La Asamblea Extraordinaria convocada por la Caja Forense de Catamarca, con el quórum legal de afiliados e integrantes del Colegio de Abogados, y en el marco del orden del día fijado en una Asamblea Anterior, por abrumadora mayoría y con solo dos votos infundados en contra y tres abstenciones de los integrantes del Consejo Directivo, resolvió declarar que la Ley 2789 desde su promulgación a la fecha, no cumplió nunca con el objetivo previsional fijado, por lo cual se solicitará a la Legislatura la formal y definitiva disolución de la entidad.

Esta situación, adelantada en la edición de ayer de El Esquiú.com, es el corolario de una serie de fuertes cuestionamientos y críticas al accionar de la Caja, situación que llevó a sus propios asambleístas a tomar esta compleja decisión.
A través de un escrito, firmado por José Furque y Mario Soler, se resumió el espíritu de la votación.

El documento señala por ejemplo que en lugar de cumplir con los objetivos establecidos al momento de su creación, la Caja Forense se se limitó “a imponer un saqueo compulsivo del 10 y 20 por ciento, según se trate de un proceso común u ordinario o de un sucesorio, sobre los honorarios profesionales regulados, además, del bono como aporte compulsivo fijo, por cada trámite iniciado, aunque se trate del pedido de un fotocopia certificada, para un trámite administrativo, para un indigente”.

“Se demostró por manifestaciones de todos los abogados presentes, que Ley 2789, además de constituir una verdadera expoliación, representa un instrumento obstaculizador del regular y normal ejercicio profesional y del derecho de defensa en juicio, ya que se exige el bono compulsivo hasta en materia penal y en amparos, procesos en los que por su naturaleza deben estar exentos de este tipo de exigencias y aportes; llegándose al extremo aberrante de que los Sres. Jueces y Fiscales no dan curso a presentación alguna hasta tanto no se cumpla con este inconstitucional y abusivo aporte; ni se extienden hijuelas ni copias de Sentencias si previamente no se cumple con el depósito del porcentaje fijado en el art. 4°) de aquella ley, aun cuando no estuvieran regulados los honorarios de los profesionales intervinientes”, se detalla.

“Todo esto agravado, porque nunca supimos –quedo demostrado en la misma Asamblea- en qué se utilizan los fondos que se vienen recaudando desde hace más de cuarenta (40) años, cuando la aludida ‘caja previsional’ nunca otorgó una sola jubilación, ni una sola pensión”, se añade.

Por último se indica que “de esta forma se termina con un organismo profesional que solo servía para expoliar y entorpecer el servicio de justicia y el derecho de defensa de los justiciables, por el criterio abusivo, ilegal e inconstitucional de nuestro jueces, que conocían perfectamen te de la mentira y engaño que significa la ‘Caja Forense’ y sin embargo exigían el cumplimiento de esos aportes constitucionalmente lesivos, cuando de oficio debieron hace muchos años declarar la inconstitucionalidad de dicha norma”.