirmaran- ocurrieron tiempo atrás y pudieron ser denunciados antes que el profesional fuera consagrado como aspirante a la gobernación. De la misma forma, si la denunciante se sintió atormentada y resolvió marchar a la justicia, así como esperó un largo tiempo en decidirse, bien pudo esperar cuatro meses más y no sembrar las dudas que quedan instaladas en el inconsciente colectivo, aparte del “vale todo” de las redes sociales. Más allá de este esquema de pensamiento de mínima lógica, si la desgraciada circunstancia fue impulsada por los adversarios de Gómez resultó un tremendo “pelotazo en contra”. Lo que puede ser cierto –reiteramos que eso será pronunciamiento de la Justicia-, en campaña política se torna dudoso.

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Por suerte, conspicuos representantes de la política salieron a repudiar cualquier maniobra orientada al desprestigio. La primera en hacerlo fue Lucía Corpacci quien, con la autoridad moral que la distingue, señaló que la campaña sucia no le sirve a nadie. También Gustavo Saadi pidió calmar los ánimos y confrontar las propuestas, prometiendo personalmente no ejercer violencia de ninguna naturaleza hasta el final del tiempo electoral. A propósito de Saadi, por lo que sabemos, sería uno de los apuntados por la oposición para tratar de demonizarlo. A esta altura del tiempo, se nos ocurre misión imposible, toda vez que el joven diputado nacional no tuvo participación con las controversias del pasado. Hasta podría convertirse en un boomerang como esta carga a Roberto Gómez en modo proselitista.

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Oportuna apreciación del precandidato a gobernador por el Frente de Todos el pasado viernes, en oportunidad de inaugurar junto a Rogelio Frigerio, ministro del Interior, la obra de semipeatonalización céntrica. Sin ambages de ninguna naturaleza, Raúl Jalil prometió impulsar la reforma de la Constitución provincial en el supuesto de resultar electo el 27 de octubre. Si bien es cierto que la iniciativa tiene el sello de la doctora Corpacci, no es menos cierto que el intendente fue reformista desde sus tiempos de diputado provincial y, muy recientemente, también propuso el cambio de la carta orgánica de la Capital. Sobre la ley de leyes, como lo repetimos en tantas oportunidades, la sociedad no concibe que haya reelecciones a granel, como ocurre ahora mismo; que el gobernador pueda tener mandatos indefinidos; que no haya certeza electoral; que no se reglamente la carrera administrativa para lanzar directores de repartición no políticos; que no haya actualización de los textos con relación a los avances tecnológicos o lo más elemental en una provincia minera, que no se diga nada de las regalías. Bien, ya que Jalil abrió el fuego, sería bueno que también lo hagan los opositores. Digamos Gómez, Manzi, Páez, Lobo Vergara y el mismo Oscar Castillo. Así, la sociedad sabrá lo que verdaderamente piensan sobre un desactualizado y tramposo texto. Y votará en consecuencia.

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Una de las alianzas menos promocionadas por los medios de comunicación, vaya a saber por qué, es “Somos Catamarca”. Lleva como figura estelar al exdiputado nacional Rubén Yazbek, quien se propone como precandidato a intendente de la Capital. Lo acompañan Oscar Fuentes y Melisa Ferreyra en el rubro diputados nacionales; Eduardo Córdoba y Yolanda Rodríguez como diputados provinciales; la exfuncionaria de Cultura, María Castaños, como pretendiente de la senaduría capitalina y estos precandidatos a concejal: Silvia Aguirrez (circuito 1-2), Edgardo Luna (circuito 3), Juan Melo (circuito 4), Manuel Molina (circuito 5), Hugo Molina (circuito 6), Ricardo Barrientos (circuito 7) y Félix Tula (circuito 8-9). Volviendo a Yazbek, hay que decir que como exlíder del Partido Blanco de los Jubilados puede arrastrar a pasivos y en términos de propuestas tiene varias, en correspondencia a que hace varios años sueña con ser intendente. Las tendrá difícil porque deberá enfrentar a Gustavo Saadi, Simón Hernández, Maxi Mascheroni y Flavio Fama, el precandidato de “Juntos por el Cambio” al que desafió, públicamente, a debatir sobre propuestas para la ciudad. También acotó a esta columna que todos sus rivales vienen de cumplir funciones en las que no han brillado y, como si fuera poco, en caso de perder, todos seguirán en los cómodos asientos de la política. Saadi en el Congreso, Fama en la UNCa., Mascheroni y Hernández en el Concejo Deliberante.

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Se calcula que de aquí hasta las elecciones quedan pocas sesiones de la Cámara de Diputados, pero no creemos que cada vez que se reúnan los legisladores vayan a discutir algún proyecto favorable a los intereses de la sociedad. Lo más probable que se trencen en enfrentamientos políticos como los vividos el pasado miércoles, cuando los representantes opositores volvieron a la carga con las tarifas de la energía eléctrica, sobre las cuales se saben los comportamientos de unos y otros, especialmente del gobierno nacional, responsable de colocar precios y porcentajes de un tarifazo, cuyos orígenes, parece que solamente se discuten en Catamarca. Si bien se comprende que las huestes locales del gobierno nacional no tienen logros para destacar, si podrían ganar posiciones desde terrenos donde vienen perdiendo. Por caso, la reforma de la Constitución. Deberían ser los primeros interesados, toda vez que la repudiaron en cuanto alumbró.

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Ahora que se han calmado las aguas tras un tumultuoso cierre de listas y los juzgados electorales han depurado el concierto de precandidaturas, surgen algunos datos casi vergonzosos. Varios de los anotados, de distintos partidos, incluidos los que disputan el poder, habrían sido inscriptos para favorecer una mejor jubilación en el futuro inmediato. Es decir que no se evaluaron las condiciones para ejercer un cargo, sino la necesidad de arrimar aportes para lograr una mejor jubilación. Entre los hombres habría que buscarlos a los que hoy tienen 63 ó 64 años y entre las mujeres a las de 58 ó 59, es decir que están al borde de completar la edad para pasar al club de los pasivos.

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En materia judicial, cerrando junio, se produjo una situación por lo menos sospechosa. El tribunal compuesto por los doctores Marcelo Soria, Alberto Roselló y Rodolfo Bustamante, después de 16 años, había programado para el lunes 25 del mes pasado la apertura del juicio contra dos exfuncionarios del exFrente Cívico, el gremialista Víctor Brandán y el médico Pablo Doro, exministro castillista. Ambos, conforme a la instrucción, quedaron incursos en el manejo irregular de compras directas que, entre 2002 y 2003, se realizaban desde el ministerio de Acción Social para ayudar a los pobres e indigentes. Gran parte de esas compras, por valores que espantan, quedaron asentadas en los papeles, pero la mercadería nunca llegó, por lo que la política y un grupo de empresarios se habrían alzado con un botín millonario que, en aquel entonces, fue denunciado por el exdiputado provincial Fidel Sáenz. Como siempre ocurre con las causas contra funcionarios, a los que se trata de manera diametralmente opuesta a los chorros de la periferia, la Justicia fue postergando medidas. Por ejemplo, en algún momento, se arguyó que la Legislatura no otorgó el desafuero a Brandán, que era diputado, cuando tranquilamente podía seguir instruyendo la causa. Así llegamos al presente, en el que se llama a juicio, pero a la primera de cambio se lo suspende por la presentación de un certificado médico del mismo Brandán. ¿Cómo es verdaderamente esta historia? ¿Hay voluntad de hacer el juicio o, directamente, se actúa para que el tiempo lo vaya enterrando? Por cierto, hay innumerable cantidad de elementos como para pensar en una farsa institucional. Oportunamente los iremos desgranando.

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, cerramos los “Apuntes del Secretario” con el repaso de los hechos pasados. Antes que las cámaras legislativas, en julio de 1994, autorizarán al Poder Ejecutivo a transferir la caja de jubilaciones a la Nación, desde el gobierno se planteaba el siguiente panorama. 1.- El déficit mensual del IPPS es de 3 millones de dólares. 2.- Hay una desproporción entre 30.000 empleados que aportan y 18.000 pasivos. 3.- Con lo recaudado no alcanza, salvo que se disminuya el número de dependientes del Estado. 4.- Al entregar la Caja se producirá un ahorro para la provincia de 180.000 dólares al cabo de 5 años, con los cuales se podrán construir rutas, escuelas, hospitales, etc. Por cierto, eran los planteos de justificación, a pesar de lo cual el exgobernador Arnoldo Castillo un día decía que se transfería y al otro que no se transfería. Desde la Nación, el exsuper ministro Cavallo le respondía de la misma manera: “si quieren quedarse con el déficit, que se lo queden nomás”. Así, con un debate de amagues y mentiras, llegó el final para la Caja de Catamarca, a la que destrozaron los políticos utilizando el dinero de los pasivos en otros menesteres.