Hace una semana, a propósito del aumento de las dietas por parte del intendente y los funcionarios de la Municipalidad de Andalgalá, se produjo un escándalo político que “sí o sí” va a tener sus consecuencias en el tiempo.

La actual titular del Concejo Deliberante, Laura Atencio –peronista ella-, prendió una mecha imposible de desactivar. Dijo que el cuerpo trató el tema de los aumentos solicitados por el intendente Córdoba y con ello, exceptuando a los propios concejales por falta de presupuesto, terminó de blanquear lo que para ella era “moneda corriente”. Esto es, que Páez y los funcionarios que lo acompañaron en los últimos ocho años (incluido Eduardo Córdoba) no cobraban 30.000 pesos como figura en los papeles, sino montos superiores que tienen que ver con el crecimiento patrimonial que pueden observar todos los andalgalenses. Anótense en esta dirección suntuosas construcciones, vehículos, estándar de vida, etc. No sólo de los funcionarios, sino de algunos exconcejales y uno en especial, precisamente el socio predilecto de Páez.

Atencio, que no forma parte de la mayoría legislativa (de los siete concejales, cuatro llegaron por las listas radicales), graficó que los cobros ilegales se hacían “por debajo de la mesa” y eso es lo que blanquearon estos días al aprobar el proyecto que llevó el sueldo de Córdoba a los 100.000 pesos, aunque por la presión popular debió bajarlo a 60.000.

En la comunidad política y, especialmente en los barrios, estas cosas se llaman coimas, cometas, comisiones y cuanta ocurrencia sale del ideario popular.

La UCR comprometida    
El barullo andalgalense repercutió en todos los estratos de su sociedad y amenaza con agravarse, porque si de prebendas se trata, todos quieren prebendas. Anotemos: los empleados públicos que ganan sueldos miserables y creían que el intendente Páez percibía miserias; los precarizados que, en la “Perla del Oeste”, se adjudican derechos para ascender en las escalas social y laboral y los desocupados que, aun silenciosos, hacen fila después del cierre de la Alumbrera. A ellos hay que agregar el sector privado que pretende respuestas para establecer condiciones mínimas de desarrollo.
Todo este compendio de lamentos, obviamente, se proyecta hacia la política provincial y son muy pocos los que ven con buenos ojos a personajes como Alejandro Páez que, hay aclararlo, no era un triste intendente del Oeste provincial. Por encima de ese cargo, era y es el presidente del comité provincial de la Unión Cívica Radical, el principal partido de oposición que hunde sus raíces doctrinarias en la ética y moral.

¿Los miles y miles de afiliados radicales, esparcidos en todo el territorio provincial, aceptan con buen talante que su conductor estuviere cobrando, por años, dineros mal habidos o, cuando menos, ilegales?
Suponemos que no. Por el contrario, prontamente estas miserias republicanas saldrán a la luz y pondrán las cosas en su lugar. No sólo que Páez, frente a la sospecha, debería renunciar, sino que la orgánica partidaria o la convención deberían expulsarlo, de la misma forma que expulsó a otros afiliados por conductas menos importantes que las que comentamos en este espacio en el que aludimos nada menos que al presidente de la UCR.

El recuerdo del ‘88
A propósito de Páez, presidente del comité provincial. Gabino Herrera -fallecido el año pasado-, que también era presidente de la UCR y había sido elegido por el grueso de los afiliados, fue expulsado por una convención castillista en 1988. Había votado, en su calidad de diputado, la necesidad de la reforma constitucional junto a otros cinco correligionarios para favorecer los planes saadistas.

Para los radicales de finales de la década del 80, lo de Herrera fue pecado capital y merecía el repudio generalizado de la población. Para los de la actualidad, muchos de los cuales son los mismos de hace 32 años, lo de Páez es pura nimiedad. O una estupidez, como calificó El Ancasti este hecho tratando de hacer un reduccionismo que no vaya a perjudicar a quien es el responsable excluyente del partido, el senador Oscar Castillo, la persona que dispuso que el andalgalense ocupase semejante representación. De hecho, en sus crónicas y títulos, se refirió al intendente Páez y no al presidente de la UCR.
“La estupidez”, como calificó el diario los hechos de Andalgalá, no fue tomada como tal por el noble pueblo del oeste. Allí se juegan otros intereses como para creer que un intendente podía vivir, pomposamente, con un sueldo de $30.000 o un concejal con $20.000, es decir unos pesos más que la mínima de un jubilado.

¡Esto último es el problema! Los que decían que ganaban poco y no lo que seguramente les correspondía, en orden a sus altas responsabilidades. Si hubiese ocurrido esto último, posiblemente, habrían podido justificar su nivel de vida y no como ahora que, lamentablemente, no puede salir a desmentir los crudos dichos de Laura Atencio. Y ya sabemos lo que, atendiendo aquello del que “calla, otorga”, esto significa. Quienes sí se desligaron del escándalo fueron funcionarios de rango menor -algún director o encargado de una dependencia- que pueden demostrar que no coparticiparon de ninguna repartija.

La licencia social minera
La bomba política que disparó “la aclaración” de la presidenta del Concejo Deliberante de Andalgalá, como no puede ser de otra manera, indirectamente roza la cuestión minera y el debate que gira alrededor de ella.

Con insistencia, el mismo diario que considera que “cobrar por debajo de la mesa” -o sea cometear, conforme a la jerga política-  es una “estupidez”, solitariamente sostiene que en Andalgalá falta la licencia social para desarrollar proyectos mineros como Agua Rica. Se trata de una falacia más grande que los cerros que circundan el valle de Catamarca. Los que despilfarraron el dinero a manos llenas fueron dos intendentes José Eduardo Perea y el hoy diputado provincial Alejandro Páez (el antecesor de estos pícaros, Felicia, no dispuso de grandes sumas provenientes de la minería), quien acaba de ser presentado en correspondencia con sus dotes republicanas. De aquél otro mejor no hablar. Hasta buscó financiarse su lanzamiento a nivel provincial con la plata de las regalías. De Páez también está todo dicho. Deja fundido el municipio y en mayo se presentará, con traje de diputado, tratando de disimular su perfil de ventajista avezado.

En Andalgalá hubo estos años minería con controles ambientales. Por ella, que nadie se engañe, se dio ocupación a un pedazo grande de la población, trabajaron los proveedores, se construyeron escuelas y un hospital. Hoy se brega en mejorar el sistema de provisión de agua. ¿Cómo que no hay licencia social? ¿Por dos personajes que hicieron desmanes desde la función pública se puede llegar a semejante conclusión? ¡Andalgalenses, es hora de aplicar el condigno castigo a sus malos gobernantes y analizar a fondo lo que se informa día a día!

El Esquiú.com