La semana pasada, en la Legislatura, hubo una acalorada discusión por el convenio entre la provincia y la AFIP para la regularización de deuda del régimen especial –se aplica a nivel nacional- que favorece a funcionarios del Poder Judicial. Tras el cruce habitual de “tirios” y “troyanos”, el oficialismo votó la aprobación y, a partir de este hecho, viene la curiosidad política. Los representantes de la UCR, el partido que conformó a partir de 1991 el ciento por ciento de la Justicia tras la “limpieza general” que había llevado adelante la Intervención Federal, se pronunciaron en contra de que los beneficiarios de su existencia real se vean favorecidos por el “puente de plata” que, a favor de su jubilación, les tiende el Gobierno. Así escuchamos voces destempladas como la de Víctor “El Gato” Luna, que acusó al gobierno de “aprobar otro privilegio” y se preguntó, con margen de razón, ¿por qué los magistrados se pueden jubilar con 60 años y todos nosotros tenemos que hacerlo con 65? o ¿por qué este régimen especial es para jueces y fiscales y no para los empleados del Poder Judicial?

Mucho más mordaz fue Hugo “El Grillo” Ávila que, independiente de su candidatura a gobernador por Consenso Federal, se posiciona en contra de todo lo que se relacione con la administración de Lucía Corpacci o Raúl Jalil. Para el exintendente de Tinogasta “se busca cubrir los espacios vacíos”, lo que en buen criollo sería poner jueces de relación cercana con el gobierno, situación que todavía no ha ocurrido o no ha quedado demostrado a través de fallos. Como era inevitable, desde las bancas del oficialismo surgió el descrédito contra esas opiniones. Augusto Barros defendió el convenio y expresó que, de ninguna forma, “significa que estamos corriendo a los jueces”. En verdad, más de 30 magistrados apuran el retiro y celebran hacerlo en las mejores condiciones, aunque Barros aportó una perlita al debate: “Algunos no se quieren ir”. Un saludo evidente para José “Pepe” Cáceres y Amelia Sesto de Leiva, que están a tiro de juicio político y, en el caso del chacarero, resiste con obstinación. A propósito de los “saludos”, como Luna proclamó la instauración de un privilegio, su correligionaria Analía Brizuela, sin nombrarlo, como al pasar, se preguntó si “no es un privilegio para muchos estar 20 años en un cargo legislativo”. Si Luna quiere opinar sobre el tema, gratuitamente, ofrecemos el espacio.

Quien, desde afuera, se prendió al duelo legislativo fue Cáceres, el ministro de la Corte de Justicia que, en lugar de dedicarse a las funciones específicas, parece destinar todo su tiempo a analizar el pedido de juicio político que establecieron en su contra y que debe tratar la cámara de Diputados. Por ello dijo que el tratamiento del convenio para jueces y magistrados en realidad lo favorece, en orden a que existen jueces jubilados y que sobrepasaron los 65 años de edad, lo que está reprimido por el artículo 195 de la Constitución provincial. Sobre esto, necesariamente, hay que hacer aclaraciones. Tiene razón Cáceres de afirmar que hay jubilados en funciones. Los hay en los tres poderes del Estado, pero el juicio político se lo hicieron a él, por ser jubilado de “pantalones cortos” y por haber participado de una maniobra impropia de un juez para burlar la letra del artículo 195. El Procurador Lilljedhal, promediando la década pasada, presentó un recurso de inconstitucionalidad de ese artículo por haber llegado a los 65 años, límite para ejercer. Fueron Cáceres y Sesto de Leiva quienes se lo resolvieron a favor. Al poco tiempo, Lilljedhal resolvió un pedido similar a Cáceres y Sesto de Leiva cuando debía excusarse. Esto, en el barrio, se llama trampa y eso, más allá de las circunstancias de legalidad, lo deben hacer público la cámara de Diputados y los medios de comunicación. Algo de esto, en la misma sesión del pasado miércoles, indicó el diputado Maxi Rivera: “¿La falta de apego al artículo 195 de la Constitución no es un privilegio? ¡Vaya si lo es!

Al parecer, la última reunión del radicalismo con sectores de la alianza “Juntos por el Cambio”, no tuvo más efectos que la foto. Decimos esto porque, casi groseramente, se nota que no existe uniformidad de campaña para las elecciones que, dentro de 60 días, definirán el futuro de Catamarca. Bien Gómez, que se reunió con el diputado Mario Negri y alentó a cambiar los resultados del 11 de agosto. Bien Fama al proclamar que la batalla no está perdida. Todo bien, pero estas consignas se contradicen con la posición de la mayoría de los intendentes radicales que, tal cual lo dicen en sus respectivas jurisdicciones, se despegan del presidente Macri (sus niveles de imagen en la provincia están muy lejos de los que observaba antes de las elecciones de 2015 y 2017) y hasta de la conducción provincial. Preparan una boleta de votación que los favorezca, en atención a que son ellos los que ponen el cuero. Más claro: van a alentar el corte de boleta en la medida que los voten. Es que, aparte de las coordenadas negativas, los recientes anuncios de la Casa Rosada los van a perjudicar económicamente por los recortes de coparticipación. Como para decir, cerca ya de una conclusión, que pegarse por largo tiempo al gobierno nacional fue un error gravísimo. Un consuelo: el fenómeno de descrédito sucedió en todo el país.

Ya se conocen las fechas para el debate presidencial, impuesto por ley desde 2015. El primero de ellos será el 13 de octubre en la Universidad del Litoral (Santa Fe) y, siete días más tarde, el segundo en la Universidad de Buenos Aires. Aparte de Mauricio Macri y Alberto Fernández, serán de la partida José Luis Espert, Gómez Centurión y Nicolás del Caño. La propuesta atrae porque será prácticamente el último acto de campaña y, según los expertos, se jugarán en ella cuatro o cinco puntos de intención de voto. Aparte, juega a favor del interés público el pleito que en el mismo marco sostuvieron hace cuatro años el actual presidente con el excandidato Daniel Scioli. Fue cuando se dijeron muchas cosas que fueron motivo de debate en los años siguientes y llegan a nuestros días. También hubo un rumor de hacer debatir a los candidatos a vicepresidente, pero inmediatamente fue desvirtuado por los voceros de Cristina Kirchner.

La reunión entre el candidato a gobernador, Raúl Jalil y la postulante a la intendencia de Valle Viejo, Susana Zenteno, marca indudablemente un rumbo en el camino a las elecciones. El resultado de las PASO, como se sabe, no dejó bien parado a Gustavo “El Gallo” Jalile y entonces corre peligro el invicto electoral que mantiene desde 1983. A pesar de haber sido el candidato más votado el 11 de agosto (no tuvo necesidad de superar ninguna interna), la unidad del peronismo chacarero que está gestando el aspirante a gobernador y la propia gobernadora de la provincia, tornan incierto el resultado final. Aparte, aunque poco conocida, Zenteno tiene una imagen casi impoluta y no existen prácticamente elementos para cargar sobre su figura. En esa dirección, hace pocos días, Zamira Jalile, candidata a senadora provincial en segundo término, salió a “pegarle” por el supuesto reparto de dádivas, pero la avanzada habría tenido pocos efectos. 

La elección de Valle Viejo, por lo pronto indefinida, tuvo un condimento no esperado. Así como a Macri, sobre la hora, “le corrieron el arco”, a Gustavo Jalile le ocurrió algo parecido. Aquel quería como rival a Cristina Kirchner y en el caso del caudillo catamarqueño esperaba como “antagonista preferida” a la diputada provincial y exintendente, Natalia Soria. Sobre la hora, ésta última dejó la postulación para Alberto “Abeto” Barrionuevo, a quien los analistas consideran con mayores flancos para castigar que a Zenteno, una docente que pocos conocían pasando el curso del Río del Valle. En definitiva, “El Gallo” tuvo hace 16 días una cosecha de unos 6.000 votos y fue candidato único de “Juntos por el Cambio”. Estaría necesitando sumar unos 1.500 sufragios en octubre para asegurarse la reelección. Solo los puede conseguir de los votos en blanco, de aquellos que no fueron a votar o de sectores peronistas. Apuesta difícil, nunca imposible para el inoxidable Jalile.

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el último bloque incluimos los hechos del pasado.
El 23 de agosto de 1994, en la ciudad de Santa Fe, se juraba la nueva Carta Magna de la República Argentina. Lo hacía el expresidente, Carlos Saúl Menem; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Levene y los 305 convencionales de todo el país, entre los que estaban los catamarqueños Ricardo Guzmán, Simón Hernández, Marita Colombo, Augusto César Acuña, Pilar Kent de Saadi, Héctor Díaz Giménez y Ricardo Diego María Moreno. Aquel hecho de hace 25 años es histórico. Primero porque se trata de la Constitución Nacional que nos rige hasta nuestros días. Permitió además, por primera vez en la historia, que un presidente (Menem, en 1995) fuera reelegido por una única vez. También instauró un tercer senador por provincia, la figura del Jefe de Gabinete de Ministros, la instauración de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y numerosas variantes en el sistema judicial.

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