En varios municipios, tras la asunción en diciembre de las nuevas autoridades, hubo interferencias graves. Las voces de alarma tuvieron que ver con los nombramientos a raudales que realizaron los jefes comunales después de perder las elecciones. En ciudades como Recreo, Andalgalá y Valle Viejo, aun hoy, la situación no se ha normalizado y las acusaciones más duras recaen sobre exmandatarios radicales, como son los casos de Roberto Herrera, Gustavo Jalile y Alejandro Páez. Sus reemplazantes, a viva voz, señalan que afrontan graves desequilibrios presupuestarios y, de hecho, hubo demoras para materializar el pago de sueldos. Paralelamente, no se avizoran soluciones mágicas, por lo que se esperan tensiones para lo que resta del verano.

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De los distintos casos, el más preocupante sería el de Valle Viejo. Las actuales autoridades, en cabeza de su Secretario de Gobierno –el abogado Rolando Contreras- han anunciado que las irregularidades detectadas quedarán judicializadas apenas reabra sus puertas el Poder Judicial. Los cargos principales, obviamente, recaerían sobre el exintendente Gustavo “El Gallo” Jalile, a quien denunciarían de vaciamiento (faltarían útiles y mobiliario) y haber producido nombramientos que afectaron el funcionamiento de la Municipalidad en cuestiones básicas. Es que con una plantilla cercana a las 1.400 personas –si esto es cierto estaríamos frente a un despropósito descomunal- se debería emplear el 96% de los activos para pagar solamente salarios. La denuncia penal contra el caudillo radical, cabe destacarlo, se sumaría a otra que, por el uso indebido de regalías mineras, duerme el suyo el sueño de los justos en una Justicia acostumbrada a tapar el accionar incorrecto de políticos y empresarios.

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El antecedente nefasto de nombrar empleados y dejarle “el problema” al sucesor lo puso en marcha Brizuela del Moral, nada menos que un exgobernador. Cundió entonces el mal ejemplo y, cuando han pasado más de ocho años de entonces, nadie le pone “el cascabel al gato”. De alguna forma, por la vía legal, habría que terminar con el poder omnímodo que emana de la autonomía municipal que consagra la Constitución.
El Esquiú