Fue la primera en dar la voz de alarma. La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, tras la reunión que había mantenido la semana pasada con Alberto Fernández, señaló ante los diversos medios de prensa metropolitanos que las medidas económicas –quita del IVA a alimentos básicos, bonos compensatorios, congelamiento del precio de los combustibles y suba del piso para cobrar el impuesto a las ganancias-, anunciadas por el presidente Macri, por tratarse de impuestos coparticipables, impactaban directamente en las economías provinciales. Añadió, para referirse específicamente a Catamarca, que la quita de subsidios a la energía y al transporte se pagaban con fondos provinciales, lo mismo que la construcción de viviendas o los dineros que también faltan por la anulación del Fondo Sojero. Ayer, en dependencias del Consejo Federal de Inversiones (CFI), la gran mayoría de los gobernadores del país y/o los ministros de economía (solo faltaron Capital Federal, Buenos Aires, Jujuy, Corrientes y Mendoza, distritos gobernados por “Juntos”, cuyos representantes estuvieron almorzando con Macri) ratificaron los temores existentes y, aunque aclararon no estar en contra de las medidas, expresaron su contrariedad por considerarlas “inconsultas y unilaterales”. “Que la Nación disponga lo que quiera sobre los fondos de coparticipación que le corresponden, no con los nuestros”, fue una de los pensamientos más escuchados.

Al término del cónclave, incluida la mandataria catamarqueña, los representantes provinciales firmaron un durísimo documento donde dejaron asentado su malestar y pidieron una compensación de alrededor de 30.000 millones de pesos, so pena de iniciar las acciones judiciales que correspondieren. De hecho, los gobernadores de Río Negro y Neuquén, Alberto Weretilneck y Omar Gutiérrez, respectivamente, por la mañana temprano estamparon un recurso de amparo ante la Suprema Corte por el eventual congelamiento por 90 días del precio de los combustibles, situación que amenaza con quebrantar empresas y habilitar despidos. En materia de reclamos judiciales, cabe destacarlo, Catamarca tiene asentado en el máximo tribunal de la Nación un pedido de restitución de los dineros del Fondo Sojero, el que también afectó a la totalidad de los intendentes locales, otros que no son ajenos al escenario post elecciones PASO. Las podas que pueda soportar la provincia, proporcionalmente, también la sufrirán ellos. De allí que ya pidieron reunirse con las autoridades económicas que encabeza el ministro Véliz.

Reflejo de una Argentina dividida. Mientras los mandatarios peronistas y de partidos provinciales pusieron el grito en el cielo por el recorte, los radicales Gustavo Valdez (Corrientes) y Gerardo Morales (Jujuy), más los “amarillos” Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, departieron con Mauricio Macri y hablaron del dinero para la campaña de octubre. A las provincias que les toca a ellos gobernar irán a parar los mayores recursos, a los efectos de aplicarlos a la fiscalización y a los gastos electorales. En provincias donde gobierna el peronismo, que es el caso de Catamarca, la “platita” la manejarán los socios de la alianza “Juntos por el Cambio” que tengan mayor poder de movilización. Una buena noticia para la UCR, en detrimento del PRO y la Coalición Cívica, los que solamente acompañan a la troupé “rojiblanca” detrás de candidaturas aisladas como las de Natalia Saseta y Rubén Manzi.

Decisión tomada. La provincia, frente a la indiferencia de la Nación en materia de obra pública, destinará unos 500 millones de pesos para no frenar su plan de viviendas, que tiene en Valle Chico a su nave insignia. Ya puso en marcha el proceso licitatorio con objetivos demasiado claros: el ataque a las demandas ciudadanas por vivienda y la generación de puestos de trabajo que genera la construcción. Sin dudas, se trata de una medida atinada y valorable en tiempos de vacas flacas, al punto que el gobierno nacional ha suspendido gran parte de la obra pública que promocionaba para las PASO. En realidad, los recortes en esta materia arrancaron apenas asumió la administración Macri, que resolvió financiar solamente el 70% de cada vivienda en lugar del 100% de épocas pretéritas y, paralelamente, al menos para Catamarca, no implementó nuevos programas de vivienda. Aunque la situación económica es dramática y pende del alineamiento de todos los astros de la galaxia, el oficialismo catamarqueño entiende que habrá mejores noticias a partir de diciembre cuando, es muy probable, asuma como Jefe de Estado el doctor Alberto Fernández.

A rendir cuentas. Frente a la presentación que realizaron los diputados de la oposición (Juana Fernández, Lobo Vergara, Genaro Contreras y Humberto Valdez), la Corte de Justicia de la provincia impuso un tiempo perentorio –cinco días- al ministerio de Educación, en cabeza de Daniel Gutierrez, para que informe sobre la compra de guardapolvos y útiles escolares. Una medida acertada desde todo punto de vista y que debería practicarse con mayor asiduidad con todos los organismos del Estado que eroguen dinero público. Es la mejor forma de combatir eventuales actos irregulares, por decirlo suavemente, y evitar sorpresas como las que ya tuvimos con “compras directas”, “curso truchos”, “robos hormiga” o “planes de viviendas mezclados con subsidios al deporte”, varios de los cuales todavía no han sido resueltos por la Justicia.

Otra rendición de cuentas. La pidió el concejal andalgalense José Luis Olaz, candidato a intendente por el GEM. Tiene que ver con el “Festival del Fuerte”, una monumental convocatoria folclórica que atrae a multitudes y que ofrece carteleras que nada tienen que envidiarle a las que presentan otras fiestas provinciales, incluido el Poncho. Si bien es cierto que el concejal quiere “cuentas claras” de cara al pueblo que va a votar el 27 de octubre, llama la atención que cuestiones básicas como informar se mantengan en el anonimato. En el caso del intendente Alejandro Páez, nada menos que presidente del comité provincial de la UCR y candidato a diputado provincial, sin necesidad que lo apuren, debiera haber presentado los balances de una realización en la que se mueven millonarias sumas de dinero que, en este caso, pertenece a todos los andalgalenses. El Poncho, por ejemplo, demanda una rendición a poco de finalizar los acordes musicales.

Como van las cosas, en el terreno electoral, la actuación de Macri en las elecciones del 27 de octubre puede resultar verdaderamente catastrófica. Numerosos intendentes afines de los grandes centros urbanos, para tratar de conservar sus espacios de poder, no solo lo esconderán en el doblado de la boleta, sino que directamente entregarían votos sin la fracción de la candidatura presidencial del actual Jefe de Estado. Este fenómeno llegaría a la mismísima Capital Federal, centro neurálgico del PRO, donde Rodríguez Larreta no quiere sorpresas y, por todos los medios, tratará de evitar el balotaje con Matías Lammens, el presidente de San Lorenzo de Almagro devenido en candidato del Frente de Todos. En lo que atañe a Catamarca, también hay varios intendentes que han dado señales en el mismo sentido, por lo que no creemos que en territorios como Valle Viejo o Belén se promocione a “Mauricio”. La pregunta por la fortuna mayor:¿cómo se esconde a una figura como el presidente cuando el peronismo va a intentar exponerlo como el máximo culpable de las cosas que le ocurren a los argentinos? Apuesta brava, si las hay.

Los tiempos cambian. En una de las últimas entregas de este Secretario, consignamos que el poderoso Grupo Clarín sostuvo una lucha que ya supera los diez años –comenzó en marzo de 2008, cuando el gobierno sacó la resolución 125 que aumentaba las retenciones al campo- contra lo que fue el kirchnerismo y persiguió, sin pausa alguna, el objetivo de hacer encarcelar a la expresidente, Cristina Fernández. Hoy, con los resultados electorales adversos y la Justicia Federal congelada por la sorpresa, las cosas parecen cambiar y ya habría entendimientos estratégicos entre el presidenciable Fernández y el mandamás periodístico, Héctor Magnetto. Ya se reunieron y hoy coincidirán Fernández y Macri en el encuentro de Democracia y Desarrollo que organiza Clarín en el Malba.

RECUERDOS. Como lo hacemos todos los jueves, domingos y martes, el cierre de los “Apuntes del Secretario” incluye los acontecimientos del pasado.
El 22 de agosto de 1994 se producía un hecho periodístico trascendental. Iba a hacer temblar al gobierno de Arnoldo Castillo. El diario El Ancasti denunciaba, por una investigación especial, que una persona llamada Rogelio Arévalo, de 36 años, aparentemente disminuido mental, vivía en un pozo en la localidad de San Pedro de Guasayán (departamento Santa Rosa) y fue descubierta en crítico estado sanitario, con un cuadro de desnutrición avanzado. Según las crónicas de la época emitía sonidos inteligibles y el pozo se ubicaba en el domicilio de su madre, de 70 años de edad. El subsecretario de Salud de aquel entonces, Víctor Castillo, se quejaba de los medios de comunicación por la espectacularidad que se le había dado al tema e indicaba que Rogelio “ya recibía asistencia médica”. Desencadenado el escándalo fue trasladado al Hospital “San Juan Bautista” de la Capital. Vale destacar que esta triste historia tuvo amplia repercusión nacional.

Tal revuelo provocó el “Caso Rogelio” que la oposición política pidió la interpelación del exministro de Bienestar Social, Daniel Plaza, y tres diputados del entonces Frente Cívico (Pablo Sánchez, Raúl De Marcos y Luis Segura) solicitaron a las autoridades, que eran del mismo palo, expliquen qué se había hecho con el espeluznante caso y quiénes participaron del mismo.