Luego de la reunión entre gobernadores peronistas y opositores al gobierno nacional en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) donde se rechazó el paquete de medidas tomadas por el presidente, Mauricio Macri, quedó abierta la opción de ir en contra de las mismas en la justicia. Ayer, desde la Provincia confirmaron que el lunes se presentará ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad.

Sucede que las medidas decretadas por el Gobierno Nacional tocan impuestos (rebajas parciales en el IVA, mejoras en Ganancias y Monotributo). Las bajas en los gravámenes tiene un correlato: impacta directamente en las cuentas provinciales puesto que de allí se alimentan los recursos de coparticipación.

En este marco, el asesor general de Gobierno, Pablo Gallardo, afirmó que para el lunes venidero, en el transcurso de la mañana, se prevé presentar formalmente una acción de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal de Justicia del país.
Ese mismo lunes, y previo a la presentación judicial, los fiscales de Estado y asesores de Gobierno de las provincias mantendrán su encuentro. Al igual que los gobernadores, la reunión se realizará en el CFI. 

Gallardo indicó que ya se acordó con las otras provincias llevar los escritos para presentarlos de forma colectiva. Eso sí, el funcionario aclaró que “no va a ser una presentación unánime de todas las provincias”. Es que se tuvo en cuenta “que cada provincia tiene una realidad diferente y se ve afectada de manera distinta en cuanto a los impactos de los fondos que recibe de coparticipación”. 

El asesor general rescató, en diálogo con Cae El Telón, que la Provincia ya cuenta con el antecedente del Fondo Sojero cuando  la Suprema Corte se declaró competente para tratar el tema.

Además, advirtió que “a partir de la vigencia de los decretos, que ya tienen alrededor de 10 días aproximadamente, el daño en el erario público está causado y seguramente empezarán a surgir sus efectos y consecuencias en el transcurso de los días o meses”. “El daño es irreparable lamentablemente”, acotó.

Así las cosas, el funcionario explicó cuál es el reclamo de la Provincia: “La detracción que hizo el Gobierno Nacional incide en los presupuestos y en los gastos corrientes que tiene el Estado. La medida, arbitraria, no respeta el principio de coparticipación”.
En este orden de ideas, detalló que la Provincia elaboró un presupuesto tomando como previsión los recursos de coparticipación a través de impuestos indirectos, -ganancias e IVA entre ellos- “y hoy la Provincia lo va a dejar de percibir”. 

“Catamarca está entre las cinco o seis provincias que más aportan al tesoro nacional a partir de lo que se paga por derecho de ganancias en función de la exploración y explotación minera, y eso no se ve reflejado al momento de la distribución”, concluyó Gallardo.

Por su parte, la gobernadora Lucía Corpacci comentó que junto a los demás mandatarios comparten opinión en cuanto a las disposiciones de Macri: “Pensamos que es una medida que no soluciona el problema de nadie y que tiene fines claramente electorales”.

“Nadie está en contra de las medidas”, remarcó la jefa de Estado local, para apuntar que fue “una decisión unilateral, inconstitucional y que toca el bolsillo de las provincias”.