La última sesión en la cámara de Diputados tuvo como eje de las polémicas la situación de Icaño (La Paz), a partir de un proyecto del diputado opositor Luis Lobo Vergara, quien presentó una iniciativa para repudiar a “las autoridades del Concejo Deliberante de Icaño” por ser “los responsables y ejecutores de la violencia institucional, laboral en la expulsión arbitraria y discriminatoria por motivos ideológicos y políticos del concejal Gustavo Mauricio Villalba”. Más allá de la iniciativa en cuestión, el legislador opositor abrió un debate que se extendió luego de completado el orden del día.

Lobo Vergara expresó su “preocupación” por lo que a su criterio “significa el atropello a las instituciones y a nuestro sistema de gobierno, donde el CD de Icaño expulsó a un concejal de nuestra alianza porque tuvo la osadía de pedir un informe al municipio y afectó a un pariente, el presidente del CD”. 

“Más allá que están las instancias judiciales, creo que sería bueno que tome cartas en el asunto la Gobernadora y, por qué no el candidato a gobernador por el oficialismo, para llegar al orden”, agregó para insistir en que “en una sesión plagada de irregularidades se dispuso la expulsión, mandando una carta documento: es peligroso lo que está pasando. Como hombres de la democracia no podemos tener otra actitud que repudiar estas conductas antidemocráticas y ojalá que la justicia sea lo suficientemente rápida para devolver a ese Concejo Deliberante la representación que el pueblo le dio a Villalba”. 

Francisco Monti adhirió al repudio formulado por Lobo Vergara y respaldó su postura al indicar: “No nos estamos llevando por versiones, hay una ordenanza promulgada por el Ejecutivo Municipal, donde se dispone la expulsión del concejal Gustavo Villalba aduciendo supuesta grave inconducta funcional”. 

“Este atropello que sufrió el CD de Icaño demuestra una forma de ejercer el poder con sesgos patoteriles y tiene que ser repudiado, no puede el arco político de esta institución silenciar actos como este”.  

Posteriormente, la oficialista Cecilia Guerrero recordó que “la constitución consagra el principio de autonomía de los municipios, en consecuencia, son los organismos previstos constitucionalmente donde se dividen la funciones del Estado Municipal los encargados de resolver las cuestiones que le atañen”.

“Para cuando un miembro de un Gobierno Municipal, sea el municipio que sea, se siente avasallado o entiende que un instrumento legal lesiona sus derechos se prevé constitucionalmente cuáles son los mecanismos para hacer valer sus derechos”.
“Coincidimos con el anhelo de que la Justicia resuelva prontamente porque desde el peronismo sufrimos la persecución y la separación del cargo de intendentes municipales cuando no éramos gobierno”, apuntó Guerrero.

“Coincidimos que se debe profundizar en la consolidación del Estado de derecho, uno que también es vilipendiado cuando desde representaciones institucionales se utiliza la fuerza de la mentira para denostar al adversario, campañas sucias para obtener un resultado que se les negó” en las urnas.  

Marita Colombo le respondió más tarde al cuestionar “el esfuerzo del oficialismo en esta cámara por proyectar culpas propias en un adversario político no los exime de lo que es evidente: la responsabilidad exclusiva y excluyente de los concejales oficialistas de Icaño en la destitución arbitraria de un edil opositor. Podemos hablar de lo que quieran pero acá hay un hecho objetivo. No se puede invocar la autonomía municipal para blanquear o pretender aislar la conducta antidemocrática que mostraron los concejales oficialistas de Icaño cooptados por el titular del Ejecutivo Municipal. No invoquen la autonomía municipal para legitimar cualquier cosa y evitar pronunciamientos incómodos, acá hay un hecho aberrante”.

Guerrero cerró la discusión al sostener que “será en definitiva, con relación a los cuestionamientos que se hicieron sobre la autoridad municipal de Icaño, los ciudadanos quienes decidirán a través del voto si ratifican a las autoridades legítimamente constituidas”.