El Secretario

lunes, 23 de septiembre de 2019 00:23
lunes, 23 de septiembre de 2019 00:23

El pedido de juicio político contra dos miembros de la Corte –José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva- sigue transitando por los escabrosos caminos de la Justicia. A pesar que el tema cuenta con despachos de comisión de mayoría y minoría, la expedición de la Cámara de Diputados está demorada por razones atendibles. Semejante cuestión institucional, por mínima lógica, no puede ser abordada en medio de la campaña política. Hacerlo sería politizar al máximo la discusión y no analizar, paso a paso, si los pedidos de apartamiento de los altos magistrados tienen o no asidero.
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Sin embargo, uno de los dos cuestionados –Cáceres- pareciera no contener sus ansiedades y reclama, desde hace meses, que se defina su posición pública. Ya en tiempos del receso legislativo cargó contra los diputados y poco menos que los trató de vagos por no interrumpir la inactividad para liquidar el tema de su interés. Sin contemplar la lucha política, que la más de las veces no tiene límites, presentó una acción de amparo por omisión ante la propia Corte que integra para que, sin más trámite, exija el tratamiento legislativo.
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Por esta presentación de Cáceres, y a raíz de la inhibición de la totalidad de los miembros de la Corte –excepción de Figueroa Vicario-, fueron sorteados tres jueces inferiores para integrar el tribunal. Ellos son Marcos Augusto Herrera, Alejandra Azar y Manuel de Jesús Herrera que aceptarían tratar la delicada cuestión, aunque su pronunciamiento prácticamente no tendría efectos prácticos. Decimos esto por los tiempos políticos. Todavía no está integrada la Corte alternativa y cuando salga un pronunciamiento, si es que sale, en la Legislatura se medirán los momentos adecuados para analizar los despachos recomendados por el peronismo y el radicalismo. Por  ello, conforme a fuentes seguras, cuando menos, esos despachos bajarán al recinto después del 27 de octubre, una vez que se hayan apagado los fuegos electorales. Obviamente, para la aprobación del juicio, que debería llevar adelante el Senado, se necesita mayoría calificada.
El Esquiú.com
 

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